El Partido Popular ha tratado de neutralizar las graves acusaciones que los partidos de la oposición están haciendo contra la ley de seguridad ciudadana (un 'proyecto de represión ciudadana', según el PSOE, o una 'ley de patada en la boca de la democracia', según la Izquierda Plural) apelando a su desinformación. 

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha asegurado esta mañana que las críticas de los partidos se deben a que 'no se han informado' de un proyecto que, en cualquier caso, irá al Consejo de Ministros este viernes, por lo que, entonces, se le dará 'mayor concreción'. Alonso ha querido destacar que la nueva ley de seguridad ciudanana permitirá aligerar el Código Penal -también en proceso de cambio por parte del Ejecutivo- ya que 'un montón de conductas' que recoge esta norma pasarán a ser 'infracciones administrativas' en la ley de seguridad ciudadana.

Como ejemplo de la ausencia de conocimiento sobre esta ley, Alonso ha señalado las informaciones que hablan de que la nueva ley incluirá sanciones de hasta 600.000 euros por protestas sociales, como los escraches o las manifestaciones ante el Congreso. Sin desmentir la cuantía, el portavoz conservador ha recordado que con la llamada 'ley Corcuera' (la norma socialista que el Ejecutivo está modificando y que data de 1992) las penas máximas también podían alcanzar hasta los 100 millones de pesetas, lo cual, 'hace veinte años', suponía un desembolso mayor.

El PP cree que en las dos décadas que han transcurrido con la norma socialista, 'las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han evolucionado' y el contexto social ha cambiado, por lo que nueva ley de seguridad ciudadana se hace necesaria cuando 'la ley del 92 ya no da las suficientes garantías'. En cualquier caso, Alonso ha alabado 'el importante debate' que se ha abierto con el proyecto del Gobierno.