MADRID.- El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha defendido este martes la necesidad de incluir un nuevo delito en el Código Penal que sirva para castigar a los responsables de la Administración culpables de "pelotazos" como el que supuso, a su juicio, la construcción de las autopistas radiales de Madrid, que quebraron y ahora va a rescatar el Estado.

Según ha explicado en rueda de prensa en la Cámara Baja, este nuevo tipo penal, que ha denominado "delito de administración ilegal", sería un equivalente al de "negligencia" pero aplicado al ámbito público.

"En las radiales, o se calculó mal o se calculó demasiado bien", ha denunciado el también 'número dos' de Podemos antes de concluir que fueron "un pelotazo" por el que no parece que nadie "vaya a rendir cuentas".
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Errejón plantea lo que ha denominado "delito de administración ilegal", un equivalente al de "negligencia" pero aplicado al ámbito público

En esta línea, ha resaltado que el rescate de estas autopistas va a costar 5.000 millones, casi el mismo importe de los "recortes que contempla el Gobierno", y ha asegurado que la figura de la responsabilidad patrimonial es "una estafa legalizada".

Además, ha enfatizado que lo que va a rescatar el Estado no son las radiales en sí mismas, sino las empresas que las construyeron, compañías "multimillonarias" a las que se asegura que pueden hacer las obras "como quieran" porque si después "les sale mal, ya nos las quedamos todos".

"Es un mecanismo diabólico de socialismo a la inversa", ha añadido, antes de deslizar que algunas de las empresas que hicieron esas carreteras aparecieron en los 'papeles de Bárcenas' y están vinculadas, por tanto, a la supuesta financiación ilegal del PP.

PSOE, Podemos y Ciudadanos piden depurar responsabilidades por la quiebra de las radiales

Otros grupos de la oposición, como PSOE y Ciudadanos, han coincidido con Unidos Podemos en exigir que se depuren responsabilidades por la asunción de ocho autopistas en quiebra por parte del Estado debido a la "mala gestión y planificación" de los gobiernos anteriores del PP.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, opina que la "cuestión" del asunto es conocer quienes fueron los dirigentes que tomaron la decisión de construir unas infraestructuras basadas en "cálculos erróneos" sobre el tráfico, pagando "sobrecostes" en la expropiación y haciendo adjudicaciones "excesivas".  Hernando ha exigido que el Gobierno explique "cómo aquellos gobiernos tomaron decisiones con las que se pudieron equivocar tanto" como para que suponga un coste a los ciudadanos de hasta 5.700 millones de euros.

El PSOE ya registró en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, para explicar la asunción de las ocho autopistas de peaje y por qué no se ha actuado en un "tema pendiente" desde 2012.

Por su parte,  el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha denunciado que "no es de recibo un negocio en el cual una parte solo puede ganar" al no haber riesgo, lo que evidencia un "capitalismo de amiguetes" que resulta "estomagante". Girauta ha indicado que unas infraestructuras en las que el tráfico final ha resultado ser un 17% inferior al previsto significa que se han realizado obras que "no hacían falta", y ha apuntado que, pese a la responsabilidad patrimonial de la administración, esta situación "choca con muchas otras normas sobre lo que tiene que ser la economía de mercado y la transparencia".

"Tiene que ser la última operación en la que España se avergüence de misma y un negocio de amiguetes sin riesgo", ha añadido, para reclamar a continuación una investigación para depurar responsabilidades. De hecho, se ha referido a los "poderosos" José María Aznar y Francisco Álvarez-Cascos como los dirigentes que encargaron las proyecciones para organizar el "negocio del siglo". "Es absolutamente indignante", ha apostillado.

Por contra, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido que las autopistas de peaje y radiales son de titularidad estatal pero "no hay ningún rescate". Hernando ha asegurado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, detallará el lunes la situación de las autopistas y aportará más información sobre un asunto "complejo técnicamente" desde el punto de vista legal, pero que el Gobierno "intentará resolverlo lo mejor posible para los ciudadanos".

La "ineficacia de algunos que recibieron favores públicos"

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias,  en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, ha denunciado que el Estado vaya a proceder al "rescate" de ocho autopistas de peajes en quiebra con dinero público por la "ineficacia de algunos que recibieron favores públicos" realizados con gobiernos anteriores. Iglesias ha defendido que el dinero público tiene que destinarse "en primer lugar" a rescatar a los ciudadanos.

Iglesias ha indicado que esto pasa por acometer una reforma fiscal "redistributiva", acabar con el "dogmatismo" del techo de gasto y promover una política "más sensata" que saque a España de la "ineficacia" de las políticas del PP.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha negado este martes que se vaya a producir un rescate, y ha asegurado que se trata de la "obligación de cumplir la ley", al tiempo que ha aclarado que la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las autopistas en quiebra --el importe que deberá abonar a sus concesionarias por la inversión que realizaron para construirlas--, será "sustancialmente" inferior a los 5.000 millones de euros que estima el sector.