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Hay enfermedades que forman parte de la vida en prisión. La hepatitis C, junto al VIH, sigue rondando en el mundo de las cárceles. Según datos oficiales de Instituciones Penitenciarias, la prevalencia de internos con anticuerpos del virus de la hepatitis C alcanzó en 2019 al 10,2% de la población carcelaria. En otro informe, el Gobierno señala que durante ese año se registraron, en total, 4.806 casos de reclusos que dieron positivo en los análisis.
Las cifras proporcionadas por el Ejecutivo figuran en la respuesta a una pregunta escrita formulada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien mediante 17 consultas concretas solicitaba información sobre la población reclusa con VIH, hepatitis C y tuberculosis.
La suma de los datos de cada prisión arroja esos 4.806 casos relacionados con el virus de la hepatitis C en 2019. En 2018 el número de infectados fue de 4.388, mientras que en 2017 ascendió a 6.348. El año más duro del periodo analizado fue 2016, con 6.805 casos. En 2015 hubo 5.954.
Los centros penitenciarios de Teixeiro (Galicia) y Palma de Mallorca registraron 282 y 247 infecciones. En 2017 la cárcel gallega superó incluso los 300 casos, mientras que la prisión mallorquina también se ha movido en cifras similares a lo largo de estos años. También aparecen datos similares en Villabona (Asturias), Puerto 3 (Andalucía) o Albocàsser (Valencia).
A la hora de establecer las causas, el Gobierno identifica "el uso de drogas inyectadas" como el "principal factor de riesgo entre la población reclusa para la infección por el virus de la hepatitis C" a diferencia de la población general, "donde el principal factor de riesgo es la transmisión nosocomial (transfusiones sanguíneas, etc.)". A nivel de España se estima que existen 70 mil casos de hepatitis C.
En cualquier caso, fuentes de Instituciones Penitenciarias matizaron que se trata de casos de presos que presentan anticuerpos, lo cual no significa que sufran la enfermedad. Este asunto aparece abordado por las autoridades penitenciarias en otro informe reciente, en el que se establece que "la prevalencia de internos con anticuerpos antiVHC positivos" fue en 2019 "del 10,2% del total de la población ingresada".
El documento indica además que "la prevalencia de internos con carga viral VHC –quienes sí están en ese momento enfermos– en sangre es del 1,9%". Este dato confirma que la estadística carcelaria se ubica por encima de la cifra de personas con hepatitis C fuera de prisión. La prevalencia a nivel de la población en general es del 0,2%.
"Salvajada y sinsentido"
El diputado Jon Iñarritu sostiene que estos datos "dejan en evidencia que hay un problema sanitario y de salud importante en los centros penitenciarios".
"Según indican los sindicatos y profesionales hay un gran déficit en la sanidad penitenciaria, a expensas en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas de ser transferida por parte del Estado", subraya.
Asimismo, el representante abertzale se preguntó "por qué hay personas con enfermedades muy graves que acaban sus días en prisión". "Nos parece una salvajada y un sinsentido. Hay que tomar medidas para que esto no ocurra".
20 muertos entre 2015 y 2018
En cuanto a fallecimientos por hepatitis C en las cárceles, el Ejecutivo indica que se registraron 10 en 2015, 5 en 2016, 4 en 2017 y uno en 2018. En el caso de 2019, "no se dispone de la totalidad de la información de autopsias, informes toxicológicos o informes hospitalarios que determinen la causa definitiva de todos los fallecimientos", por lo que no se ofrecen datos concretos sobre muertes debido a esta enfermedad.
En cualquier caso, el Gobierno reivindica que "el porcentaje de curación entre las personas presas" que sufren esta enfermedad "se sitúa en el 98%". El Ejecutivo señala además que el presupuesto para el tratamiento de la hepatitis en las cárceles fue de 6.698.076 euros en 2019, casi el doble que en 2018, cuando se destinaron 3.577.188 euros. En tal sentido, apunta que a día de hoy "no existe lista de espera de personas para ser tratadas con el medicamento para la hepatitis C".
"Factor de riesgo"
Más allá de las cifras, la médica Nahia Aia, integrante de Osabideak –una asociación vasca de profesionales de la medicina y juristas en defensa del derecho a la salud de las personas privadas de libertad–, destaca que "el encarcelamiento se considera un factor de riesgo importante para la infección por VHC". En tal sentido, señala que el riesgo de infección es "directamente proporcional al tiempo que dura el encarcelamiento".
Aia cita el intercambio de jeringuillas como uno de los factores que "hace más probable que los reclusos contraigan" esta infección. Del mismo modo, considera que entre los motivos para el "deterioro y amplificación de la enfermedad" se encuentra "el acceso limitado a la atención básica de salud" o los problemas de las personas con adicciones en las cárceles. "Los pacientes adictgos tienen menos probabilidad de beneficiarse de las actividades de educación sanitaria, como el asesoramiento sobre la abstinencia de drogas", subraya.
"Sin validez epidemiológica"
Por su parte, José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, sostiene que los datos proporcionados por el Gobierno a Iñarritu "no tienen ninguna validez epidemiológica". "Son datos sobre serologías positivas, pero eso no significa que tengan el virus. Tienen serología positiva, pero en realidad más del 90% están curados", señaló.
En cualquier caso, destacó que "la prevalencia de serologías positivas en prisiones es mucho más alta que en la población general", algo que atribuye, fundamentalmente, a que "gran parte de la población penitenciaria tiene problemas de drogodependencia, que es el factor más importante de contagio".
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