MADRID. - Hace seis años años el gobierno extraditó a Ali Aarras a Marruecos para ser juzgado por cargos de terrorismo, omitiendo la advertencia de Naciones Unidas y la ONG Amnistía Internacional que alertaban del riesgo de tortura. Este miércoles, el Partido Nacionalista Vasco remite al Gobierno unas preguntas para que aclare cuál ha sido su papel en todo este tema y si ha cumplido con las exigencias de la ONU de hacer un seguimiento exhaustivo del caso y pedir a Marruecos que respete los derechos de Ali.

Los hechos se remontan al 21 de noviembre de 2008 cuando la Audiencia Nacional autorizó la extradición de Ali Aarras a Marruecos, a pesar de que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó su preocupación sobre las posibilidades reales de que este preso fuera torturado en las cárceles marroquíes. Por ello, pidió a España que garantizara un seguimiento continuo para asegurar que no se producían malos tratos ni tortura, así como que exigiera a Marruecos que se cumplieran los derechos.

No obstante parece ser que, según denunció Amnistía Internacional, Ali Aaarras quedó recluido en régimen de incomunicación y sufrió tortura durante 12 días, desde el 14 hasta el 24 de diciembre de 2010, en un centro de detención secreto de Témara.

Este preso denunció que lo habían golpeado en las plantas de los pies, aplicando descargas eléctricas, colgado de las muñecas durante largos periodos y quemado con cigarrillos. En un juicio en 2011 aseguró que su confesión de cargos de terrorismo se había producido en un contexto de torturas continuadas. 

El Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura lo visitó bajo custodia, junto con un perito médico independiente en 2012. Ambos señalaron que se habían observado señales de torturas  que coincidían con el testimonio de Ali. 

En este sentido, el 28 de agosto de 2013, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declaró arbitraria la detención de Ali y pidió que fuera puesto en libertad de inmediato y que se le garantizara la reparación por lo ocurrido. 

Ya en 2014 el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió que España había violado el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al extraditar a Ali a pesar de las advertencias sobre el riesgo de tortura y malos tratos. Además, exigió que se le compensara por todo los malos tratos. 
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Por esta razón el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban remite este miércoles unas preguntas al gobierno en las que le piden que explique si se ha interesado por la situación en la que se encuentra Ali, si ha exigido a Marruecos que respeten los derechos del preso y si ha cumplido con las exigencias de la ONU en esta materia.