PP y PSOE evitan comprometerse en sus programas con la Plataforma de denunciantes de corrupción

@CdelCastilloM

MADRID.- Podemos y sus confluencias, Ciudadanos, ERC, Compromís e IU se han comprometido con la Plataforma por la Honestidad para trabajar conjuntamente para incluir en los programas electorales para el 26-J una ley de protección al denunciante de corrupción basada en el anteproyecto presentado por esta asociación. Éste recoge medidas de protección a los denunciantes inspirada en las que amparan a las mujeres víctimas de violencia de género, pero el anticipado final de la legislatura ha impedido desarrollarlo.

"El PP no nos ha recibido. El PSOE sí lo ha hecho, ha dado muy buenas palabras, pero no se ha comprometido a nada concreto. Lo entiendo, con los EREs de Andalucía y toda la corrupción en la que están metidos, es normal que no quieran proteger a los denunciantes"

El ex militar ha expuesto que, en contraste con los citados partidos, que se han comprometido en el apoyo a los denunciantes, han estado las dos formaciones mayoritarias en el Hemiciclo. "Por otro lado han estado el PP, que no nos ha recibido, y el PSOE, que lo que ha hecho es recibirnos, dar muy buenas palabras, pero que no se ha comprometido a nada concreto ni ha venido aquí a hacerse una foto de compromiso. Aunque lo entiendo, con los EREs de Andalucía y toda la corrupción en la que están metidos, es normal que no quieran proteger a los denunciantes", ha ironizado.

El testigo de corrupción, como la víctima de violencia de género

"Todos tenemos conciencia de lo importante que es combatir la corrupción, pero sin embargo parece que no hay un compromiso firme con las personas que valientemente ponen en jaque su propia trayectoria profesional y su vida al denunciarla, nadie les protege", ha manifestado Sol Sánchez. Como solución, la Plataforma por la Honestidad pide en el anteproyecto de ley de protección al denunciante que se garantice la confidencialidad y el anonimato de los testigos de corrupción, su asistencia psicológica y médica, se les ofrezca asistencia jurídica gratuita y se blinde su puesto de trabajo.

"Se trata de que los ciudadanos puedan denunciar la corrupción sin sufrir toda esta serie de consecuencias terriblemente negativas"​

"Sería exactamente igual que para la violencia de género", ha afirmado Segura ante los medios, explicando que cuando un juez determinara que hay verosimilitud en una denuncia de corrupción de cualquier ciudadano, se pondría en marcha un protocolo que impidiera su persecución laboral, protegería su identidad y cubriría los gastos de los juicios derivados de las denuncias.