Un duro comunicado del Gobierno, sin precedentes desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, lanza una seria advertencia al Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) por las medidas antiaborto que la ultraderecha impone a los populares para aplicar en los protocolos de Sanidad en Castilla y León.

El requerimiento del Gobierno pone a Alberto Núñez Feijóo contra las cuerdas, según reconocen a Público fuentes gubernamentales. De hecho, el presidente del PP ha guardado silencio con respecto a la medida contra el derecho al aborto que anunció el jueves por la tarde el vicepresidente de Castilla y León. 

El propio Pedro Sánchez ya hizo alusión a este asunto el sábado en un acto del partido en Sevilla en el que aludía a una“coalición del miedo" de PP y Vox. En ese mismo discurso, ya adelantaba que con el PSOE no habrá "retrocesos". Un día después, Moncloa ha lanzado el comunicado de advertencia al Gobierno del PP y Vox de Castilla y León.

Así, el Gobierno va más allá de anunciar medidas legales e insinúa la opción de aplicar el artículo 155 de la Constitución para retirar competencias sanitarias a Castilla y León, aunque sin citarlo de forma explícita. 

En el comunicado, el Gobierno exige de forma inmediata retirar el plan anunciado por el vicepresidente ultraderechista contra el derecho al aborto y también advierte con contundencia que "en caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".

Pero, además, estudiará "si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma". Punto este último donde se advierte de la posible retirada de las competencias sanitarias. 

La respuesta de Castilla y León

Por su parte, Castilla y León ha acusado recibo a última hora de este domingo del requerimiento del Gobierno con un texto en el que defiende su capacidad para tomar decisiones sobre el "fomento de la natalidad y de apoyo a la familia". En dicho comunicado, que en ningún momento se refiere al aborto ni a la interrupción voluntaria del embarazo, se anuncia que "la Junta de Castilla y León estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad de Castilla y León". 

El comunicado concluye afirmando que Castilla y León estudiará "si es necesario ejercer otras acciones legales, dado que la aplicación de las acciones anunciadas por parte del Gobierno de España podrían vulnerar el derecho de autonomía, y el legítimo ejercicio de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma".

De dos requisitos a ninguno

La Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, deja muy claros cuáles son los requisitos que deben cumplir las mujeres que desean abortar.

Su artículo 14 establece que podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada siempre que se cumplan dos únicas condiciones. Por un lado, que la mujer reciba un sobre con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. Y, por otro, que guarde tres días obligatorios de reflexión desde que haya sido informada. No existe legalmente ningún otro requisito.

Durante los últimos dos años, el Gobierno de coalición ha elaborado una amplia modificación de la ley que ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados y que está a la espera de ser ratificada en el Senado en los próximos días. Dicha ley elimina los dos requisitos anteriores y deja a las mujeres la decisión de abortar sin ninguna condición adicional durante las primeras 14 semanas de embarazo.

Cualquier otra disposición está por tanto fuera de la ley y, en consecuencia, prohibida, como es el caso de las medidas propuestas en los últimos días por el Gobierno de Castilla y León, que incluyen una escucha previa del latido fetal por parte de la mujer.

El Gobierno de Mañueco ha advertido, además, que se opone a las listas de objetores de conciencia que plantea la nueva norma pendiente de aprobación. Este requisito ya estaba en la ley anterior, aunque ahora se refuerza y se obliga a las comunidades autónomas a realizar dicho listado.

La norma respeta el derecho a la objeción de conciencia, pero exige conocer la cantidad de médicos en los servicios públicos de salud para poder planificar plantillas en los hospitales que estén dispuestas a realizar abortos. El objetivo de esta medida es el de garantizar la realización de las interrupciones del embarazo en los centros públicos. En la actualidad, el 84% de los abortos en España se realizan en centros concertados privados.