El PNV recupera en el Congreso la reforma de la ley mordaza y la supresión de la prisión permanente revisable

La reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida también como ley mordaza, vuelve al Congreso. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha registrado este lunes una batería de seis iniciativas en el Congreso de los Diputados que se habían admitido a trámite en la pasada legislatura, pero que decayeron por diversas circunstancias, sobre todo por los sucesivos vetos en la Mesa de la Cámara Baja y el adelanto electoral.

Junto a la modificación de la ley mordaza, el Grupo Vasco ha registrado la reforma del Código Penal para eliminar la prisión permanente revisable, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley del Gobierno sobre el control al Ejecutivo en funciones y la reforma del Reglamento del Congreso.

La reforma de la ley de seguridad ciudadana decayó en febrero, cuando los grupos habían avanzado bastante en sus trabajos. Aunque estuvo durante bastante tiempo bloqueada (en parte por la presentación de dos proposiciones distintas, una del PSOE y otra del PNV), una vez llegó a la Comisión de Interior, los partidos aceleraron el trámite para tratar de solventar cuanto antes una modificación que en su fase de ponencia, no sin dificultades, estaba obteniendo suficientes consensos.

Los grupos habían conseguido importantes avances que modificaban sustancialmente la norma actual. En la primera reunión de la ponencia, se acordó acotar la definición de "seguridad ciudadana", cuya “ambigüedad” creaba espacios donde pueden producirse “abusos” por parte de los poderes del Estado; además, se incluyó una definición de seguridad ciudadana más aproximada a “garantizar los derechos y las libertades” frente a ciertas arbitrariedades.

En las siguientes reuniones, los partidos lograron un principio de acuerdo para que los registros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se practiquen “como norma general” en dependencias policiales, y, de esta manera, limitar lo máximo posible los registros que implican desnudos en la calle.Los agentes solo podrían practicar estos registros en la calle cuando perciban la existencia de un riesgo real para su seguridad o la de la ciudadanía.

Los grupos habían alcanzado también un principio de acuerdo para despenalizar la toma de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, siempre que la difusión de estos datos no supusiera un peligro para los agentes o para sus familiares. Sin embargo, a pesar de estos avances, el adelanto electoral interrumpió el trabajo que se estaba desarrollando en el seno de la Comisión de Interior. La decisión de frenar los trabajos fue tomada, entre otras cuestiones, para que la precampaña electoral que dinamitó la actividad del Congreso no rompiese los acuerdos conseguidos.

Los partidos se emplazaron a continuar con los trabajos en la próxima legislatura y solicitaron a los letrados de la comisión un informe con un resumen de los puntos cerrados y de las enmiendas presentadas por los distintos grupos. Ahora, con el registro de la ley, los grupos tratarán de retomar la reforma en un Congreso donde el bloque partidario de la modificación es mayoritario.

"Una cadena perpetua encubierta"

El grupo nacionalista también ha vuelto a registrar la supresión de la prisión permanente revisable a través de una modificación del Código Penal. Desde el PNV consideran esta medida "irresponsable" y "no justificada desde razones de política criminal", ya que "erosiona los principios de reeducación y de reinserción del recluso" y se trata, de facto, de "una cadena perpetua encubierta".

La Cámara admitió a trámite esta proposición de ley en noviembre de 2017, pero el registro de sucesivas peticiones de ampliación de la prórroga del plazo de enmiendas impidió que se debatiera y que llegara a la comisión para constituirse en ponencia. En cuanto a la Ley de Secretos Oficiales, admitida a trámite en noviembre de 2016, el Grupo Vasco establecía la necesidad de fijar unos plazos concretos para la desclasificación de documentos oficiales y homologar la legislación en esta materia a la de los países de nuestro entorno. La reforma fue bloqueada primero en la Mesa y luego en comisión.

El PNV también intentará de nuevo modificar la ley del Tribunal Constitucional con el objetivo de suprimir los artículos que dotan de carácter ejecutivo a las sentencias del tribunal "y que permiten actuar contra autoridades y funcionarios que incumplan sus sentencias", y de derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los Estatutos de Autonomía, ya que entienden que estos permiten "instrumentalizar un órgano jurisdiccional por intereses políticos".

Con la reforma de la Ley del Gobierno, el Grupo Vasco buscaba fijar por ley la necesidad de que el Congreso controle al Gobierno, incluso cuando se encuentra en funciones. Durante la XI Legislatura, la denominada "fallida", el Ejecutivo de Mariano Rajoy no se sometió al control de la Cámara bajo el pretexto de estar en funciones.

El PNV también tratará de reformar el Reglamento del Congreso con el objetivo de que el Gobierno remita a la Cámara "un informe detallado relativo a la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto en Pleno como en Comisiones, algo que ya se hace en algunos Parlamentos autonómicos, como en el caso de Euskadi".