El PP se niega a declarar sobre los discos duros de Bárcenas mientras presume de colaborar con la justicia

MADRID.- El Partido Popular se ha negado a declarar ante el Juzgado que instruye la causa abierta por la destrucción en 2013 de los discos duros de su extesorero Luis Bárcenas donde se investiga si se pudieron cometer los delitos de daños informáticos y encubrimiento.

El PP manifiesta que ha actuado “como hace siempre dentro del más escrupuloso respeto por la legislación”

El representante del PP se ha negado a responder a las preguntas de la juez Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, así como a la Fiscalía y las acusaciones.

En su escrito, el PP asume y ratifica las declaraciones realizadas ante el Juzgado de tres investigados: su tesorera, Carmen Navarro, su asesor jurídico -Durán- y su director de Sistemas de Información, José Manuel Moreno, quien aún no ha declarado en el Juzgado.

“En ningún momento se han destruido o borrado ninguna información del Sr. Bárcenas, dado que los ordenadores, propiedad del Partido, que en su día usó en el mismo fueron abandonados sin información

“En ningún momento se han destruido o borrado ninguna información del Sr. Bárcenas -sostiene el escrito-, dado que los ordenadores, propiedad del Partido, que en su día usó en el mismo fueron abandonados sin información, dato, archivo, registro o programa de ningún tipo, como el citado declaró en el Juzgado Central de Instrucción número 5”.

El abogado 'salva' a Cospedal

Alberto Durán ha respondido a las preguntas de la juez instructora y de la Fiscalía, pero se ha negado a contestar a las planteadas por las acusaciones ejercidas por IU y la Asociación Libre de Abogados (ALA), que fueron quienes interpusieron la querella inicial, y por el Observatori de Drets Humans (DESC).

Durán ha reconocido que Cospedal tomó la orden de impedir la entrada de Bárcenas a la sede central del PP de la calle Génova de Madrid. Pero fue él la persona que en febrero de 2013 ordenó descerrajar la Sala Andalucía de dicha sede, que Bárcenas había dejado cerrada con llave y donde trabajó tras dimitir como senador por su implicación en el caso Gürtel.