Nueva tentativa parlamentaria para acabar con los privilegios de los ex presidentes valencianos. La reforma de la ley que regula estas prerrogativas vuelve a Les Corts y su debate acentúa la división de posturas en el espectro político valenciano, tal y como ya pasó al inicio de la legislatura. La propuesta de Podem de suprimir el derecho a oficina, personal asesor o de seguridad y chófer, entre otras cuestiones, se ha encontrado con la férrea oposición del PP y el PSPV-PSOE.

“Es la segunda vez que llamamos a la puerta del bipartidismo. No ponemos en discusión el reconocimiento de la figura de Molt Honorable pero tenemos que marcar limitaciones y mayor transparencia en un Estatut de expresidentes que sólo recoge privilegios, ninguna obligación”, afirma Fabiola Meco, diputada de Podem impulsora de la iniciativa.

De hecho, desde la formación morada abogan porque aquellos que ostentaron la más alta representación de la autonomía no tengan la facultad de convertirse, desde el momento de su cese, en miembros natos del Consell Jurídic Consultiu (CJC), un órgano que Meco califica de “paraíso” para los ex presidentes, a pesar de haber conseguido recientemente una rebaja de 15 a 8 años del techo de tiempo máximo de sus miembros. Resulta paradigmático que el sueldo público percibido por pertenecer a esta estructura sea casi más alto que el del propio President de la Generalitat.

“El CJC es una puerta giratoria gigante de un espacio público a otro espacio público”, afirma Meco sobre un órgano presumiblemente técnico que resuelve cuestiones de legalidad y expedientes de responsabilidad patrimonial de diferentes administraciones. La alternativa, tanto para Podem como para Compromís, pasaría porque los ex presidentes puedan acceder al Comitè Econòmic i Social (CES), sin sueldo y con un único mandato de cinco años.

Una factura millonaria

1.020.916,03 euros. Es el coste total de las prebendas de los ex presidentes de la Generalitat para las arcas públicas valencianas desde junio de 2003 a febrero de 2018, según la respuesta de la Conselleria de Hacienda al grupo Podem. Más de dos tercios de este desembolso (724.986,69 euros) han ido a parar al mantenimiento de la oficina de Francisco Camps, en el ojo del huracán por Gürtel y otros frentes judiciales como el caso de la Fórmula 1. Camps es, además, el único de todos los ex presidentes valencianos que se han acogido a la prerrogativa de pertenecer al CJC, del cual es miembro desde 2011. Su retribución asciende a 90.276,21 euros para este 2018.

El resto de la partida millonaria se desglosa en las oficinas de Alberto Fabra (244.294,92 euros, al tiempo que es senador) y José Luis Olivas (51.634,42 euros en el período 2003-2004), éste último condenado por falsedad en facturas y fraude, y que afronta actualmente el juicio por el desfalco de Bankia y Banco de València en México. Por su parte, Eduardo Zaplana se acogió al Estatuto de los ex presidentes para beneficiarse de la seguridad y Joan Lerma es el único de los cinco cargos de la alta magistratura de la Generalitat que renunció a las prebendas. Actualmente es senador.

Meco pone el acento en la opacidad de estas oficinas. “La situación es muy rocambolesca. Se supone que el ex presidente atiende a los intereses de los valencianos. ¿Cuáles? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿En qué se traduce esto? Lo que sí sabemos es que tienen dos asesores y chófer. ¿Unos asesores que les asesoran en qué? ¿Un chófer que le lleva dónde? Hay toda una serie de gastos sin límite; es una barra libre”, denuncia la portavoz de la formación morada.

Para los impulsores de la nueva ley es urgente asimismo poner freno a la compatibilización de cargos públicos o privados, así como establecer claramente los supuestos de revocación de los Molt Honorables que hayan estado condenados por sentencia firme por delitos contra la administración pública.

Pensiones vitalicias y consejos consultivos

El caso valenciano se adscribe en el de los territorios que han determinado por la vía legislativa prerrogativas y retiros con compensaciones a aquellas personas que en su día accedieron a representar la más alta institución autonómica. El mapa de los privilegios en el estado español dibuja escenarios diferentes, que van desde los sueldos vitalicios al derecho a oficina o vehículo. En Catalunya, el ex presidente Jordi Pujol, acorralado por el caso de su herencia, renunció en 2013 a los beneficios de la pensión vitalicia, consistente en un 80% del sueldo de presidente en ejercicio durante la mitad del tiempo que permaneció en el cargo. Se calcula que Pujol recibió unos 82.000 euros anuales por este concepto. No es la única fuente de beneficios: el mismo Jordi Pujol aprobó en 2003 una ley que garantiza una paga vitalicia de alrededor del 60% del sueldo una vez alcanzada la edad de jubilación y una pensión de viudedad para la pareja del ex presidente o ex presidenta. Retribuciones similares son disfrutadas por los ex presidentes del Parlament y hacen de Catalunya uno de los territorios con las prebendas más suculentas para los líderes de las principales instituciones.

Como en el País Valenciano, en comunidades como Galicia o Castilla y León, los expresidentes gozan de la facultad de formar parte de los consejos consultivos. En el caso de la Comunidad de Madrid, esta prerrogativa fue suprimida en 2015 por Cristina Cifuentes, a exigencia de Ciudadanos, lo que ha supuesto que la ex presidenta madrileña no pueda acogerse a un privilegio que sí disfrutaron Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González. En territorios como Andalucía, La Rioja o Cantabria se han suprimido o recortado durante los últimos años algunas de las prebendas contempladas para los ex presidentes.

En el caso de los ex presidentes del Gobierno de España, desde 1992 rige un decreto que regula el Estatuto de los expresidentes que actualmente afecta a Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Tras la moción de censura, Rajoy solicitó la asignación anual como ex presidente para gastos de oficina y seguridad. Ser ex presidente del Gobierno también concede el derecho a formar parte del Consejo de Estado, un puesto que está remunerado con 75.000 euros anuales y que es incompatible con la empresa privada.