El 21 de abril. Esa es la fecha límite que PP y Ciudadanos tienen para rehacer su pacto en Murcia. Ese día, la presidenta de la Asamblea regional, Rosa Peñalver, tendrá que nombrar a un candidato a la investidura tras las correspondiente consulta previa a los grupos parlamentarios.

Los conservadores, que permitieron al dimitido Pedro Antonio Sánchez nombrar a su sucesor, ya tienen a uno: Fernando López Miras. El joven (33 años) diputado por Lorca y coordinador general del PP de la Región de Murcia (PPRM) reúne al menos una condición para que quienes han de ser sus socios le permitan gobernar: no está imputado.

Sin embargo, es precisamente el alcance en el ámbito político del término investigado (antiguo imputado) el primero que ambos partidos tendrán que redefinir en su nuevo acuerdo. En el anterior, la obligación de dejar el cargo la marcaba "la imputación por corrupción política". Pero el PP, que fue quien cambió el término de imputado por "investigado", aprovechó la situación para defender al exjefe del Ejecutivo murciano. Para ellos, ni estaba "imputado formalmente" ni se trataba de un caso de corrupción política. "En todo caso, se trata de un error administrativo", siguen argumentando los conservadores para excusar el pago millonario de un Auditorio que nunca terminó de construirse. Para los naranjas, esa justificación no es más que una tomadura de pelo. "No existe el término 'imputado formalmente'", se quejaban en la formación.

Algo parecido les ocurrió con el pacto de investidura de Mariano Rajoy. En la parte de acuerdos anticorrupción, el PP obligó a C's a eliminar el nombre de Bárcenas de la redacción del mismo. El punto número seis se quedó así: "Creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular". Pero cuando llegó el momento de llevarlo a la práctica, para los de Albert Rivera, ello significaba investigar la caja B del PP en el Congreso, mientras que para el PP la comisión de podía celebrar "en el Congreso o en el Senado" [donde sí tienen mayoría absoluta] y mantenían que investigar las cuentas del PP no excluía hacerlo también con el resto de partidos. Una estrategia que buscaba amedrentar a la oposición para que no se atrevieran a levantar todas las alfombras. Al final, el PP será investigado en la Cámara baja. El resto de partidos, en la alta. 

El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (c); el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo (d); y el candidato del PP de Murcia a la Presidencia de la Región, Fernando López Miras (i). EFE

Ahora C's tiene la oportunidad de enmendar errores y cambiar la brocha gorda por la fina en la redacción del nuevo pacto para establecer el alcance de la responsabilidad política en caso de imputación por corrupción.

Y, aunque se niegan a destapar sus cartas antes de que empiece la partida negociadora (Rivera asegura que su principal objetivo ahora es " suprimir los aforamientos" -que se puede hacer en el ámbito autonómico- y prohibir, a nivel nacional, que los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia sean nombrados por los Parlamentos regionales), tienen tres opciones.

La primera: mantener su postura inicial y exigir al PP que marque la imputación en el momento en que alguien es citado por un juez como investigado. Con ello, el expresidente murciano debería ser obligado a abandonar el escaño que no dejó. Así, perdería el aforamiento que a día de hoy le corresponde como diputado y se complicarían sus intenciones de volver al poder en caso de que sus procesos judiciales [también el juez de la Púnica ha pedido imputarle] se resuelvan con su absolución. Una opción, por tanto, que no parece fácil de aceptar por los populares.

La segunda sería fijar la imputación en el momento del procesamiento/encausamiento. Esto es, cuando termina la instrucción y el juez concluye que hay causa para procesar a un político. Y la tercera, en el momento posterior de sentarlo en el banquillo, cuando se dicta formalmente el auto de apertura de juicio oral.  Algo a lo que se ha comprometido Pedro Antonio Sánchez: dejará el escaño si le abren juicio oral.

Y es que esta última opción es la que marcan, por ejemplo, los Estatutos del PP para pedir el acta a los suyos. "Y la ley propuesta por Ciudadanos", recuerdan fuentes de la formación conservadora con ironía. Con ello hacen referencia a la Proposición de Ley integral contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que fue presentada por C's en el Congreso, que marca el juicio oral como motivo de incompatibilidad con el cargo público y que fue aprobada por unanimidad con sólo los cinco votos en contra del PNV.

Pese a ello, en Ciudadanos siguen defendiendo que abrieron la mano en dicha propuesta de reforma del Código Penal porque, de haber sido más estrictos, la "vieja política" no la habría apoyado. Presumen, además, de haber conseguido arrancar tanto a PP como a PSOE condiciones más duras en sus correspondientes pactos autonómicos. "Y se tienen que cumplir",  insisten los naranjas a pesar de que en Murcia, como con Rita Barberá, sólo se han cumplido a medias. 

Justos vs. justicieros

En el PP, donde acusan a Ciudadanos de hacer demagogia con la corrupción para intentar marcarse un tanto, defienden que hay que diferenciar el "ser justos" de ser "justicieros". Así metaforizó el número tres de la formación, Fernando Martínez-Maillo, el día en que el expresidente murciano dimitió. 

El coordinador general hizo entonces un alegato en favor de la "presunción de inocencia" lamentando que "hoy por hoy" se lleva más la "presunción de culpabilidad". Un canto que ya realizó María Dolores de Cospedal en el Congreso nacional del PP en el que también se aprobó una enmienda en los Estatutos que incide en la reparación de daños en caso de que un miembro del partido haya sido apartado y luego resulte absuelto. Se trata de permitir el "regreso a la vida pública" como "rehabilitación de la reputación", en términos de Maillo. 

Los populares, por tanto, son partidarios de defender la presunción de inocencia y de no apartar a un cargo político hasta que se le abra juicio oral. Además, Maillo dejó entrever que en el PP quieren impulsar otro debate: el de si se debe permitir o no a los partidos políticos que ejerzan como acusación particular en un juicio. Lo hizo al incidir en la vendetta de la oposición en el caso de Pedro Antonio Sánchez. "Quieren conseguir en los tribunales lo que no fueron capaces de lograr en las urnas", sentenció. "No se puede dejar a la interpretación de los partidos los momentos en los que un político tiene que abandonar", agregó.

En Ciudadanos, por su parte, defienden que "una cosa es la responsabilidad judicial, que marcan los tribunales, y otra es la asunción de responsabilidades políticas". Y a esas, recuerdan, también se comprometió el PP al firmar sus pactos autonómicos, como el de Murcia.

Otro alto cargo del PP va más allá. Sin atreverse a dar su propia definición de "imputado por corrupción política", aboga por empezar a negociar un pacto nacional anticorrupción en el que todos los partidos, previa consulta con juristas y otros expertos en la materia, determinen de una vez por todas qué significa y en qué casos un político está obligado a retirarse. Un pacto anticorrupción que también quiere Rajoy, aseguran fuentes de Génova, que admiten que, no obstante, este tema no está todavía en su agenda política. En Murcia tendrán que darse más prisa. Sólo tienen hasta el 21 de abril.