La fiscal del Tribunal Supremo Pilar Martín Nájera será la nueva responsable de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer en sustitución de la fallecida Soledad Cazorla, tal y como ha propuesto hoy el Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado.

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, elevará esta propuesta al Gobierno para su nombramiento en Consejo de Ministros junto a la de Jesús Caballero, elegido también hoy fiscal jefe de Madrid en sustitución de Manuel Moix, y la de María Lourdes Rodríguez Rey como nueva responsable de la Fiscalía en Castilla y León.

Martín se ha hecho con la vacante que dejó Cazorla, tras su fallecimiento el pasado 4 de mayo, frente a otros cuatro candidatos: Manuel Campos Sánchez, fiscal de la Comunidad Autónoma de Murcia; Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco; María Ángeles Montes, fiscal del País Vasco, y Teresa Peramato, fiscal de Violencia sobre la Mujer.

Cazorla fue la primera mujer en dirigir la red de fiscales especialistas en violencia contra la mujer, que se puso en marcha tras la entrada en vigor en 2004 de la ley de violencia de género. Su sustituta, Pilar Martín, estaba en la actualidad adscrita a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, cargo que ocupa desde 2008, y tres años antes fue nombrada fiscal superior de Cantabria, lo que la convirtió en la primera mujer en dirigir una Fiscalía Superior. Ingresó en la carrera fiscal en 1982 y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Cantabria. Según destaca la Fiscalía General del Estado en un comunicado, Martín ha sido nombrada en el cargo porque aúna la experiencia en la dirección de una Fiscalía junto con la calidad técnico-jurídica alcanzada durante sus años en el Supremo.

Su candidatura ha obtenido cinco apoyos, frente a los tres votos logrados por Teresa Peramato y María Ángeles Montes, respectivamente. La Fiscalía especial de Violencia sobre la Mujer supervisa y coordina a nivel estatal a todos los fiscales de la Violencia sobre la Mujer de las Fiscalías de toda España y sus criterios de actuación. Además de actuar en estos casos de violencia machista, mantiene un criterio común en toda España sobre el amparo judicial a estas víctimas. El nuevo fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero, que sustituye a Manuel Moix tras su ascenso a la Fiscalía del Supremo, era actualmente y desde 2004 fiscal jefe de Ciudad Real y estuvo destinado en la Audiencia Nacional.

Estaba en la actualidad adscrita a la sala de lo penal del Tribunal Supremo, cargo que ocupa desde 2008, y tres años antes fue nombrada fiscal superior de Cantabria, lo que la convirtió en la primera mujer en dirigir una Fiscalía Superior

Tras ingresar en la carrera fiscal en 1985, sus primeros destinos fueron Córdoba y Cáceres. Además de Jesús Caballero, aspiraban a la plaza Luis Ibáñez, fiscal jefe de Toledo, y María Antonia Sanz, fiscal en Madrid. Lourdes Rodríguez, la nueva fiscal superior de Castilla y León, es fiscal jefe provincial de Palencia desde el año 2010. Ingresó en la carrera fiscal en 1984 y su primer destino fue la Fiscalía de León. En 2009 fue nombrada directora del Centro de Estudios Jurídicos, escuela donde se forman las nuevas promociones de fiscales. Otros dos candidatos se han presentado a la plaza de fiscal superior de Castilla y León, que se encuentra también sin titular tras la promoción a la Fiscalía del Tribunal Supremo de Manuel Martín-Granizo.

Son Ricardo González Cerrón, teniente fiscal de Castilla y León, y Santiago Mena, fiscal jefe provincial de Burgos. Además, el Consejo Fiscal ha propuesto como fiscal jefe de Lugo a Roberto Brezmes Caramanzana, que ingresó en la carrera fiscal en el año 2001 y estuvo destinado en Bilbao y Lugo. Otras propuestas han sido Demetrio Pintado para teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Canarias, Isabel Gómez López como fiscal jefe de Cuenca, Conrado Saiz Nicolás como nuevo fiscal anticorrupción, mientras que la plaza para fiscal jefe de Área de Alzira ha quedado vacante ante la ausencia de candidaturas.

Además, el Consejo ha renovado en sus cargos por cinco años a Antolín Herrero como fiscal de sala jefe de lo Penal del Supremo, a José María Paz Rubio como fiscal de sala jefe de lo Civil del Supremo y a Aurelio Blanco como fiscal superior de Extremadura