La petición de cárcel para Griñán debilita a Díaz frente a Sánchez

SEVILLA.- El PSOE andaluz, la federación más potente y numerosa del partido, quedó ayer “conmocionado” por el auto de acusación de la Fiscalía que pide seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, y diez años de inhabilitación a su antecesor, Manuel Chaves, por su responsabilidad de acción y omisión en el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados por el Gobierno andaluz entre 2000 y 2010.

El Ministerio Público también reclama prisión para cuatro exconsejeros del Gobierno andaluz, para otros cuatro exaltos cargos del Ejecutivo y para el exinterventor general de la Junta, cuya labor era fiscalizar el uso del dinero público. Hay 26 políticos encausados, para los que Anticorrupción pide penas que suman los 132 años de cárcel y la devolución a la Hacienda pública de 741 millones de euros. En concreto, Griñán y otros 18 ex altos cargos acusados de malversación, afrontan la devolución solidaria de 483 millones por haber conocido, autorizado y fomentado la concesión “arbitraria” de ayudas a empresas en crisis desde su puesto en la Consejería de Hacienda.

El juicio por corrupción contra dos líderes socialistas de primer orden emponzoña aún más la situación de un PSOE anémico

Las condenas que el fiscal pide contra Chaves y Griñán por el fraude de los ERE no sólo han asestado un duro golpe al Ejecutivo andaluz -entre ambos suman 23 años de gobierno en Andalucía-, también zarandean los cimientos del PSOE en el momento más frágil de sus 137 años de historia. Los dos expresidentes andaluces lo han sido todo en el partido: militantes socialistas desde el tardofranquismo en Sevilla y Madrid, los dos fueron ministros de Trabajo con Felipe González (Chaves también fue vicepresidente de José Luis Rodríguez Zapatero), fueron presidentes del PSOE federal, ocuparon la secretaría general del PSOE andaluz y han dirigido la única comunidad autónoma de España donde aún no ha habido alternancia política en democracia, la única donde sólo ha gobernado el PSOE. Todo eso se esfumó el pasado mes de junio, a 25 días de las elecciones generales, cuando ambos se dieron de baja del partido después de que el juez Álvaro Martín, que instruye la pieza política de los ERE, les acusara directamente de delitos asociados a la corrupción política.

Fisuras

Sin embargo, la situación procesal de Chaves y Griñán no ha hecho que el partido se una para protegerse de los ataques de la oposición. Los máximos referentes del partido aún creen ciegamente en la inocencia de los expresidente andaluces, aunque ayer, tras conocerse el auto del fiscal, no se repitió la cascada de apoyos en las redes sociales que tuvo lugar días antes para defender al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, por sus críticas a la dirección de Pedro Sánchez. La ejecutiva andaluza del PSOE sí emitió un comunicado para mostrar su “sorpresa” por “la coincidencia” de que este auto salga a la luz un día después de que el Tribunal Supremo haya puesto a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a un paso de la imputación por un posible delito de blanqueo de capitales (Anticorrupión tenía de plazo hasta el 15 de octubre).

El caso Barberá

El código ético del PSOE establece que “los militantes a los que se abriera juicio oral por delito ligado a la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia”, y así lo hicieron los exmandatarios andaluces el pasado junio. Pero el fraude de los ERE los había arrinconado mucho antes. Griñán dimitió como presidente de la Junta en 2013 acosado por la investigación y por la presión de sus rivales. Dos años después, Chaves y él tuvieron que abandonar sus cargos en el Congreso y en el Senado, porque Ciudadanos exigió sus cabezas políticas a cambio de apoyar la investidura de Susana Díaz tras las elecciones andaluzas.