@danialri

BILBAO.- El final de ETA ya tiene un nuevo capítulo en los juzgados. Esta vez, los denunciados no son los miembros de esa organización. Tampoco quienes pretenden verificar la destrucción de su armamento, sino aquellos que impiden que esa verificación se produzca: el presidente Mariano Rajoy y su ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Un ex concejal de Herri Batasuna en Bilbao, Mikel Arizaleta, ha presentado una querella contra ambos responsables políticos por “perturbar”, “impedir” y “sabotear” el proceso de inutilización de los arsenales, tal como ocurrió el pasado viernes en una vivienda de Luhuso (una pequeña localidad situada en el País Vasco francés), donde fueron detenidos cinco activistas sociales.

La denuncia formulada por Arizaleta (traductor y antropólogo de profesión) ante el Juez de Guardia también está dirigida contra los “miembros participantes de la Guardia Civil” que tomaron parte en ese operativo, bautizado por la Benemérita como “Seminario”. En esa redada (efectuada con la colaboración de Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) francesa) fueron detenidos el sindicalista Michel Berhocoirigoin, el ecologista Jean-Noël Etcheverry, la periodista Béatrice Haran-Molle, el camarógrafo Stéphane Etchegaray y el viticultor Michel Bergougnian.

Todos ellos (con una reconocida trayectoria en el País Vasco francés) iban a participar en la inutilización del 15% del arsenal de ETA. Este procedimiento, con el que sus promotores buscaban consolidar el nuevo escenario de paz, había sido acordado previamente con la organización armada a través de varias cartas.

Coincidiendo con el traslado de todos ellos a París para ser interrogados por un juez, Arizaleta se acercó hasta los juzgados de Bilbao para formular su denuncia. En ese texto, el querellante defiende “la contribución a la paz” que buscaban los detenidos. Además, destaca que la propia redada muestra que ETA ha iniciado la “destrucción de sus arsenales, haciéndolo (por impedimento del gobierno español y hostigamiento de la misma Audiencia Nacional) mediante la participación civil”.

“Exportan guerras”

En otro párrafo del documento, remarca que “tras un doloroso periodo de décadas de lucha armada, de muertos, asesinatos, torturas, cárceles, juicios, penar y dolor, amnistías interesadas, juicios farsas, vulneraciones legales de derechos humanos incluso por parte del Estado español y sus instituciones, grupos de mafia y mercenarios paraestatales”, la operación policial del pasado viernes demuestra que “contribuir a la paz, a la destrucción de arsenales, a la pacificación de la sociedad” resulta “perseguido por un gobierno, que, por otra parte, exporta guerra y armamento a otros países”.

En tal sentido, Arizaleta advierte a la justicia sobre “el papel que viene jugando el gobierno español y sus instituciones policiales y judiciales”, así como su “agresividad y desprecio de derechos fundamentales elementales”. Por tales motivos, no duda en calificar el operativo policial desarrollado en la provincia de Lapurdi como un “boicot a un proceso de paz”. Así las cosas, reclama que su denuncia sea tramitada “para que estos boicoteadores de la paz sean sentados en el banquillo, juzgados y condenados”.

Los detenidos vuelven a casa

Mientras los tribunales de Bilbao analizaban esta denuncia (de momento no ha trascendido cuál será su futuro), los detenidos en la vivienda de Luhuso emprendían este martes el regreso a casa tras ser interrogados en París. A pesar de las declaraciones grandilocuentes realizadas el pasado fin de semana por el ministro Zoido (quien obvió en todo momento que los detenidos no pertenecían a ETA y se centró en el golpe contra los arsenales que implicaba la operación), un juez de esa ciudad ha decidido dejarles en libertad bajo control judicial. Además, el magistrado ha retirado la acusación de “asociación de malhechores” que pesaba sobre ellos.

Cuando vuelvan a su vida cotidiana, comprobarán que su iniciativa ha tenido un efecto contagio entre varias decenas de activistas sociales: si hasta el pasado viernes solamente eran ellos quienes estaban dispuestos a arriesgar su libertad para contribuir al desarme de ETA, hoy son muchos los que se ofrecen para impulsar la denominada “vía civil”. No en vano llegaron a recibir hasta 23 mil apoyos en una recogida de firmas a través de internet.