El PP de Pablo Casado presume de transparencia y asegura combatir activamente la corrupción que salpica a algunos de sus más destacados exdirigentes, si bien reedita viejas prácticas de sobra conocidas, muy habituales en etapas previas. A un par de semanas del arranque del juicio por la destrucción de los discos duros de su extesorero, Luis Bárcenas, el primero en el que un partido se sienta en el banquillo de los acusados como persona jurídica, el PP ha remitido un escrito al juzgado de lo Penal 31 de Madrid, en el que reclama que no se retransmita la vista.

La formación está acusada de un supuesto delito de daños informáticos, y en el banquillo se sentarán tres trabajadores del partido, entre ellos su gerente y extesorera, Carmen Navarro; el director de los Servicios Jurídicos, Alberto Durán, y el exresponsable informático de los conservadores, José Manuel Moreno. Bárcenas declarará como testigo, junto a la exsecretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, hoy retirada de la política. 

La petición de ofrecer señal institucional para seguir el juicio, cursada por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se justificaba en base a la necesaria "transparencia judicial".  Sin ir más lejos, el juicio a a la cúpula del procés, en el Tribunal Supremo, se retransmite íntegramente por streaming. 

No obstante, en el escrito al que ha accedido Público, el PP niega que el Gabinete del TSJM tenga "legitimación" para plantear esta solicitud, al no ser "parte procesal". Según Génova, la petición "carece de anclaje legal", y únicamente perseguiría la "realización de un juicio mediático que ocasionaría el escarnio público de los acusados".

"Ni 'interés social' ni 'transparencia del proceso' pueden justificar tal intromisión en los derechos fundamentales de los intervinientes. "La verdadera motivación que parece subyacer a la petición del Gabinete de Comunicación del TSJ de Madrid es la realización de un juicio mediático que ocasionaría el escarnio público de los acusados". "Intensificaría la pena de banquillo a la que llevan sometidos desde su imputación en la presente causa", reza el escrito. 

El PP argumenta también que ninguno de los acusados es una figura pública, obviando que el propio partido es una persona jurídica muy conocida, y que hasta las elecciones del 28-A se situaba como la fuerza política más votada del país. Además, y pese al importante precedente del Supremo, la defensa del Partido Popular afirma que "la retransmisión en directo de las sesiones del juicio oral "vulnera los derechos a la intimidad, a la propia imagen y al honor" del partido, "y muy especialmente de su representante especialmente designado así como del resto de intervinientes, que no son políticos ni personajes públicos, sino personas anónimas que desean conservar su anonimato". 

Incluso afirma que "pone en riesgo el buen funcionamiento de la Administración de la Justicia, por el componente intimidatorio inherente a la presencia de medios audiovisuales en la sala que están retransmitiendo el juicio en directo, lo que supondría una vulneración del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías". Sostiene además que iría contra la presunción de inocencia, que la cobertura íntegra "vulneraría el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la incomunicación de los testigos, y recuerda que los periodistas ya pueden acceder a la sala.

Además, incide en que ninguna de las acusaciones ha pedido la retransmisión de la causa, si bien ya se han mostrado favorables a esta medida. La Fiscalía decidió retirar su acusación, y el PP trató de acogerse a la doctrina Botín, sin éxito. Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), dos de las tres organizaciones que ejercen la acusación popular, sí están a favor de televisar el juicio.

Los manejos del PP, en este y otros casos

Hay varios ejemplos de maniobras del PP para retrasar o dificultar la acción de la Justicia. En esta misma causa, los conservadores intentaron apartar a la juez de instrucción, Rosa María Freire. La Audiencia Nacional dio portazo a su petición, construida sobre la supuesta "cercanía" de Freire con el PSOE. 

No obstante, el caso más recordado es el de su expulsión como acusación popular en Gürtel, la trama corrupta por la que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo y perdió el Gobierno, vía moción de censura. La Audiencia Nacional echó de la causa al partido entonces liderado por Mariano Rajoy en 2013, para evitar que se sirviera de este rol para beneficiar a Bárcenas.