MÁDRID.- Frenazo del Gobierno a sus anuncios previos. El PP presentó anoche, a última hora, una enmienda en el Senado al Código Penal por la que anula la libertad vigilada para los maltratadores de violencia de género, así como los asesinos. La medida se mantendrá solo para los delincuentes sexuales, tal y como establece la legislación vigente.

De esta forma, el PP echa un frenado al anuncio que realizó su entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, de extender la libertad vigilada para los maltratadores de mujeres y de sus hijos en el ámbito de la violencia de género.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial reclama desde el año 2011 la implantación de esta medida cuando el maltratador sale de la cárcel. Los especialistas en este tipo de delincuencia conocen que es muy frecuente que el maltratador sea reincidente, con víctimas sucesivas o con la misma víctima. De tal manera que, al salir de la cárcel, vuelve a cometer otros delitos de violencia sobre la mujer.

Por este motivo, el Observatorio recomienda que en los casos más graves se mantuviera la libertad vigilada una vez excarcelado o licenciado el maltratador o el asesino. Para ello, se le podían imponer medidas como es la obligación de comparecer en el juzgado, las órdenes de alejamiento de las víctimas y de sus hijos…

Con la enmienda en el Senado, y la mayoría de la que goza el PP en la Cámara Alta, el Código Penal futuro se mantendrá tal y como está ahora en este ámbito.

En las enmiendas presentadas al articulado por el PP también se propone que las agresiones a profesores y médicos se consideren atentado a la autoridad y que se puedan retirar las aplicaciones móviles que difundan pornografía infantil.

La libertad vigilada, que en la legislación vigente solo se aplica a los delincuentes sexuales, se ampliaba con esta reforma a varias figuras delictivas, y tenía una duración mínima de tres años y máxima de cinco, siempre que la persona haya sido condenada a más de un año de prisión.

La supresión de esta figura se enmarca en la retirada de la regulación de las medidas de seguridad, a las que renunciaron los populares durante la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso.

En concreto, el PP suprime las referencias a la libertad vigilada de los artículos 140 bis y 173.2, de forma que se mantiene la regulación actual como una medida posterior al cumplimiento de pena por delitos sexuales.

La libertad vigilada impone medidas de control judicial como localización mediante dispositivos electrónicos, comparecencias periódicas, prohibición de determinadas tareas que faciliten la comisión de este tipo de delitos o la obligación de someterse a terapias o tratamientos médicos, entre otras.

Por otra parte, los populares proponen que las agresiones a profesores y médicos, que se hallen en el ejercicio de sus funciones, sean consideradas como un delito de atentado a la autoridad, con una pena de entre uno a cuatro años de prisión.

Otra novedad incorporada es que los jueces podrán ordenar la retirada de las aplicaciones de los teléfonos móviles que contengan o difundan pornografía infantil, ya que el texto sólo hace referencia a las páginas web.

Además, elevan la penas de prisión de tres a cuatro años para la falsificación de medicamentos e incorpora una referencia al "riesgo para la vida o la salud de las personas", para adecuar la legislación a la propuesta del Consejo de Europa.

También se define el objeto de las falsificaciones, que incluirá tanto los medicamentos como los productos sanitarios junto con sus accesorios, elementos o materiales esenciales para su integridad.

No aparece, por el momento, ninguna modificación a la edad de consentimiento sexual -que el texto eleva a 16-, pese a que los populares habían dejado la puerta abierta a llegar a un consenso con el resto de fuerzas que se inclinan por los 15 años.