La presión de Vox y la pandemia provocan un recorte en las políticas feministas de la Junta de Andalucía

La puesta en marcha esta semana, en plena negociación del presupuesto para el año que viene, de un teléfono llamado de violencia intrafamiliar, pactado por Vox, PP y Ciudadanos y destinado a atender una problemática de la que la Junta de Andalucía ya se ocupaba mediante líneas de atención a menores y personas mayores y otras víctimas de violencia, ha vuelto a poner sobre el tapete el debate sobre la ausencia o no de políticas feministas en el primer gobierno no socialista en la historia de la autonomía.

Se trata de un Ejecutivo de PP y Ciudadanos que necesita para aprobar cualquier cosa de relevancia de los apoyos de Vox, un partido inmerso en una cruzada antifeminista, cuyo mensaje poco a poco va calando y que, por momentos, ahoga e invisibiliza el trabajo que se hace en el Instituto Andaluz de la Mujer, que sigue en marcha adaptado a los tiempos de la pandemia. 

La ultraderecha, hasta el momento, no le ha pedido ni sillones ni grandes inversiones al Gobierno andaluz. Ha trabajado en el terreno simbólico para ir poco a poco distribuyendo su ideario. Y uno de los campos en los que Vox ha decidido dar la batalla es el de la igualdad y el de la violencia machista, con advertencias de diverso tenor incluidas a la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos).

En el año y nueve meses que Ruiz lleva en el cargo –de su departamento depende el IAM, que ha sido uno de los buques insignia de las políticas feministas en Andalucía, y uno de los objetivos en el punto de mira de Vox desde que arrancó la legislatura– ha tratado de mantener la carga feminista en sus discursos y en su trabajo, pero se ha tenido que comer algunos sapos relevantes y no ha recibido, también, en determinados momentos, el respaldo de otros miembros del Gobierno.

El presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer, que asciende a 44 millones de euros, se recortó este año en al menos en 1,8 millones para, según el Gobierno, destinarlo a otros gastos y poder hacer frente a la expansión de la covid. Esto ha tenido algunas consecuencias a la hora de hacer políticas feministas.

A finales del año pasado la Intervención de la Junta frenó ayudas a más de 200 proyectos feministas y de lucha contra la violencia de género, lo que causó un incendio de importancia en el asociacionismo feminista. Este es un asunto que, casi un año después, la Consejería no ha arreglado del todo ni tiene pinta de que logre arreglarlo al menos este año.

Así, para este año 2020, dos líneas de subvenciones, las destinadas a asociaciones y federaciones para el fomento de la participación social de las mujeres y, las que iban a la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, que ascendían a casi dos millones de euros cada año no parece que se vayan a dar, si se atiende a la memoria económica que acompaña al proyecto de orden en el que trabaja Igualdad, cuyo borrador se publicó el pasado 2 de octubre en BOJA. 

En esa memoria económica, firmada el pasado 2 de septiembre por el jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, a la que ha tenido acceso Público, se puede leer que la orden "no tendrá incidencia económica en el ejercicio 2020", es decir, no habrá esas subvenciones este año.

¿Las razones, según el Gobierno andaluz? La pandemia: "Los créditos previstos para la convocatoria de este año han sido transferidos a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, para paliar los efectos de la crisis provocada por la Covid-19". El jefe de servicio agrega que "en ejercicios posteriores está previsto efectuar su convocatoria en función de los créditos disponibles que sean determinados por la envolvente fijada por la Dirección General de Presupuestos".

No obstante, las subvenciones aprobadas finalmente en 2019, que fueron finalmente a parar a 81 proyectos, fueron prorrogadas hasta octubre de este año y a las asociaciones que lo vienen pidiendo se les están prolongando hasta el 31 de diciembre. El IAM tiene previsto sacar la próxima convocatoria este mes de diciembre, según indicaron a Público fuentes del Instituto. 

Para las subvenciones a mujeres en riesgo de exclusión social, la otra línea de ayudas que la Intervención puso en cuestión, la consejería ha recurrido a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Estas ayudas van destinadas a programas que tengan como objetivo la asistencia, atención y acogida de manera exclusiva a mujeres en situación de riesgo de exclusión social. "Tendrán tal condición los programas para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, programas para mujeres exreclusas, programas para mujeres migrantes con exclusión social, programas para mujeres gitanas con exclusión social, programas para mujeres con discapacidad y exclusión social y programas para mujeres en otra situación de exclusión social", explica la Consejería en un comunicado.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández, no considera que haya recortes: "Decir que las mujeres andaluzas cuentan hoy con menos recursos es faltar a la verdad". Luego, añade: "Lo único que queda pendiente por convocarse son las subvenciones a las asociaciones de mujeres, cuyas bases reguladoras hemos tenido que modificar tras la advertencia de Intervención, e incluso así la convocatoria saldrá a final de año, en torno a diciembre. La última vez que se modificaron estas bases, en 2015, ese año no hubo convocatoria".

Lourdes Pastor, cantante, socióloga y activista de la Plataforma Andaluza de apoyo al lobby Europeo de Mujeres, afirma al respecto: "Llevamos mucho tiempo trabajando en este ámbito y no van a poder con nosotras. Simone de Beauvoir decía que bastará cualquier crisis política, económica o religiosa para poner en cuestión los derechos de las mujeres. Trabajar para que el 52,04 % de la población tenga los mismos derechos y oportunidades que el resto, es trabajar para que este mundo sea mejor, más justo. Una sociedad que se precie democrática y avanzada no puede permitirse dar la espalda a las ONG de mujeres feministas que hacen posible el avance de la sociedad en su conjunto".

"Se ha estrangulado a las asociaciones y federaciones de mujeres reduciendo o modificando las subvenciones y de esta manera no solo perjudican a las entidades, sino a las más de 400.000 mujeres andaluzas que se beneficiaban de esos proyectos", lamenta Andrea Barbotta, vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, un órgano colegiado y consultivo, entre cuyas funciones está la de "servir de cauce de participación activa de las organizaciones de mujeres de Andalucía en las políticas de igualdad de género de la Administración Autonómica Andaluza".

El Consejo Andaluz de la Mujer, según Barbotta, está "teniendo muchos problemas para ponerse en marcha". "Han tardado casi un año en convocar las elecciones, y en este momento llevamos esperando más de un mes para que se convoque el Pleno", añade. "Todo son trabas y problemas. Pero nosotras, las feministas, llevamos dos siglos luchando por nuestros derechos y no nos cansarán", apostilla.

Barbotta agrega: "En relación con la consejera, la verdad es que yo he asumido el cargo el 29 de junio y desde entonces no he tenido noticias de ella. He escrito varias cartas al presidente, el señor Moreno Bonilla, con copia a la consejera y nunca se ha puesto en contacto conmigo. Sin embargo he seguido por streaming la comparecencia que hizo en el Senado en la Comisión de seguimiento de los fondos del Pacto de Estado y allí ha comentado la buena relación que tiene con las asociaciones de mujeres. No sé a quién se refería, porque, con el consejo, la relación que tiene es cero".

Ley de Igualdad

La consejera Ruiz ha visto, además, cómo, pandemia mediante, Moreno y el vicepresidente, Juan Marín (Ciudadanos), le quitaban competencias a su Consejería en una reciente remodelación del Ejecutivo.

El Gobierno de Moreno tiene cinco consejeras de once sin contar al presidente y es por tanto, en su formalidad, paritario. Pero los cargos más relevantes del Ejecutivo están ocupados por hombres. El vicepresidente es Juan Marín, y el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, –los viceconsejeros de ambos, poderes fácticos en la administración, en la gestión del día a día, también–. El consejero de Hacienda es Juan Bravo, y el de Economía, Rogelio Velasco. En manos de mujeres han quedado Empleo, Cultura, Agricultura, Igualdad y Fomento.

Los portavoces parlamentarios de Vox PP y Ciudadanos, los encargados de desarrollar los acuerdos en la Cámara, son respectivamente Alejandro Hernández, José Antonio Nieto y Sergio Romero.

"Hay [ahora] un mensaje menos contundente. Se aborda menos la causa de la violencia sobre las mujeres. No se va al origen. Y sobre todo, el cambio [de Gobierno] se produce cuando poco antes se aprobó la nueva ley andaluza, que se aprobó por unanimidad y que estaba pendiente de desarrollar mejoras, y todo eso se ha quedado paralizado. No se deroga, pero apenas se aplica", afirma Amparo Díaz Ramos, abogada especialista en violencia de género.

"Desde que está gobernando la derecha se han ido desmantelando todas las políticas de igualdad", expone Andrea Barbotta. "Se han ido reduciendo las competencias de la consejería y se ha ido reduciendo el presupuesto", añade.

"Hay un discurso político que lidera Vox que tiene que ver con el cuestionamiento de la centralidad de la lucha contra la violencia en el ámbito de las políticas de igualdad y el cuestionamiento del propio concepto violencia de género, además de un ataque frontal y extremista al feminismo y a las reivindicaciones feministas", afirma Octavio Salazar, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y "hombre en proceso de ser feminista", como se define en su cuenta de Twitter.

"Es relevante que, con el teléfono de violencia intrafamiliar, se hagan avanzar las tesis negacionistas sobre la violencia de género. Y desde Igualdad, incomprensiblemente, se le da cabida", afirma Inma Nieto (IU), portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz.

"Hay, digamos, pendientes mejoras estructurales para optimizar la protección de las mujeres, porque las mujeres tienen que llegar a la administración de Justicia con evidencias de lo que están sufriendo y para eso las instituciones son fundamentales", analiza la abogada Díaz Ramos.

"Se pretende minimizar la violencia de género, reducir al mínimo las políticas de la Junta de Andalucía. Existe un marco de políticas públicas en el que la Junta de Andalucía ha sufrido un evidente retroceso en los últimos años en el sentido de que no hay un verdadero compromiso de transformación. En el año 2018 se hizo una reforma muy ambiciosa de la ley andaluza de violencia de género. A partir de ahí, se planteaban toda una serie de medidas de acción de lucha contra esas violencias. Esa ley sigue inédita en su desarrollo e implementación e inversión presupuestaria desde recursos materiales y humanos que la Junta pone a disposición de ayuntamientos y entidades de mujeres", añade Salazar.

"La relación de este gobierno con la igualdad siempre ha sido frágil, no olvidemos de dónde vienen, un parlamento en el que quisieron impedir las listas paritarias recurriéndolas al Constitucional, sin acudir al 8M y sin comprometerse más allá de lo políticamente correcto", afirma la diputada del PSOE Soledad Pérez.

"Ahora ni siquiera eso, este gobierno ha elegido. Solo hicimos huelga feminista en el parlamento con una presidenta mujer, se cambió la fecha del pleno para que las parlamentarias pudiéramos hacer esa huelga, ahora las fechas se cambian para poder ver a Abascal en la tele en una moción de censura contra el gobierno y contra las mujeres de este país", remacha Pérez.

Trata de personas

Fernández, la directora del IAM, al contrario que las fuentes consultadas, enumera algunas de las cosas que se están haciendo: "En estos casi dos años de legislatura hemos reforzado y mejorado los servicios esenciales del Instituto Andaluz de la Mujer, como el Teléfono de Atención a las Mujeres (900 200 999), cuyo presupuesto se ha multiplicado por diez desde 2018: pasando de 103.000 euros a 1.070.237 euros en estos dos ejercicios; además ahora se ofrece a las mujeres que llaman una atención psicológica, jurídica y social especializada, especialmente a las víctimas de violencia de género".

"Asimismo, los recursos de acogida para víctimas de violencia de género contarán los próximos cuatro años con un presupuesto de 27 millones de euros, lo que que supone un aumento anual del 7% con respecto a 2018; además de tener más personal y mejorar la atención socioeducativa de las niñas y niños acogidos", agrega Fernández.

La directora del IAM también indicó con respecto al desarrollo de las leyes de Igualdad y violencia de género, que "todas las acciones que lleva a cabo el IAM vienen marcadas por ambas normas". 

Y añade que el Gobierno elabora la Estrategia Andaluza para la Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2021-2024. "Será un instrumento que recoja los ejes y siente las bases de actuación para sensibilizar, prevenir, minimizar las secuelas y erradicar este tipo de violencia que sufren mujeres y niñas". Y desliza una crítica al anterior Gobierno: "El Consejo de Gobierno de 29 de septiembre de 2020 ya ha publicado la nueva formulación de esta Estrategia. El anterior Gobierno nunca llegó a realizarla pese a que la ley de 2007 así lo recogía, siendo Andalucía una región donde la lucha contra la trata merece especial atención".

Nota del autor: Este artículo fue editado para incluir las declaraciones de la directora del IAM, Laura Fernández.