La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado este miércoles en el Congreso un documento con el balance de la llamada ley mordaza, que va a cumplir dos años en vigor, y ha reclamado a los grupos parlamentarios que aceleren la derogación de la misma.

Las sanciones contra la libertad de información con la ley mordaza se camuflan, según esta Plataforma, "bajo infracciones genéricas como faltas de respeto y consideración a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o resistencia a la autoridad", ha explicado en una nota la PDLI.

Así, las multas por esos dos motivos aumentaron significativamente en 2016 respecto al año anterior, alcanzando un total de 31.591 sanciones; se trata de una cifra "desproporcionada e inconsecuente con la situación real de la seguridad ciudadana en España", según la PDLI.

La Plataforma ha denunciado que detrás de estas cifras "hay casos concretos de periodistas a los que la Policía le ha impedido hacer su trabajo, o a quien se ha sancionado por ello".

Ha recordado, por ejemplo, a los periodistas gallegos que cubrían hace unas semanas el desalojo policial en Santiago de Compostela de un Centro Social Ocupado, y la denuncia a Raúl Solís, primer periodista en Sevilla sancionado por la ley mordaza, que fue multado cuando cubría una protesta contra el autobús de Hazte Oír.

También recibieron sanciones por la ley mordaza Natalia Díez, periodista de porCausa.org, multada cuando trató de documentar con su móvil lo que entendía que era una redada racista; Mercè Alcocer, periodista de tribunales en Catalunya Ràdio, sancionada con 601 euros por presunta desobediencia a la autoridad cuando cubría en la Audiencia Nacional las declaraciones del expresidente de Cataluña Jordi Pujol y de su esposa.

Otro ejemplo es Esther Yáñez, reportera de Diario VICE, multada también con 601 euros por el mismo motivo cuando cubría una concentración de la PAH frente a la sede del PP, y Axier López, cuya multa fue denunciada por la PDLI y finalmente resultó archivada.

Para la Plataforma, urge derogar la ley mordaza pero sin elaborar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ya que cree que es "un instrumento jurídico innecesario y existe un gran riesgo en dejar en el ámbito administrativo la gestión de derechos fundamentales".