MADRID.-En 8 de abril de 2016 está prevista la puesta en libertad del secretario general de Sortu y exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que actualmente cumple una pena de seis años y medio por pertenencia a organización terrorista, tras los juicios del conocido como caso Bateragune. La Audiencia Nacional le impuso una condena de diez años de prisión en 2009 que, posteriormente, fue rebajada por el Tribunal Supremo a seis años y medio de cárcel.

Lo único que mantenía el alto tribunal de la primera sentencia era el periodo de inhabilitación. La Audiencia Nacional le impuso una “inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años”. Es decir, que Otegi no se podría presentar a las elecciones hasta 2022. Sin embargo es sólo una teoría.

Lo reconoció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el pasado junio. Las sentencias, primero de la AN y después del Supremo, no especifican con claridad el cargo público para el que está inhabilitado. Y esa será, con mucha probabilidad, la línea que seguirá la defensa de Otegi. “Nuestro Tribunal Constitucional lleva tiempo estableciendo la doctrina de que las penas no pueden ser genéricas sino establecidas expresamente. Eso es jurisprudencia consolidada”, aseguró Catalá. De este modo, la ley sólo podría impedir al dirigente abertzale presentarse a lehendakari con “algún tipo de aclaración si eso fuera todavía posible, procesalmente”, un extremo del que su entorno también es consciente.

La jurisprudencia quedó asentada con el caso del parlamentario de Bildu Iker Casanova. Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado sostuvo que Casanova podía seguir siendo parlamentario, a pesar de que terminó de cumplir esa pena de inhabilitación especial, precisamente por la falta de concreción de cargo o empleo público que no podía ejercer en la sentencia de la Audiencia Nacional que lo condenó. Algo que el tribunal lleva sin especificar en todas sus sentencias desde el 2003.

Salvo imprevistos, sólo un adelanto electoral en Euskadi puede dejar fuera de juego a Otegi. Y es al Gobierno vasco, en manos del PNV, a quien le compete disolver el Parlamento y adelantar la cita con las urnas. Sería una estrategia para frenar el efecto Otegi que, a buen seguro, le arrebataría parte del electorado.

Los últimos comicios se celebraron también de forma anticipada en octubre de 2012, por lo que la legislatura termina en octubre del próximo año. Los de nacionalistas tendrían que adelantar la convocatoria electoral como mínimo cinco meses, aunque ni siquiera está claro. Según la abogada de la defensa de Otegi, Jone Goirizelaia, su puesta en libertad podría adelantarse. Sin embargo, fuentes del PNV han asegurado a Público que no está entre sus previsiones un adelanto electoral.

La letrada explica que han pedido que se le compute como condena cumplida el tiempo que estuvo en prisión preventiva y sus comparecencias ante el juzgado dos veces al día durante más de un año. Goirizelaia no puede hacer una estimación de los días que esta medida restaría a la condena. Ni si quiera sabe si se lo concederán. “Aún está pendiente de resolución judicial. Le corresponde, pero lo hemos pedido en otros procesos y no se ha concedido”, ha afirmado.