PNV y PSE sacan adelante una descafeinada ley de víctimas de abusos policiales

BILBAO.- Vence, pero no convence. Con los votos de PNV y PSE, el Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Motivación Política en el periodo comprendido entre 1978 y 1999, una de las propuestas estrella del Gobierno Vasco en esta legislatura, a punto de expirar. Fuera del hemiciclo, la normativa –que también permitirá que se presenten casos producidos a partir de 1960- no ha conseguido el respaldo de las principales asociaciones de víctimas de la represión, que advirtieron sobre sus olvidos.

La controvertida ley servirá como continuación del decreto aprobado en 2012 por el gobierno vasco presidido por Patxi López (PSE), a través del cual se contemplaron indemnizaciones para quienes fueron víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978. El texto aprobado este jueves alarga el plazo hasta 1999 y establece nuevas indemnizaciones para quienes sufrieron este tipo de violencia en el mencionado periodo, aunque también fija limitaciones. Según critica Txasko, “aquellas personas que fueron víctimas de torturas, en caso de que hayan pertenecido a algún tipo de organización antifascista o antifranquista, no van a ser contempladas”.

“Complejo, largo y gradual”

Frente a estas críticas, el Secretario General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha subrayado que esta ley “está asentada en el principio de igualdad y no discriminación”. “Su punto de partida —comentó— es el mismo que el de otros procesos de reconocimiento a víctimas”. Fernández ha citado el caso de las víctimas de ETA para destacar que fue un proceso “construido por etapas, no se hizo en un solo paso y de un día para otro”. “Ha sido complejo, largo y gradual. En este ámbito debe ocurrir lo mismo. Estamos ante un proceso no ante un solo acto”, destacó.

Recurso de Madrid

Si bien el PP comparte estos argumentos sobre las diferencias entre tipos de víctimas, el partido de Rajoy ha preferido votar en contra, al igual que UPyD. “Esta ley se mueve en una inseguridad jurídica absoluta. Entre otros motivos, porque no hay una explicación clara de lo que se entiende por ‘contexto de violencia de motivación política’, o también por meter a los funcionarios públicos en supuestas responsabilidades de vulneraciones de derechos humanos, así como cuáles son los medios de prueba que acrediten esas situaciones”, explicó a Público el parlamentario popular Carmelo Barrio.