El Congreso de los Diputados aborda hoy el debate de las enmiendas presentadas a la proposición de ley del PP que establece nuevos límites a la justicia universal. El PP ha propuesto mejorar el texto para reforzar la lucha contra la delincuencia sexual infantil, la piratería en alta mar o la criminalidad organizada, mientras que la oposición ve en la iniciativa una forma de 'amparar a los tiranos' y desproteger a los españoles.

La Cámara Baja debatirá y votará las enmiendas, para su posterior traslado al Senado, presentadas a una proposición de ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y supondrá el archivo de una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional. Entre ellas, los casos de José Couso, Ellacuría o el genocidio en el Tibet.

Los 'populares' plantearán mejorar la redacción en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia organizada transnacional para extender la persecución de los tribunales españoles sobre los grupos criminales extranjeros que tengan la intención de cometer delitos especialmente graves en España.

El PP impulsa la actuación de los jueces españoles en casos de abordaje en alta mar de buques que no lleven pabellón español, mientras que sugiere extender su competencia para juzgar a todos los responsables de cometer abusos sexuales en el extranjero sobre menores españoles o que residan habitualmente en nuestro país.

Incluye los supuestos en que se beneficie una persona jurídica domiciliada en España, sin exigir que su responsable se encuentre en territorio nacional. El PP incorpora los criterios de extensión de la jurisdicción previstos en el Convenio del Consejo de Europa, de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública.

Los grupos de la oposición han presentado numerosas enmiendas de totalidad y al articulado a la reforma que restringe el principio de justicia universal al entender que 'ampara a corruptos, mafiosos, genocidas y tiranos', mientras deja indefensos a los españoles víctimas de crímenes internacionales de extrema gravedad.

Grupos como PSOE, UPyD y ERC han presentado un texto alternativo al entender que la iniciativa de los 'populares' 'dificulta hasta su práctica inviabilidad' la competencia de los tribunales españoles para juzgar estos hechos y envia un 'mensaje de impunidad' a los responsables de 'gravísimos' delitos.

El PSOE, que ha presentado una enmienda a la totalidad, añade que 'no es admisible' que la reforma afecte a las causas actualmente abiertas y está convencido de que el 'origen y fundamento de esta proposición' es 'impedir la continuación de estos procesos'. 'La aplicación retroactiva vulnera claramente los derechos constitucionales de las víctimas y choca frontalmente con los principios constitucionales recogidos en el artículo 9.3 de la Carta Magna', añade.

UPyD pide también retirar la propuesta del PP porque 'liquida' la jurisdicción universal y pone como ejemplo que dejará en el desamparo a 'tibetanos, guatemaltecos, víctimas españolas de graves delitos o a los familiares de José Couso, de Ignacio Ellacuría, de Carmelo Soria'. 'Son tan numerosos los obstáculos que plantea, que la justicia universal queda prácticamente derogada', remacha, para sugerir que sean los jueces quienes evalúen en cada caso la posible retroactividad.

Por su parte, ERC plantea una 'verdadera jurisdicción universal' en la que los magistrados españoles puedan conocer de los crímenes internacionales con independencia a la nacionalidad de las víctimas o el lugar en el que fueron cometidos. Tilda de 'dislate jurídico' el sobreseimiento retroactivo propuesto en la reforma y reclama evitar el uso del indulto en estas figuras delictivas.

ERC, Izquierda Plural o CiU cuestionan que la acción se deje en manos de la Fiscalía y la acusación particular e instan a incluir a la acción popular. Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) extiende la justicia universal al blanqueo de capitales, la delincuencia informática la malversación de caudales públicos siempre que su cuantía no supere los 150.000 euros.

Asimismo, CiU se opone a que se suprima la denuncia del agraviado o del Ministerio Fiscal como mecanismo para activar la jurisdicción española en delitos cometidos en el extranjero y ve de 'dudosa legalidad' que se puedan archivar las causas actualmente en tramitación.

El Grupo Mixto ha formulado otra enmienda a la totalidad, a iniciativa del diputado Joan Baldoví de Comprimís-Equo, en contra de la 'cesión de nuestra soberanía' y la 'dejación de funciones' que plantea el PP con la finalidad de que el Estado 'mire hacia otro lado' cuando se cometa un crimen en el extranjero contra un ciudadano español. El PNV también pide suprimir el redactado propuesto por el PP.