Una docena de eurodiputados ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostrando su preocupación ante la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, ya que consideran que "solo ataja los aspectos más lesivos de la ley de forma superficial, sin alterar su naturaleza represiva".

Los parlamentarios critican que "la reforma no acaba con la criminalización de la protesta, y tampoco ofrece suficientes garantías para que se respete la libertad de manifestación, expresión, información y movimiento".

"El Gobierno de coalición incluyó entre su programa de gobierno la derogación de la llamada ley mordaza pero las informaciones que están saliendo al respecto alertan que gran parte de sus elementos más lesivos pueden quedar intactos e incluso peor, avalados ahora por un gobierno de izquierdas", asegura a Público el eurodiputado Miguel Urban, del grupo Izquierda Europea.

Urban pone en valor las declaraciones al respecto de la comisaria de Derechos Humanos (DDHH) del Consejo de Europa, que ha considerado que esta reforma "es insuficiente para corregir todas las carencias relativas al respeto de los derechos humanos". Preocupación que comparte la Comisión Europea.

"La defensa del derecho a la protesta es un elemento esencial en cualquier democracia, esperemos que el Gobierno de coalición no sea cómplice con el PP de la persecución de los movimientos sociales, de las devoluciones en caliente o de los ataques a la libertad de prensa", desea Urban.

Demandas de los eurodiputados

En la misiva se pide a Sánchez que asegure que "se garantiza el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de movimiento", que "se garantiza el derecho a un juicio justo y el derecho a la presunción de inocencia" y que "se depuran responsabilidades en los cuerpos policiales". Para ello, reclaman que se eliminen los artículos 36.6, 37,4, 52 y 36,23 de la citada ley de protección de la seguridad ciudadana.

También instan al Gobierno a que "elimine las multas que se están usando para violar derechos fundamentales" y que "prohíba las redadas por perfil étnico o racial y la utilización de balas de goma", así como "las devoluciones en caliente" en las vallas de Ceuta y Melilla.

Además, proponen que se lleve a cabo una evaluación de la ley y de la reforma desde el respeto a los estándares internacionales sobre derechos fundamentales y a la legislación de la UE, que se asegure la participación de la sociedad civil, de las comunidades en situación de mayor vulnerabilidad y de otras entidades interesadas y que se invite tanto al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación como a la Comisión de Venecia a que participen dando su opinión sobre esta reforma.

La carta está firmada por los eurodiputados Miguel Urban, Pernando Barrena, Milan Brglez, Antoni Comín, Clare Daly, Özlem Demirel, José Gusmao, Marisa Matias, Clara Ponsatí, Carles Puigdemont, Diana Riba i Giner y Jordi Solé.

Dos años de retraso

La tramitación en el Congreso de la reforma de esta ley avanza más lenta de lo que esperaba el Gobierno. El Ejecutivo y los grupos progresistas siguen sin acordar los puntos clave de la reforma tras casi dos años de retraso. Hasta en dos ocasiones ha estado a punto de ser aprobada pero los adelantos electorales abocaron estos intentos al fracaso.

En este tercer intento, la norma se encuentra de nuevo encallada en el seno de la ponencia (encargada de elaborar un dictamen), por lo que requiere más margen de negociación entre los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y los grupos progresistas, imprescindibles para que salga adelante dada la cerrazón de PP, Vox y Cs a su reforma.