El Partido Popular se ha revuelto este miércoles con gran enojo ante la unidad mostrada por todos los grupos de la oposición para rechazar su pretensión de bloquear los trabajos de la comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del partido conservador. “Es una comisión ilegal”, ha proclamado reiteradamente el portavoz popular Fernando Martínez Maillo, número tres del PP.

Desde las filas del PP se considera que esta iniciativa parlamentaria, que el propio grupo parlamentario popular votó a favor de su creación en su día, es “una operación contra el PP, para desacreditar a nuestra formación política desde una nueva inquisición”, ha exclamado Mailo con cierta vehemencia.

Con esas palabras ha utilizando un argumento que recuerda el usado por Rajoy en febrero de 2009, rodeado de la cúpula del partido, tras abrir el entonces juez Baltasar Garzón el primer sumario judicial por el caso Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PP, actualmente en fase de juicio oral.

“Nada más empezar (la comisión) ya está dictada la sentencia; a partir de ahora será todo un paripé”, ha insistido Maillo que ha llegado a calificar la actitud de los comisionados de la oposición como “una desviación de poder”, empleando una expresión reflejada en sentencias judiciales que, en su opinión, versan sobre situaciones similares a las que denuncia su partido.

El caso es que la mayoría conformada por toda la oposición ha dejado en solitario al grupo popular en su tesis de que se debe fijar el ámbito temporal de la investigación que persigue la comisión parlamentaria, así como a qué administraciones públicas afecta. “Hemos chocado con una triple alianza – socialistas, Unidos Podemos y Ciudadanos – que han adoptado un acuerdo burdo y que no se han molestado en disimular, lo traían escrito de casa”, ha expuesto el portavoz popular.

En consecuencia, el grupo popular pretende que la Mesa del Congreso de los Diputados acepte los argumentos del escrito de amparo presentado con sus tesis con el fin de modificar el acuerdo mayoritario y que, según diversos portavoces de la oposición, responde al objeto que fue respaldado por el pleno de la cámara. “No descartamos acudir a la justicia”, ha indicado Maillo al ser preguntado sobre esa posibilidad, aunque ha matizado: “Esa decisión no está tomada”.

El acuerdo adoptado en la primera reunión de los comisionados celebrada esta mañana en la Cámara baja establece que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, uno de los principales protagonistas de las causas contra la presunta financiación ilegal del PP con sus famosos “papeles” – un libro de apuntes de la caja “B” del partido -, sea el primero en comparecer. Lo hará el día 26 de junio.

El resto de antiguos tesoreros del partido - Álvaro Lapuerta, Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis Perales – y la actual responsable, Carmen Navarro, comparecerán ya en el mes de julio una vez haya sido habilitado este mes para la actividad parlamentaria para celebrar el pleno de la cámara sobre el techo de gasto.

Los diversos portavoces de la oposición – Isabel rodríguez, del PSOE, carolina Bescansa, de Unidos Podemos, Toní Cantó, de Ciudadanos y Joan Tardá, de ERC – han recriminado la actitud mostrada por el PP y su portavoz. Cantó ha recordado que la creación de esta comisión figura en el pacto formado por el PP y Ciudadanos para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno el pasado mes de octubre.

Sobre este punto Maillo no ha querido pronunciarse expresamente. Tras descartar un contacto directo entre Rajoy y Rivera, ha sugerido que el acuerdo mismo no corre riesgo porque “buscamos la estabilidad”. Eso sí, ha lanzado una pregnnta a la formación naranja: “Debe explicar qué hace al lado de los radicales de Podemos”.

Y al resto de la oposición ha enviado una amenaza directa: “Ante esta actitud les sacaremos las vergüenzas en el Senado. Allí vamos a investigar a los ERE y llamaremos a Díaz, a Chaves y vamos a mejorar las relaciones con Venezuela con los vínculos de Podemos. No es una actitud contra nadie, es pura coherencia”, ha dicho en alusión a la comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos constituida en la Cámara alta, instancia en la que el PP tiene una amplia mayoría absoluta.