Este jueves se iniciarán las negociaciones en el Gobierno para buscar, cuanto antes, una ampliación de la prohibición de los desahucios y la prórroga de los contratos de alquileres, después de la polémica surgida tras la presentación de una enmienda a los Presupuestos sobre esta materia presentada Unidas Podemos, junto con Bildu y ERC para abordar esta cuestión.

Aunque la enmienda fue rechazada, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, siempre se apostó por abordar este asunto en el marco del Gobierno y no dentro de la negociación presupuestaria, aunque no ha sido hasta después de la presentación de la enmienda cuando se ha encauzado esta cuestión.

Para ello, este jueves se reunirán el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado de la Agenda 2030, Ione Belarra, en un primer encuentro para plantear el marco de actuación y ver por qué vías dar respuesta a esta situación. A este encuentro seguirán reuniones de los equipos técnicos ministeriales para formular una propuesta.

Fuentes del Ministerio de Transportes reiteraron a Público que la voluntad es extender el real decreto que ampliaba hasta el 31 de enero los desahucios, al menos, hasta el final del estado de alarma, en mayo de 2021.

Pero, además, están abiertos a incorporar mejoras en este real decreto que den soluciones habitacionales más efectivas y que protejan mejor a las personas más vulnerables. En este sentido, las fuentes consultadas apuntan que se quiere implicar más directamente en la nueva normativa a ayuntamientos y comunidades autónomas, para poder ser más eficaz, sobre todo, en lo que se refiere al llamado "bono social".

Desde el Ministerio insisten en que la voluntad es buscar mejoras y que se negociará "con rigor, sin prisas, pero sin pausa". Y, en este sentido, apuntan que hay que garantizar la seguridad jurídica, pero buscando que las ayudas lleguen en el menor tiempo posible.

Unidas Podemos insiste en los cortes de suministros

La primera reunión para abordar esta materia llega casi un mes después de que la Vicepresidencia de Derechos Sociales, liderada por Pablo Iglesias, planteara una propuesta en el seno del Gobierno de coalición. En concreto, Unidas Podemos quiere que se extienda la prohibición de los desahucios, desligando los requisitos de vulnerabilidad de las consecuencias directas de la pandemia, a la vez que se plantea recuperar la prohibición de los cortes de suministros de agua y luz mientras dure el estado de alarma.

El Ejecutivo aprobó en marzo la suspensión de los desahucios para los hogares vulnerables sin alternativa habitacional hasta seis meses después de expirar la declaración del primer estado de alarma. También se aprobó en marzo una medida para garantizar el abastecimiento de los suministros básicos, prohibiendo los cortes de agua y luz (primero en el caso de las familias más vulnerables y después extendiendo la cobertura al conjunto de los hogares) mientras siguiera vigente el estado de alarma.

A finales de septiembre, se decidió ampliar la prohibición de los desahucios tras una negociación entre el PSOE y Unidas Podemos (en los mismos términos que en el decreto de marzo) hasta el 31 de enero; también se hizo lo propio en julio con la prohibición del corte de suministros, pero en este caso, hasta el 30 de septiembre, sin que tuviera lugar una nueva ampliación hasta enero; por lo que, desde esa fecha, la medida de los cortes de suministros no tiene vigencia.

Tras no iniciarse las negociaciones en el seno del Ejecutivo, la semana Unidas Podemos, de la mano de ERC y Bildu, presentó una enmienda a los Presupuestos de 2021, en tramitación en el Congreso. La iniciativa planteaba suspender los desahucios hasta diciembre de 2022 e impedir los cortes de luz, agua y gas durante el estado de alarma.

La enmienda causó malestar entre algunos dirigentes del PSOE y varios ministros acusaron a los de Iglesias de no entender la coordinación y unidad necesarias en un Gobierno de coalición. Los socialistas no quisieron apoyar la enmienda en la comisión de Presupuestos, pero desde Unidas Podemos y desde el resto de los partidos impulsores de la iniciativa se aseguró que lo importante no era la forma legal que tomara la medida, sino que se prohíban los desahucios cuanto antes.