Se respira malestar en el Partido Popular tras la intervención que protagonizó el pasado miércoles su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, en la que llamó "hijo de terrorista" al vicepresidente Pablo Iglesias, eclipsando al resto de intervenciones de su grupo en la sesión de control, incluida la de Pablo Casado. A muchos de sus colegas de escaño no les gustó la actitud de la dirigente conservadora. "Se pasa siempre. No se da cuenta de que así da argumentos a los demás. Con un poco de autocontrol podría ser más eficaz, pero no lo tiene", explicaba una diputada a este diario.

Sin embargo, los representantes del principal partido de la oposición han mantenido un tono duro y bronco durante esta emergencia sanitaria —y también durante los meses previos, acusando a Pedro Sánchez de ser un "fraude electoral" y un "personaje sin escrúpulos"—, salvo contadas excepciones. Empezando por el líder del PP. Casado insistió poco después de decretarse el estado de alarma que su formación sería "leal" al Gobierno al mismo tiempo que acusó a Sánchez de "parapetarse en la ciencia" y cometer "graves negligencias".

Conforme avanzaban las semanas, Casado incrementaba el tono. Pero no solo él, también su número dos, Teodoro García Egea. El 24 de marzo, ni una semana después de que el PP diera su 'sí' al estado de alarma, el secretario general del PP aumentó los decibelios y declaraba responsable a Sánchez de "todo lo que ocurra" durante la crisis. Poco duró aquello de "remar en la misma dirección", que sostuvo Casado en el pleno del día 18 de marzo. "Sánchez no ha sabido liderar el estado de alarma, por su incapacidad de gestión y su inacción", dijo García Egea ante la prensa.

Solo un día después, en el pleno del Congreso Casado acusó Sánchez, de "no estar a la altura" del momento actual, de "abandonar a su suerte" a los sanitarios y de "defraudar de nuevo" a los españoles. "En las últimas 24 horas han muerto 738 personas por el virus, más del doble de todas las que caben en este hemiciclo. En solo un día. Esto es terrible", le dijo el líder del PP al socialista.

Es más, esta manera de echarle en cara los fallecidos por la covid-19 se convirtió en recurrente en el discurso de Casado, llegando a instrumentalizarlos de manera similar a lo que hace el PP con las víctimas del terrorismo de ETA. El conservador llegó incluso a reprocharle a Sánchez el hecho de que no cambiase el color de su corbata para ponerse de luto y a preguntarle: "¿Cuántas (personas) más tienen que morir para que se decrete el luto nacional?", le espetó.

La posición del PP también fue virando con respecto al estado de alarma. Después de dar su voto afirmativo en tres ocasiones, Casado decidió abstenerse en la cuarta y votar en contra en la quinta. El jefe de la oposición, que antaño protestaba porque las medidas del Gobierno habían sido, a su juicio, "insuficientes" y apelaba a "pecar en exceso", calificó el estado de alarma de "agujero negro para las libertades públicas".

En su última intervención pública el pasado lunes, Casado pidió a los barones del PSOE que se rebelaran contra Sánchez por el pacto con Bildu y pasó de considerar que España estaba en un "Estado de excepción encubierto" a uno de "control absoluto" por el "toque de queda" que "jamás se había visto en la historia democrática", ni si quiera en el intento de golpe de estado del 23-F.

Cargos de la dirección  propagaron bulos contra el Gobierno

En su estrategia para desgastar al Gobierno, los populares se han hecho eco de los bulos que propagan los cientos de cuentas que se organizan en Twitter y otras redes sociales para inflar tendencias que recogen noticias falsas y ataques personales contra miembros del Ejecutivo bajo etiquetas como "Gobiernocriminal". Entre ellos, el portavoz en el Senado, Javier Maroto, también sobre que el gobierno celebró y alentó la manifestación del 8-M cuando "ya sabía una semana antes que el contagio del coronavirus era masivo".

El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, el de Política Local, Antonio González Terol y la de Política Social, Cuca Gamarra, también se han hecho eco de noticias que también han resultado ser falsas. El primero de ellos publicó que Leire Pajín asesoraba a Sánchez en temas relacionados con la Covid desde un think tank subvencionado por el Gobierno, pero resultó ser falso. Desde la organización de ISGlobal lo desmintieron.

González Terol acusó a Turquía de robar material sanitario a España y criticó que el Gobierno no estaba haciendo nada. Al día siguiente de denunciarlo, se autorizó la exportación de los respiradores fabricados en Turquía con destino a España, a petición de Navarra y Castilla La-Mancha. Gamarra, por su parte, denunció la "vergüenza" que suponía que hubiera material sanitario confiscado en las comisarías de policía. Sin embargo, se trataba de un lote que había sido localizado en dos inspecciones realizadas en locales comerciales de Madrid y que fue inmediatamente puesto a disposición del personal sanitario.

Ayuso lidera un choque frontal contra el Gobierno

Desde el inicio de la pandemia los presidentes autonómicos del PP han sido la voz de Pablo Casado en esta emergencia sanitaria. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha sido la encargada de liderar la oposición frente a Sánchez prácticamente cada día, y llegando a acusar al Gobierno de bloquear la llegada de material sanitario a Madrid. "No debimos confiar en un Gobierno que se ha ufanado de usar la mentira para llegar y permanecer en el poder" dijo en la Asamblea de Madrid el pasado mes de abril.

"Reconozco mi error: fiarme de la izquierda. Les aseguro que no volverá a ocurrir", prosiguió en referencia al Ejecutivo de coalición. "Inoperante","insolvente", listo para "ordenar con desorden y mandar sin gestionar" con una política "errónea y liberticida", fueron algunos de los calificativos dirigidos al Gobierno en el citado pleno.

El pasado 15 de mayo dio un paso más allá y llevó su guerra contra el Gobierno a los tribunales. La Comunidad de Madrid interpuso un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la Comunidad de Madrid el paso a la fase 1 en dos ocasiones.