El Código Ético de la Policía impulsado por su director general, que se presenta este viernes en sociedad, ha sido pésimamente recibido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP),  mayoritario en el cuerpo y con un amplio historial de desencuentros con Ignacio Cosidó pese a la corta carrera de éste.

'Despropósito, pantomima publicitaria, reiterativo'. Son algunos de los calificativos usados por el SUP, que llega a mofarse de que el texto incluya la 'obviedad' de proponer que los agentes no cometan hechos delictivos, cuando prescribe que 'ninguna orden cuyo contenido constituya una infracción penal deberá ser cumplida'. El Código tampoco ha gustado a la Confederación Española de Policía (CEP), que lo considera 'inoportuno' y se queja además de que no se haga extensivo a la Guardia Civil. 

El Código Ético, de 23 páginas y 26 artículos, y que será examinado hoy por los responsables del Cuerpo y los sindicatos en el Consejo de la Policía,  establece que los policías, en su relación con  los ciudadanos, 'deberán actuar con empatía, imparcialidad, autocontrol y elegancia, utilizando un lenguaje verbal y no verbal correcto, comprensible y respetuoso en todas las actuaciones'.

Para el SUP, no se quiere un Código Ético 'de verdad', ya que el texto propuesto no tiene rango legal ni normativo alguno y no deja de ser una mera declaración de intenciones, en algunos casos de perogrullo. Una iniciativa 'mediática' en la que no quieren ser el 'florero'.

El Código insta a los agentes a actuar con independencia del poder político. Pero el SUP lo que reclama es que dejen de ser cesados 'mandos policiales por investigaciones sobre casos de corrupción que pudieran afectar a responsables políticos del partido que gobierna'. Aludiendo al caso del comisario destituido por Cosidó por falta de confianza por investigar sin comunicárselo a sus superiores al actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su ático marbellí.

 El documento establece que 'la Policía debe actuar con la suficiente independencia respecto del poder político conforme a criterios profesionales y no de mera oportunidad política'. Y deja claro que no habrá represalias para aquellos que desobedezcan órdenes ilegales: 'cada policía debe ser personalmente responsable de sus actos, de sus omisiones y, en su caso, de las órdenes dadas a sus subordinados. No incurrirá en responsabilidad el policía que incumpla una orden cuyo contenido sea ilegal'.

Insiste en que 'la Policía debe regirse por' estos principios y que 'el personal de Policía debe ejecutar las órdenes dadas por sus superiores', pero aclara que 'ninguna orden cuyo contenido constituya una infracción penal deberá ser cumplida'.

Este documento añade además que 'los policías deben ser apoyados por sus superiores y sus compañeros cuando den cuenta de cualquier acto de corrupción o violación de los principios éticos profesionales. Incurrirán en este tipo de actos tanto los que los realicen como los que los toleren, o los que conociéndolos no actúen para impedirlos o no los denuncien'.

En cuanto a las investigaciones policiales, el Código Ético recuerda que 'se pueden realizar por el mandato y decisión de la autoridad judicial, por denuncia ciudadana', pero también 'por propia iniciativa policial ante la existencia de sospechas razonables de que una infracción se ha cometido, se va a cometer, o en prevención de la misma, actuando siempre según lo previsto por la ley'. 'Los policías serán objetivos e imparciales en las investigaciones', añade.

El documento también establece una serie de normas de actuación de la Policía especialmente en su relación con los ciudadanos y en cuanto al uso de la fuerza. Así, indica que 'deberán actuar con empatía, imparcialidad, autocontrol y elegancia, utilizando un lenguaje verbal y no verbal correcto, comprensible y respetuoso en todas las actuaciones'.

'Los policías se abstendrán de cualquier ingesta de alcohol u otro tipo de sustancias estupefacientes, farmacéuticas o psicotrópicas que alteren el control de su personalidad o impliquen una reacción inapropiada para el desarrollo del servicio', dice el texto en el que también se incluye el rechazo a la tortura entendida 'como cualquier acto violento, físico o psíquico, realizado contra una persona que se encuentre bajo custodia policial con la finalidad de obtener una información'.

Incide en la cuestión de las identificaciones puntualizando que 'los policías tienen que identificarse en todas sus intervenciones, de conformidad con los principios de transparencia y legalidad' y reitera que 'el uso de la fuerza es una medida coactiva a la que sólo se puede recurrir en caso de absoluta necesidad y únicamente en la medida en que se requiera para conseguir un objetivo legítimo'.

'En sus contactos con los medios de comunicación los policías deberán remitirse a los gabinetes de prensa especializados. En circunstancias en las que haya que divulgar o explicar determinada información, solo podrán hacerlo las personas autorizadas y siguiendo las autoridades y siguiendo las instrucciones de las autoridades policiales', sostiene el texto.

 No sólo al SUP no ha gustado este texto. Para el secretario general de la CEP, Ignacio López, el código no contiene 'nada negativo ni que chirríe' porque 'es una compilación de otras normativas', pero es 'inoportuno' y se queda 'cojo'.

En su opinión, el código debería haber sido propuesto por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien debería haber elaborado un texto común tanto para Policía Nacional como para Guardia Civil.