El rompecabezas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 va afrontando cambios día a día, con los movimientos de los actores que podrían resultar claves para su aprobación, y sin que el Ejecutivo tenga aún apoyos garantizados.

Y, si la posición oficial del Gobierno de coalición es que quiere amarrar las cuentas con el mayor número de respados posibles, dada la gravedad de la situación económica tras la pandemia del coronavirus, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, lleva días poniendo el foco en algo que, para su formación, siempre ha sido una obviedad: las recetas económicas, fiscales y sociales de los morados y las de Ciudadanos son como el agua y el aceite, imposibles de mezclar.

Este lunes, en un mitin de la campaña para las elecciones del domingo en Euskadi, Iglesias afirmó que "nadie" que esté "en su sano juicio se cree" que Cs, que "gobierna con Vox y con el PP en Madrid, Andalucía y Murcia", vaya a apoyar unos Presupuestos de un Gobierno del que forma parte Unidas Podemos. Estas palabras vienen a ser una vuelta de tuerca a sus declaraciones de la semana pasada, cuando dio por hecho que no podrían contar con Cs. Hasta ahora, su formación ponía el acento en que Cs estaba invitado a apoyar estas cuentas, aunque siempre dudaba de que el partido naranja fuese a comulgar con las recetas del Ejecutivo de coalición.

Entonces, la formación que preside Inés Arrimadas exigió que no vetase su participación, y hoy ha vuelto a insistir en que trabajarán para lograr "un acuerdo máximo entre todas las fuerzas políticas", informa Marta Monforte. El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha incidido en que intentarán "hasta el último minuto" esas cuentas públicas "de reconstrucción, emergencia y salvación nacional", aunque también ha dejado claro que deberán ser "moderadas", apartadas "del sectarismo y del dogmatismo". Esto es, como identifican algunas de las recetas de Unidas Podemos.

Además, se siguen mostrando reacios a las necesarias subidas de impuestos -de momento, enfocadas a las grandes empresas y los salarios más altos-, y en Unidas Podemos interpretan que su estrategia pasa por reivindicarse como un partido útil y responsable -como ocurrió con las últimas prórrogas del estado de alarma-, aunque sepan de antemano que no aceptarán buena parte de las partidas de gasto de estos Presupuestos. 

No obstante, el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha insistido públicamente en no descartar ninguna de las dos vías que parecen transitables, el acuerdo con Cs y el pacto con ERC, e incluso ha especulado con la posibilidad de lograr unas cuentas públicas con el respaldo de ambas fuerzas, sin excluir tampoco al PP.

Este lunes, el presidente de los conservadores, Pablo Casado, se ha autodescartado de esta ecuación -el Ejecutivo daba por hecho que así sería-, afirmando que no será "cómplice" de una política económica que llevaría al país a "la ruina".

Lo cierto es que a día de hoy apenas se conocen algunas pinceladas de la reforma fiscal que plantea el Gobierno, y las cuentas públicas ni siquiera están esbozadas. La ministra Portavoz y titular de Hacienda ya ha dicho que el acuerdo de coalición deberá adaptarse al nuevo escenario -Iglesias lo ha rechazado-, y esto supondría renunciar a algunos de los planes de PSOE y Unidas Podemos, añadiendo mayor incertidumbre.

Además, el Ejecutivo espera que la cumbre europea del 17 y 18 de julio sirva para aprobar el plan anticrisis de la UE. Será entonces, en función de las transferencias y los créditos que los 27 pongan a disposición de España, cuando el Gobierno comenzará a elaborar estas cuentas. 

Con todo, y pese a que en el Ejecutivo reconocen que las cuentas están en un estado más que embrionario, los movimientos de los potenciales actores involucrados se siguen sucediendo. Este lunes, en un entrevista con El País, el lehendakari y candidato a revalidar su cargo este domingo, Íñigo Urkullu, se mostró a priori partidario de que el Ejecutivo cuente con el bloque de la investidura para sacar adelante las cuentas públicas, aunque tampoco puso problemas a que recurra a Cs, si el partido naranja "deja claro el respeto y amparo a los derechos históricos vascos que protege la Constitución". 

ERC, por su parte, se ha mostrado muy crítico con algunas de las medidas económicas y sociales del Ejecutivo durante el estado de alarma, reclamándole a menudo que fuese un paso más allá. Eso, por no hablar del condicionante de las elecciones catalanas que ya se atisban en el horizonte, y que el president de la Generalitat, Quim Torra, previsiblemetne convocará antes del 17 de septiembre, cuando el Tribunal Supremo podría hacer firme su condena por desobediencia. 

En Unidas Podemos esperan el techo de gasto en julio 

En otro orden de cosas, el primer paso para aprobar los PGE es obtener luz verde al techo de gasto en el Congreso de los Diputados. En este sentido, fuentes de Unidas Podemos consideran que el objetivo debería ser llevarlos a la Cámara Baja en el mismo mes de julio, incluso sin esperar a la posible decisión de la UE sobre los fondos, que podría retrasarse.

Explican que ya hay elementos suficientes como para calcular que el techo de gasto actual debe superar holgadamente el que el Ejecutivo aprobó para este año -más de 127.000 millones, o el que validó para 2019 -125.000 millones de euros. La clave estará, una vez más, en cómo repartir después estos recursos entre las diferentes partidas, pero las fuentes consultadas contemplan que sea necesario elevar el techo de gasto en unos 20.000 millones de euros, como poco. 

Según calculó en junio la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las medidas adoptadas por las diferentes administraciones para afrontar la pandemia tendrán un impacto presupuestario de entre 39.833 y 48.367 millones de euros, según los distintos escenarios. El Gobierno, además, reconoce que deberá gastar más para facilitar la salida de esta crisis, aunque aún no quiera o no pueda cuantificarlo.