El vicesecretario general de Estudios y Programa del PP, Esteban González Pons, ha declarado en el juicio contra Carlos Fabra que el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial no hizo nada para que él mediase y favoreciese a la empresa Naranjax en la época en que fue portavoz del grupo popular en el Senado.

No obstante, ha señalado, durante su comparecencia por videoconferencia, que 'tampoco habría sido nada raro' porque 'todos intentan beneficiar a las empresas de su región'.

Preguntado por si Fabra se dirigió a él para pedirle un favor en la tramitación de la ley de Sanidad Vegetal, González Pons lo ha negado y ha explicado que el expresidente 'era muy importante en el PP y no necesitaba dirigirse a mí, pues podía hablar con los ministerios, ya que yo era un intermediario'. 'Él tenía acceso a los ministros, que serían los que me autorizarían presentar enmiendas', ha añadido.

'Todo el mundo hace gestiones cuando se tramitan leyes para intentar influir', dice Pons 'En los muchos años que llevo en el parlamento, presidentes provinciales, empresarios, asociaciones y todo el mundo hace gestiones cuando se tramitan leyes para intentar influir y luego depende de la libertad de la cámara aceptar enmiendas o rechazarlas', ha explicado el dirigente del PP al ser preguntado en el juicio que se sigue contra Carlos Fabra por su intervención como senador durante la tramitación de la ley de Sanidad Vegetal.

Al respecto, González Pons ha asegurado no recordar una reunión en Madrid con representantes de asociaciones de empresas de productos fitosanitarios y otros representantes políticos del PP con ocasión de la tramitación de esa normativa y ha aclarado que sí conoce por la testifical que realizó en este procedimiento que el grupo popular rechazó las enmiendas propuestas por esos empresarios.

'Yo era portavoz del grupo popular en el Senado y no seguía todos los proyectos de ley, sino sólo los más importantes, y esta ley no era de las relevantes, por lo que no le presté ninguna atención', ha señalado el testigo, quien ha añadido que cada día recibían 'cientos de peticiones' de asociaciones, particulares y representantes políticos 'para presentar enmiendas a las leyes, ya que es el Senado la última oportunidad'.

Además, ha destacado que 'llegaran como llegaran las propuestas de enmiendas se enviaban a los ministerios para que las calificaran, y las presentábamos si nos decían que podíamos'. En el caso de la Ley de Sanidad Vegetal, ha indicado que las enmiendas no se presentaron por parte del PP porque no fueron admitidas por el Ministerio.

Durante su declaración, ha resaltado que hace 14 años es posible que estuviera en muchas cenas con parlamentarios del PP de Castellón y con Carlos Fabra, aunque no recuerda ninguna en la que se trataran temas que tuvieran relación con productos fitosanitarios. Así mismo, ha indicado que tampoco recuerda que Fabra le preguntara por la ley de Sanidad Vegetal.

Tras investigar administrativamente a Fabra durante 1999, se hallaron indicios de delito En la misma sesión del juicio contra Fabra, también ha declarado como testigo un exinspector de la Agencia Tributaria. Según este antiguo inspector de Hacienda, nunca se aportó 'con carácter general' una explicación 'razonable' de los 'múltiples' ingresos en efectivo en las cuentas del expresidente de la Diputación de Castellón, tras investigarse por la vía administrativa el ejercicio fiscal correspondiente a 1999, en el que se hallaron indicios de delito, por lo que, según ha dicho, en 2005 se decidió remitir las actuaciones al ministerio fiscal.

El exinspector, testigo propuesto por su defensa, ha indicado que la Agencia Tributaria llevó a cabo inspecciones tanto a Fabra como a su exmujer Amparo Fernández de los ejercicios fiscales de 1999, 2000, 2001 y 2002 a raíz de remitirse en enero de 2004 desde la Inspección de la Agencia Tributaria de Tarragona información 'relevante', en la que se ponía de manifiesto a este órgano en Valencia 'hechos sobre una sociedad que se dedicaba a la fabricación de productos plaguicidas y que había adquirido fitosanitarios a Naranjax'.

Según ha explicado, la operación 'conllevaba emitir informes técnicos, emitidos por tres sociedades de la Comunitat, que habrían recibido 90 millones de pesetas'. 'Se decía que había falsedad en las operaciones, ya que las empresas eran carentes de actividad y no se dedicaban a este asunto -comercio al por menor, albañilería y transporte terrestre-'.

Así, ha destacado que debido a 'posibles facturas falsas', desde la Agencia Tributaria de Valencia se inició una investigación interna en 2004 que dio lugar a un informe en el que se proponía inspeccionar a 20 sociedades y personas físicas.

Además, según ha señalado, en el resto de ejercicios fiscales sólo se incoaron actas y expedientes sancionadores. El testigo ha asegurado que la Agencia Tributaria no tuvo 'nunca' conocimiento de que paralelamente se estuviera llevando a cabo una investigación penal por los mismos conceptos impositivos, 'pues hubiéramos suspendido la actuación administrativa', ha dicho. Asimismo, ha destacado que durante la inspección por vía administrativa hubo 'muchas dificultades', pues no hubo colaboración por parte del interesado. También ha manifestado que hubo pruebas que no pudieron obtenerse y que había cuentas bancarias de cuyos movimientos no se puedo disponer, por lo que considera posible que por la vía penal pudiera llegarse a un resultado diferente.