El portavoz de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, se ha reunido este jueves con el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), para avanzar en el presupuesto del próximo año, que será el tercero que la ultraderecha le vote al Gobierno que comparte Juanma Moreno (PP) con Ciudadanos, si nada se tuerce.

Entre las cosas que Hernández viene reclamando al Ejecutivo andaluz antes de dar el sí definitivo a las nuevas cuentas está cumplir con los compromisos adquiridos en pactos presupuestarios previos.

Uno de ellos, señero, por la carga de profundidad que tiene contra el movimiento feminista, es el así llamado teléfono contra la violencia intrafamiliar, una medida innecesaria porque ya existen instrumentos que atienden la problemática que pretende justificar la medida.

Este teléfono lo pactaron Vox, PP y Ciudadanos hace más de un año y, junto a otros acuerdos, llevó al inicio del periodo de estabilidad política –un valor relevante en tiempos de zozobra– que el apoyo de la ultraderecha viene garantizando al Ejecutivo de Moreno. La puesta en marcha de este teléfono no invalida los demás sistemas de protección que ya tiene habilitados la Junta de Andalucía.

Así, en plena negociación presupuestaria, este viernes entra en vigor el teléfono 900 300 003 para la atención e información sobre la violencia intrafamiliar de la Junta de Andalucía, que así se llama, y, a pesar, del intento de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de camuflarlo como una medida más, es toda una capitulación frente a Vox, necesaria para implantar, presupuesto a presupuesto, el proyecto conservador y liberal en Andalucía, después de 37 años de gobiernos socialistas.

La consejera Ruiz en la presentación del teléfono, según un comunicado de la Junta de Andalucía, destacó su utilidad y el apoyo que supondrá para las familias que padecen la violencia: "Una iniciativa destinada a servir a padres, madres, hijos e hijas como vía para encontrar apoyo, comprensión y acompañamiento en momentos difíciles. Este teléfono busca superar esa estigmatización que en no pocas ocasiones hace que las familias que viven esta violencia en su seno permanezcan en silencio".

Críticas de la oposición

La puesta en marcha de la medida ha provocado un aluvión de críticas entre el feminismo y también de la oposición.

Así, la expresidente de la Junta, Susana Díaz, hoy secretaria general del PSOE de Andalucía, manifestó: "En mitad de una pandemia y con los servicios públicos hechos trizas, la única preocupación del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su gobierno es contentar a la ultraderecha. El teléfono que tiene que poner es el de Salud Responde, que hace demasiado tiempo que no responde".

"En lugar de potenciar los teléfonos que ya existen y que cubrían las diferentes necesidades, el Gobierno andaluz distrae y complica aún más las cosas a las víctimas", lamentó, por su parte, Ángela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía.

Esta iniciativa "es una afrenta a las mujeres que han sufrido violencia machista", agregó Aguilera. "Es una vergüenza que este Gobierno siga sin reconocer que hay una violencia estructural contra las mujeres que se está sufriendo y viviendo en estos momentos", remachó.

También las asociaciones se han llevado las manos a la cabeza por el lanzamiento del teléfono y el uso, avalado por la propia Consejería –y por la consejera– que lleva el nombre de Igualdad. La Coordinadora Andaluza de ONG de Desarrollo (Caongd) considera que es "una herramienta más de la negación de la violencia machista que persigue la ultraderecha".

Según ha defendido la Caongd en un comunicado, dicho teléfono "genera confusión en la población y da respuesta al objetivo de Vox de negar la violencia machista". Frente a ello, la coordinadora subraya que "la violencia machista existe, y es obligación de los Estados establecer políticas de prevención, protección, persecución penal y de coherencia con otras medidas para dar respuesta a la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo".