El último sábado de la primavera no pasará inadvertido en Oñati, un pequeño municipio guipuzcoano de 11 mil habitantes. En el ayuntamiento, EH Bildu hará valer su mayoría absoluta para mantener, una vez más, su puesto en la alcaldía. En la calle, la inciativa “Jare Kuartela” seguirá recogiendo firmas para pedir a ese nuevo consistorio que haga las gestiones necesarias de cara a conseguir que el cuartel de la Guardia Civil, situado en las afueras, pase a tener otros usos.

Precisamente por esto último, en Oñati habrá este sábado cámaras que apuntarán a la calle y no al ayuntamiento. De hecho, el nombre de este pueblo ya ha ocupado durante la última semana la atención de varios medios de Madrid, así como de algunas asociaciones de guardias civiles y del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), que consideran estos actos como parte del “discurso del odio” hacia ese cuerpo en Euskadi.

Oier Fernández, integrante de la iniciativa Jare Kuartela, dice a Público que no van a responder a esas críticas. “Lo mejor –apunta- es no hacerles ni caso”. En tal sentido, este vecino de Oñati defiende que los actos realizados durante los últimos años para pedir la salida de la Guardia Civil han sido realizados “bajo un ambiente festivo”.

Antecedentes

En efecto, lo que ocurre en este pueblo no es un fenómeno aislado, ni tampoco nació en ese punto del territorio guipuzcoano. Así lo demostró el historiador Iñaki Egaña, quien llegó a elaborar un informe pericial sobre el origen de esa reivindicación para presentarlo en el juicio contra los jóvenes de Altsasu, quienes eran acusados precisamente de formar parte de una campaña de “hostigamiento” contra la Guardia Civil.

La Audiencia Nacional no aceptó el informe de Egaña, ni tampoco quiso que fuese a declarar como testigo. Poco después, este investigador reflejó parte de su trabajo pericial en un par de artículos de opinión que publicó en el diario Gara. Allí no sólo recuerda que ese reclamo contra la Guardia Civil nació de la mano de Euskadiko Ezkerra (que acabaría coaligándose con el PSE), sino que también realizó un repaso sobre las distintas organizaciones políticas e instituciones que a lo largo de la historia han pedido la desmilitarización del País Vasco.

En sus trabajos, Egaña citó el caso de Egi, las juventudes del PNV. En 2016, esa organización impulsó una recogida de firmas a través de internet bajo un lema rotundo: “La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen que marcharse de Euskadi”. “La sociedad vasca ha emprendido un camino de normalización, sin violencia, donde todos tenemos que movernos de nuestras posiciones para que gane el conjunto de la sociedad, es por ello que la presencia de la Guardia Civil y Policía Nacional no tiene sentido, ni nos sentimos representados por ellos, ni cumplen una función que no pudiera realizar la Ertzaintza”, reivindicaban los jóvenes nacionalistas.

En el marco de este nuevo tiempo sin ETA, el Gobierno Vasco también apuesta por "readecuar" las funciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en este territorio. El marco para avanzar en esta materia es la Junta de Seguridad, un órgano compuesto por representantes del Ejecutivo autonómico y del Gobierno central. Sin embargo, fuentes del Departamento de Seguridad que dirige Estefanía Beltrán de Heredia indicaron a Público que “no hay ningún encuentro previsto”. La última reunión fue en junio de 2017, cuando aún era ministro el popular Juan Ignacio Zoido.

Menos agentes

Fuentes del ministerio de Interior señalaron que actualmente hay 2.261 agentes de la Guardia Civil en Euskadi. Suponen aproximadamente cien menos que en 2017, cuando había 2.369. El descenso cobra mayor dimensión si se compara con el número que había en 2011, el año en el que ETA anunció que dejaba la violencia. Según datos oficiales, en ese momento había 3.083 agentes de la Benemérita en suelo vasco. La reducción a lo largo de estos ocho años ha sido de un 26,6%.

Sin embargo, las asociaciones de la Guardia Civil rechazan que ese descenso guarde relación con el nuevo escenario político y social de Euskadi. Por el contrario, aseguran que forma parte de la realidad que este cuerpo vive en el resto del Estado. “Hay menos guardias civiles en el País Vasco porque hay menos guardias civiles en España. En otras palabras, ingresan menos de los que se van”, afirma a Público Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Por su parte, en las oficinas de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) no descartan una “racionalización en el número de efectivos” dependiendo de las “necesidades”, aunque rechazan de forma tajante cualquier tipo de repliegue. “La Guardia Civil conserva bastantes funciones en el País Vasco: los puertos, aeropuertos, fronteras… Además, hay que tener los acuartelamientos protegidos. Aunque ya no haya una amenaza tan directa del terrorismo etarra, sigue habiendo cierta hostilidad por parte de determinados grupos de personas hacia la Guardia Civil”, dice su presidente, Joaquín Parra.

“La falta de personal es por una mala planificación: tenemos un déficit importante en el conjunto de la población española. Hay menos gente, pero por la problemática general que hay en la Guardia Civil”, remarcaron desde la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC). Allí tampoco creen que el final de ETA vaya a traer como consecuencia una caída drástica en el número de agentes sobre suelo vasco. En Oñati, mientras tanto, volverán a pedir este sábado “que se vayan”.