Cinco años en política es mucho tiempo y, directamente, puede ser una eternidad en una época de alta intensidad y de aceleración de cambios como es el lustro transcurrido desde el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017. Solo hace falta repasar los nombres de los principales responsables políticos de aquellos hechos, tanto en Catalunya como en el Estado, para comprobar cómo son muy pocos los que siguen en primera línea institucional. Evidentemente en el caso de los dirigentes independentistas la represión del Estado ha tenido un papel clave en el relevo de cargos, pero también a nivel español existe un volumen destacado de líderes políticos de ese momento que, por razones diversas, han desaparecido de la primera línea. Repasamos lo que se ha hecho de todos ellos.

Los miembros del Govern: entre el exilio, los partidos y la actividad privada

El 2 de noviembre de ese 2017, todo el Govern se repartía entre la cárcel y el exilio belga. Cinco años después, la situación ha cambiado y ya no queda ningún dirigente entre rejas tras el indulto de junio de 2021, pero hay varios, como el entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que siguen sin poder pisar Catalunya si no quieren someterse a una más que probable detención.

Puigdemont, y quienes eran los consellers de Salut (Toni Comín), Ensenyament (Clara Ponsatí) i Cultura (Lluís Puig) son los que se han mantenido en el exilio. Los cuatro tienen cargos en el Consell per la República -Puigdemont lo preside, Comín es el vicepresidente, Puig el responsable de Acción Cultural y Ponsatí miembro de la asamblea de representantes-.

Además, Puigdemont, Comín y Ponsatí son diputados de Junts per Catalunya en el Parlamento Europeo. El pasado junio, Puigdemont dejó la presidencia del partido que impulsó, para centrarse precisamente en la labor del Consell per la República, un organismo que no ha logrado ni mucho menos alcanzar una amplia representación del independentismo, como pretendía. Desde hace cinco años, Puigdemont, Comín y Puig residen en Bélgica, mientras que Ponsatí lo hace en Escocia, donde tenía plaza como catedrática de Economía de la Universidad de St. Andrews.

El 2 de noviembre de 2017, ingresaron en prisión Oriol Junqueras, que hasta que fue cesado por el artículo 155 era el vicepresidente de la Generalitat y el conseller de Economía; y los consellers Raül Romeva (Exteriores), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Dolors Bassa (Bienestar, Trabajo y Familia), Joaquim Forn (Interior), Carles Mundó (Justicia), Meritxell Borràs (Gobernación) y Santi Villa (Empresa). Vila saldría de la cárcel al día siguiente y no volvería a entrar, mientras que Mundó y Borràs lo harían el 4 de diciembre para no ser encerrados de nuevo, cosa que no pasaría con Romeva, Rull y Turull, mientras que Junqueras y Forn no salieron de ella hasta el indulto.

Todos ellos fueron condenados por el Tribunal Supremo en el juicio al Procés. En concreto, a Junqueras le cayeron 13 años de cárcel e inhabilitación; a Romeva, Turull y Bassa, 12 años de prisión e inhabilitación a cada uno; a Forn y Rull, 10 años y medio de prisión e inhabilitación también a cada uno. Todos los que siguieron encarcelados fueron condenados por sedición y recibieron un indulto parcial el pasado año que les permitió salir de ella el 23 de junio, sin que se les levantara la inhabilitación. Mundó, Bassa y Vila recibieron una pena de 20 meses de inhabilitación por desobediencia y una multa de 10 meses.

A día de hoy, Junqueras se mantiene como presidente de ERC, cargo que desempeña desde hace 11 años, pero sigue sin poder ocupar un cargo público; Romeva es el vicesecretario general de Prospectiva y Agenda 2030 de la formación y también se dedica a escribir libros; Bassa es copresidenta de la asamblea de Mujeres de ERC y también trabaja como técnica en la Fundació Josep Irla, vinculada al partido; Jordi Turull se mantiene en primera línea política y desde junio es el secretario general de Junts per Catalunya; Josep Rull se ha apartado bastante de la primera línea y ejerce de director de Compromís Verd de la Mutua de Terrassa; y Joaquim Forn hace de abogado en el gabinete jurídico de Mediapro y es miembro de la junta de Òmnium Cultural.

Serret, la única diputada

En cuanto a quienes no fueron condenados a prisión por el Supremo, Santi Vila es desde 2018 el director general de Aigües de Banyoles; Carles Mundó ha regresado también al sector privado, donde ejerce de abogado; y después de superar el período de inhabilitación, Meritxell Borràs es desde febrero la directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Antes había sido coordinadora de Políticas Corporativas de la Universitat de Vic.

Un caso particular es el de Meritxell Serret, que se exilió en Bruselas y desde allí ejerció de delegada del Govern ante la UE entre junio de 2018 y marzo de 2021. El día 11 de ese mes va trasladarse a Madrid, donde se personó ante el Tribunal Supremo, de donde salió en libertad. Actualmente diputada de ERC en el Parlament, está pendiente de ser juzgada por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde la Fiscalía le pide una condena de 12 meses de inhabilitación.

Fuera del Govern, pero también condenados por sedición por el Supremo, se encuentran los casos de Carme Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que también fueron indultados parcialmente en junio del año pasado. Forcadell era la presidenta del Parlament durante el 1-O y recibió una pena de 11 años y medio de prisión y de inhabilitación. Jubilada a nivel laboral, copreside con Dolors Bassa la Asamblea de Mujeres de ERC y está en la ejecutiva de la Plataforma per la Llengua. Cuixart y Sànchez, que estaban entonces al frente de Òmnium Cultural y la ANC, respectivamente, fueron condenados a nueve años de cárcel. El primero dejó la presidencia de Òmnium en febrero y desde julio se ha establecido en Suiza, mientras que Sánchez dirige la fundación de la Crida Nacional per la República, tras dejar en junio la secretaría general de Junts.

Los líderes en el Parlament: solo sigue Carrizosa

El proceso de cambios no afecta únicamente a los miembros del Govern del 2017 y a los máximos responsables de las dos grandes entidades independentistas, sino también a buena parte de los partidos. En ese momento se vivían las últimas semanas de existencia de Junts pel Sí, la coalición electoral integrada por la antigua CDC y ERC. El 1 de octubre el presidente del grupo parlamentario era Lluís Maria Corominas, que en julio había relevado a Jordi Turull después de que éste fuera nombrado conseller de la Presidencia.

Histórico hombre de partido -fue alcalde de Castellar del Vallès durante 12 años y diputado en el Parlament durante 15-, fue condenado por el TSJC a 20 meses de inhabilitación por desobediencia al Tribunal Constitucional como miembro de la mesa del Parlament en aquella. Fuera de la primera línea política, actualmente forma parte de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat y es el director de Fundació Transparència y Bon Govern, que depende de la Associació Catalana de Municipis (ACM).

La portavoz de Junts pel Sí era Marta Rovira, que este septiembre ha cumplido 11 años como secretaria general de ERC, donde durante todo este tiempo ha formado tándem con Oriol Junqueras al frente del partido. Exiliada en Suiza desde marzo de 2018, ahora mismo no existe una orden de detención en su contra, pero se da por hecho que sería detenida si pisara territorio español, donde sería juzgada y, probablemente, podría enfrentarse a una condena por sedición, como la que recibieron Junqueras, Romeva y otros miembros del Govern.

La otra formación independentista con presencia en el Parlament en aquella legislatura era la CUP, que tenía como líderes en la cámara a Mireia Boya -presidenta del grupo- y Anna Gabriel -portavoz-. Boya dejó el partido en julio, tras lamentar la gestión que se había hecho del caso de violencia machista que había denunciado. En octubre de 2020 había quedado absuelta de un delito de desobediencia por su participación en el Procés
Esta acusación es la que podría tener que afrontar Gabriel en un posible juicio. Tras exiliarse en Suiza en febrero del 2018, Gabriel se personó en el Tribunal Supremo en julio y declaró ante el juez Llarena hace apenas un par de semanas, saliendo en libertad.

La oposición en el Parlament estaba liderada por Ciudadanos. El partido ultranacionalista ganaría las elecciones que se harían el 21 de diciembre de ese 2017 -convocadas bajo la aplicación del artículo 155-, pero sus tiempos dulces acabarían dos años después, a raíz del hundimiento sufrido en los comicios a las Cortes generales. Pasar de 57 a 10 diputados en el Congreso comportó la renuncia de quien era su presidente desde el inicio, Albert Rivera, que fue sustituido por una Inés Arrimadas que en otoño del 2017 encabezaba la formación en Catalunya.

Arrimadas no ha revertido la situación de un partido que avanza hacia la desintegración tras encadenar pésimos resultados en las últimas citas con las urnas. En el Parlament su líder es Carlos Carrizosa, que en 2017 era el portavoz del grupo en la cámara. Ahora solo cuenta con seis diputados -la pasada legislatura tenía 36 y el 1-O de 2017, 25- y las encuestas en ningún caso le garantizan la continuidad en el Parlament una vez se celebren nuevos comicios.

Muy distinta es la situación del PSC, que ha pasado de los peores momentos de su historia a ser el primer grupo del Parlament con 33 diputados, los mismos que ERC. Su primer secretario del 2017 y líder en la cámara catalana, Miquel Iceta, fue relevado por Salvador Illa, primero como cabeza de lista en los comicios catalanes de febrero del 2021 y después como máximo dirigente de la formación. Iceta, a su vez, es el ministro de Cultura y Deportes desde julio del pasado año, tras pasar seis meses como ministro de Política Territorial y Función Pública. La portavoz parlamentaria del partido era Eva Granados, que en la actualidad es senadora.

Están fuera de la primera línea política los entonces líderes del grupo parlamentario de Catalunya Sí que es Pot -que posteriormente sería sustituido por En Comú Podem-, Lluís Rabell y Joan Coscubiela. Ninguno de los dos ha tenido un papel relevante en los Comuns. Proveniente del activismo vecinal, Rabell se ha ido alejando de la izquierda y actualmente órbita en torno al PSC y es vicepresidente de dos organizaciones cercanas al partido, como son Federalistes d'Esquerres y Portes Obertes del Catalanismo. Coscubiela se convirtió en portavoz del grupo después de cuatro años como diputado de ICV en el Congreso y de una larga trayectoria sindical -entre 1995 y 2008 fue el secretario general de CCOO de Catalunya-. Actualmente es el director de la Escuela del Trabajo del sindicato a nivel estatal.

Por último, el líder del PP en Cataluña era Xavier García Albiol, que un año después sería relevado por Alejandro Fernández, tras los pésimos resultados en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, cuando el partido se quedó con sólo 4 diputados. García Albiol regresó a su feudo de Badalona, donde ganaría las elecciones de 2019, a pesar de quedarse fuera de una alcaldía que recuperaría en mayo de 2020, a raíz de la dimisión del socialista Álex Pastor.

Su aparición en los Papeles de Pandora, como beneficiario de una sociedad radicada en un paraíso fiscal, forzaría una moción de censura en su contra en noviembre del año pasado, que le dejaría fuera del cargo. Actualmente se prepara para un nuevo asalto a la alcaldía de cara a las elecciones municipales del próximo año.

Los dirigentes claves del PP, fuera de la política

La moción de censura contra Mariano Rajoy, que se aprobó el 1 de junio del 2018, es la principal razón que explica la desaparición de la primera línea política de los principales protagonistas estatales de ese momento. Retirado de la política, el entonces presidente español se reincorporó a su plaza como registrador de la propiedad. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, está también fuera de la política. Actualmente es miembro del Consejo de Estado y socia del bufete de abogados Cuatrecasas.

El ministro del Interior responsable de la represión contra los votantes del 1-O, Juan Ignacio Zoido, es diputado en el Parlamento Europeo. María Dolores de Cospedal, que era la ministra de Defensa y la secretaría general del PP, dejó también la política. Abogada de Estado, entre enero de 2020 y abril de este año pasó por el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Finalmente, el delegado del Gobierno en Catalunya ese día, Enric Millo, encontró cobijo en Andalucía, donde desde abril de 2019 ejerce como secretario de Acción Exterior de la Junta.

El 1 de octubre del 2017 el PSOE estaba ya liderado por Pedro Sánchez, que entonces no era diputado y que llegaría a la presidencia española nueve meses después, a raíz del éxito de la moción de censura contra Rajoy. La portavoz parlamentaria en el Congreso del partido era Margarita Robles, actual ministra de Defensa, mientras que a nivel orgánico el cargo clave lo ejercía José Luis Ábalos, secretario de Organización de la formación, posterior ministro de Transportes y actualmente solo diputado en el Congreso.

Tampoco está ya en política activa Pablo Iglesias, en ese momento diputado en el Congreso y secretario general de Podemos y posterior vicepresidente español. Abandonó el ejecutivo estatal en marzo del año pasado para encabezar la candidatura del partido a las elecciones a la Asamblea de Madrid. El 4 de mayo, a raíz de los malos resultados en las urnas, anunció que dejaba la política activa. Ahora mismo ejerce de comentarista y articulista en varios medios y es el responsable del podcast La Base, en Público.