La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confiado este martes en que los Presupuestos de 2019 estén aprobados en las Cortes en febrero. La ministra  ha afirmado que trabaja "intensamente" para poder acordar con las formaciones políticas las cuentas para 2019, y espera que el proyecto entre en el Congreso a principios de diciembre, de forma que, si se habilita el mes de enero para su tramitación parlamentaria, podrían estar aprobados  en el mes de febrero.

Así lo ha señalado Montero durante su intervención en el Foro Cinco Días y en declaraciones a los periodistas, después de que ayer la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, abriese la puerta a una prórroga a los Presupuestos de este año, elaborados por el Gobierno anterior del Partido Popular, en el caso de que el plan presupuestario para 2019 no logre los apoyos necesarios por parte del resto de partidos políticos, una opción que sigue siendo el "plan A" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Antes de intervenir en el acto, Montero ha aclarado que el Ministerio de Hacienda "en absoluto" contempla la prórroga presupuestaria, sino que se encuentra buscando los "puntos de encuentro" para sacar adelante las cuentas que "son buenas para todos los ciudadanos", especialmente para los españoles con pensiones bajas, para subir el Salario Mínimo y para retomar el nivel de dependencia.

Luego, en el acto ha reiterado que no contempla un escenario de no aprobación de los PGE y ha defendido que las diferencias entre ideologías "no puede ser un problema irresoluble", por lo que ha recalcado que las formaciones políticas deben ser capaces de abandonar de forma "moderada" algunas posiciones iniciales y acercarse a puntos de encuentro. "La madurez y propuesta necesita una cierta relajación en ambiente negociador y necesita cierto tiempo", ha añadido.

Eso sí, ha matizado que buscar el consenso en política "no significa aceptar chantajes, ni arrodillarse ni no responder a los principios y valores que inspiran a cada uno", sino debatir para avanzar y combatir la desafección de los ciudadanos ante unas instituciones que ven "lejanas" e "inmunes a sus necesidades".