MADRID- Más de 70 profesores de Historia de universidades españolas, pero también de Francia y Alemania, han firmado un manifiesto en el que piden la absolución de Cassandra Vera, la estudiante de 21 años a la que la fiscalía de la Audiencia Nacional pide dos años y media de cárcel por hacer tres chistes en Twitter sobre el atentado que acabó con la vida del almirante y presidente del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco.

Los argumentos de los profesores son claros: los tuits de la estudiante de Historia forman parte de la libertad de expresión y, además, hay decenas de bromas y comentarios sobre este hecho a lo largo de las últimas décadas, por lo que se puede decir que forman parte de la "memoria popular". 

"La libertad de expresión no puede ser coartada como lo viene siendo en el último periodo desde instancias gubernativas y judiciales. Este tipo de resoluciones judiciales resultan completamente extemporáneas, después de décadas en las que el suceso del atentado contra el presidente del Gobierno Carrero Blanco ha sido objeto de comentarios de todo tipo", señala el texto, al que ha tenido acceso Público. 

En este sentido, el manifiesto recoge, como ejemplos, el chiste retransmitido por televisión de los cómicos Tip y Coll en 1983 o, posteriormente, el reproducido por Juan Luis Cebrián en una novela. Los historiadores señalan que el hecho de que Carrero Blanco fuera la "figura principal de un régimen tiránico" y "previsible sucesor de Francisco Francisco" ha hecho que estos chistes y figuras satíricas relacionadas con el atentado hayan servido para "alimentar" la "memoria popular". "Se podrían recopilar decenas de comentarios públicos de carácter humorístico sobre aquel atentado, realizados desde hace décadas", prosigue el texto. 

Consecuencias para la estudiante

El texto lamenta, más allá de las obvias consecuencias para la calidad del Estado social y democrático de derecho que se derivan de esta imputación, las consecuencias personales que esta imputación puede tener para Cassandra Vera, que podría incluso verse obligado 

 "Aunque finalmente su caso se reconsiderarse y no se pidiera su ingreso en prisión, las consecuencias pueden ser devastadoras dado que su certificado de penales le impediría continuar colaborando en un proyecto social en Murcia en el que participa como voluntaria. También le dificultaría dedicarse a la enseñanza pública e incluso, dado que cursa estudios con una beca, podría verse obligada a abandonar la carrera de Historia", sentencia el manifiesto.