El proceso contra los políticos independentistas El Gobierno abre la posibilidad de que la Abogacía del Estado no acuse del delito de rebelión a los políticos independentistas

A pocos días de que se conozcan las calificaciones provisionales de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en el proceso contra los políticos independentistas catalanes, crece la posibilidad de que finalmente la Abogacía del Estado, al menos, pueda no plantear acusación por el delito de rebelión.

Algunas fuentes apuntan a que desde el Ministerio de Justicia se está estudiando la acusación sólo por sedición o, incluso, que limiten el escrito acusatorio sólo al delito de malversación de fondo públicos. La decisión, a día de hoy, no está tomada.

Lo cierto es que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, abrió esta posibilidad este jueves al precisar que la Abogacía del Estado no tiene todavía las calificaciones del juicio contra los líderes independentistas por el proces.

Calvo, además, incidió en que cualquier pronunciamiento que hiciera la Abogacía del Estado o la Fiscalía sería nuevo. "Cualquier pronunciamiento será el primero, no habrá cambio porque es el primero que conocemos" afirmó, para advertir que en ningún caso se podría hablar de una modificación de criterios.

La vicepresidenta, además, se refirió también a una posible  revisión del delito de rebelión, y defendió que todas las normas se deben adecuar a "las situaciones" en las que "en este momento nos movemos", dijo.

Calvo explico que "lo que podemos llamar golpe de estado, requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectadas con las armas" y, al ser preguntada si cabía lo mismo para el delito de rebelión, respondió que la rebelión es el "formato básicamente de ese tipo".

No obstante, la vicepresidenta ha precisado que todavía hay que esperar al 2 de noviembre, que se sigue trabajando en este caso, y que ella desconocía por completo qué decisión se va a adoptar.

Lo que no cabe duda es que si finalmente la Abogacía del Estado retira la acusación de rebelión se entenderá como un claro gesto político a los partidos independentistas, que han exigido al Gobierno la retirada de las acusaciones a sus dirigentes para sentarse a negociar los Presupuestos.

No obstante, aunque no se planteara la acusación de rebelión, si fuesen condenados por el resto de delitos que se apuntan en el auto de apertura de juicio, las penas rondarían los 20 años de cárcel.

Por eso, la duda estará si ese presunto gesto será suficiente para que ERC y PDECat se sienten a negociar con el Gobierno los Presupuestos del Estado, ya que sin el concurso de ambas formaciones políticas las cuentas públicas no podrán ser aprobadas.