Pedro Sánchez permanece 'atado' a los últimos Presupuestos elaborados por Mariano Rajoy desde el 28 de junio de 2018, cuando el Ejecutivo socialista, recién llegado a La Moncloa, aprobó las cuentas del PP para tener un marco presupuestario con el que poner en marcha su gobierno. En menos de tres meses este Presupuesto cumplirá tres años, ampliando su particular récord como el más longevo de la historia de España.

Parece, sin embargo, que la 'resistencia' de unas cuentas que han sobrevivido a toda suerte de avatares políticos no superará la prueba del acontecimiento que ha marcado al mundo para siempre: la emergencia de la covid-19. El esfuerzo económico que soporta (y seguirá soportando) el Estado para paliar las consecuencias de la pandemia en todos los niveles y ámbitos ha cambiado por completo el escenario presupuestario, y las cuentas de 2018 ya no darían más de sí para afrontar el futuro próximo.

Sánchez ha tratado de dejar atrás los Presupuestos de Rajoy y del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en varias ocasiones, pero hasta el momento siempre ha fracaso en sus intentos de aprobar unas nuevas cuentas acordes a su proyecto político y económico. Antes de la irrupción del coronavirus, el Ejecutivo había empezado a allanar el camino de la tramitación presupuestaria.

Los socialistas habían logrado los apoyos suficientes para sacar adelante un nuevo techo de gasto (también arrastraban la senda de déficit del PP) e, incluso, habían empezado a tumbar algunas de las reformas que blindaban la política económica desarrollada por Rajoy, concretamente la admisión a trámite en el Congreso de la ley de estabilidad presupuestaria para suprimir la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit.

Pese a estos avances, al Gobierno le quedaba lo más importante: recabar los apoyos suficientes para garantizar la tramitación de su proyecto presupuestario en el Parlamento. Los de Sánchez partían de varias premisas claras en cuanto a la aritmética en el Congreso y en el Senado; el PP y Ciudadanos no apoyarían las cuentas y, por lo tanto, debían buscar los apoyos de aquellos grupos que posibilitaron su investidura, sobre todo los de ERC.

Tras la conformación del Gobierno de coalición, en enero, el primer objetivo era el de aprobar unas cuentas para este año, precisamente dada la "urgencia" que argumentaban los socialistas de no seguir prorrogando los Presupuestos de Rajoy. Sin embargo, a medida que pasaban los primeros meses del año, el Ejecutivo empezó a plantearse centrar todos sus esfuerzos en los PGE de 2021, cuando cuestiones como la mesa de diálogo con las formaciones independentistas y las elecciones autonómicas en Catalunya estuvieran más cerradas.

Esta idea de abandonar el proyecto presupuestario de 2020 terminó de imponerse tras la irrupción de la emergencia de la covid-19. En su primera comparecencia en el Congreso para dar cuenta del estado de alarma decretado el 14 de marzo, Sánchez anunció que el Ejecutivo centraría todos sus esfuerzos (en materia presupuestaria) en elaborar unas cuentas para 2021, una vez superada la pandemia.

200.000 millones para el "escudo social"

"Presentaremos unos Presupuestos cuando acabe la emergencia sanitaria. Deberán ser unos presupuestos extrasociales. La experiencia nos demuestra hacia dónde debemos ir: protección y seguridad del estado del bienestar y protección de los servicios públicos y de nuestro sistema de salud. La ciudadanía ha de sentirse segura, nadie puede quedar atrás y nosotros podemos y tenemos que garantizarlo", aseguró entonces.

Esta decisión, forzada por la emergencia sanitaria, provocó una doble consecuencia: por un lado, le da un poco más de 'vida' a la longeva trayectoria de los PGE de 2018, ya que la parálisis política y las consecuencias del coronavirus aglutinarán en los próximos meses todos los esfuerzos de las administraciones; por otro, se eleva la presión sobre los grupos parlamentarios para apoyar unas cuentas que hagan frente a las consecuencias económicas de la pandemia, por lo que el principal obstáculo de Sánchez para desligarse de la política económica de Rajoy (la inestabilidad política y la falta de apoyos) podría perder fuelle.

De hecho, Ciudadanos, que había rechazado cualquier propuesta presupuestaria del Gobierno de coalición en un principio, ya ha avanzado su disposición a negociar unas cuentas de emergencia, con la condición de que incluyan un fondo de contingencia de 10.000 millones para paliar la crisis sanitaria y de que no se suban impuestos a clases medias y autónomos.

Para aprobar las medidas del denominado "escudo social" y para el resto de reformas destinadas a la lucha contra el covid-19 el Gobierno ha movilizado importantes partidas y recursos que han obligado a dejar de aplicar varios límites y requerimientos establecidos en los Presupuestos vigentes. De hecho, el Ejecutivo ha cifrado en 200.000 millones el dinero destinado al escudo social (un 20% del Producto Interior Bruto), de los cuales 117.000 serán movilizados con dinero público y el resto se complementará con recursos privados.

Hasta el momento, las cuentas de 2018 han sido el marco presupuestario en tres legislaturas distintas (la última etapa del Gobierno de Rajoy y la primera del de Sánchez tras la moción de censura, la legislatura fallida surgida de las elecciones del 28 de abril y la que se inició tras la investidura del Ejecutivo de coalición, en enero).