MADRID. - El PP, con la colaboración de Ciudadanos, ha logrado este martes mantener el veto del Gobierno a la tramitación en el Congreso de los Diputados de una proposición de ley que establece un aumento de las pensiones para 2017 con el fin de que no pierdan poder adquisitivo en relación con la subida prevista del IPC. La Mesa de la Cámara ha acordado solicitar información adicional al Ejecutivo sobre este punto, con la oposición del PSOE y la abstención de Podemos.

Previamente a la reunión de la Mesa, la mayoría de los grupos parlamentarios del hemiciclo del Congreso de los Diputados han exigido que se levante el veto que ha comunicado el Gobierno a la tramitación de esta iniciativa parlamentaria presentada de forma conjunta por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y el grupo mixto que persigue superar el aumento previsto por el Ejecutivo de 0,25% para el próximo año, muy por debajo de la inflación prevista, en torno al 1,2%.

Todos los grupos de la Cámara baja (salvo el Grupo Popular y Ciudadanos) se han manifestado en contra del veto del Gobierno por entender que no son razonables sus argumentaciones “porque se basan sobre un supuesto falso ya que no están elaborados los presupuestos generales del Estado para 2017”, según se explica en un escrito del grupo socialista dirigido a la Mesa.

Los portavoces de Unidos Podemos, ERC y otras formaciones minoritarias se han mostrado también en contra del veto del Gobierno antes de una reunión mantenida con los sindicatos UGT y CC OO a primera hora de la mañana. “Es inexplicable que se muestre a favor de asumir el rescate de las autopistas inviables y de la banca mientras que permiten que las pensiones pierdan poder adquisitivo”, ha dicho Rafael Mayoral, portavoz de la formación morada en este asunto. Desde primeras horas de la mañana decenas de jubilados han protagonizado una protesta ante las puertas del Congreso de los Diputados.

Jubilados protestan ante las puertas del Congreso por las pensiones / EUROPA PRESS

Ignacio Prendes, vicepresidente primero del Congreso, de Ciudadanos, ha explicado que la decisión de su grupo de solicitar información adicional al Gobierno “se basa en los informes jurídicos de la cámara que tienen en cuenta sentencias previas del Tribunal Constitucional y precedentes significativos”. En su opinión, con la solicitad de más información al Ejecutivo subyace “una llamada a eliminar la dinámica de conflicto de atribuciones entre ambas instancias (Gobierno y Congreso) que no puede mantenerse”.

Fuentes parlamentarias aseguran que a partir de esta solicitud de información añadida el Gobierno dispone de 15 días para remitirla a la cámara. “Una vez se reciba la volveremos a estudiar”, ha explicado Pendes, quien no ha sabido precisar si la Mesa estará en disposición de analizar la nueva documentación en su última reunión del año, inicialmente prevista para el 27 de este mes de diciembre.

En esa línea, tanto Prendes como otras fuentes de la Mesa han confirmado que este órgano ha decidido levantar el veto que el Gobierno, en función de sus atribuciones recogidas en la Constitución y el reglamento de la Cámara baja, había planteado a la tramitación por parte de la cámara de las iniciativas parlamentarias para reformar la LOMCE (que ya ha sido debatida y aprobada por el pleno de la Cámara baja) y la reforma del Estatuto de los Trabajadores que contempla la igualdad de condiciones para los empleados subcontratados respecto de los de las empresas para las que trabajan.

Otras 14 propuestas legislativas de distinto calado se encuentran también con vetos planteados por el Gobierno por entender que afectan a la estabilidad presupuestaria, argumento que se esgrime para justificar el veto, tal como se recoge en la normativa vigente. Sin embargo, fuentes parlamentarias consideran que este planteamiento es incorrecto toda vez que en estos momentos no existe ni siquiera presentado a la cámara un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017.