MADRID.-  Dos peritos de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que las obras en la sede del Partido Popular (PP), que se llevaron a cabo entre los años 2005 y 2011, se pagaron con 1,71 millones de euros en negro, aunque únicamente podría atribuirse delito fiscal a la empresa que desarrolló los trabajos, informaron fuentes jurídicas.

Durante casi cuatro horas de comparecencia, los expertos han ratificado las principales conclusiones de sus pericias y han confirmado que el estudio de arquitectura que llevó a cabo estos trabajos, Unifica Servicios Integrales, cometió cuatro delitos fiscales relativos al Impuesto de Sociedades de 2006 y 2007 y al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 2009 y 2010.

Su último informe destacaba que la compañía, dirigida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, "habría dejado de ingresar" a la Hacienda Pública unas cuotas que en cuatro ejercicios "superan los 120.000 euros", límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal.

Según las citadas fuentes, los peritos no se han pronunciado sobre si el PP podría haber actuado como cooperador o colaborador necesario de estos delitos. La formación no habría cometido delito, además, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no afectaba en el momento de los hechos a los partidos políticos.

Sin obligación de tributar

En otro momento de los interrogatorios, los expertos han señalado que el PP no estaba obligado a tributar por los 7,5 millones de euros en donaciones que habría recibido entre 1990 y 2008, según la contabilidad de Bárcenas, porque se habrían destinado a fines propios del partido, lo que, según la legislación, les eximiría de tributación.

De igual modo, los peritos han admitido que los descuadres entre los pagos anotados por el extesorero del PP Luis Bárcenas en su contabilidad B y los cobros realizados por Unifica (un total de 184.000 euros) podrían deberse a la existencia de más proveedores en los trabajos de reforma de Génova.

En su último informe los expertos de la Agencia Tributaria confirmaban que las obras de reforma de la planta baja de Génova, que se llevaron a cabo en 2006, presentan un descuadre de 750.095,04 euros que el PP abonó al estudio de arquitectura Unifica "con fondos ajenos al circuito económico legal", según apuntó Ruz en un auto dictado en noviembre pasado.

Llegaron a esta conclusión tras cotejar las dos certificaciones sobre estas obras que elaboró Unifica, una por el importe total de los trabajos y otra descontando los supuestos pagos en negro. Así, apuntaba que por los trabajos de 2006 el estudio tendría que abonar 332.295,30 euros a Hacienda para regularizar su situación fiscal.

Teniendo en cuenta las anotaciones que el extesorero Luis Bárcenas realizó en sus manuscritos, que reflejaban unos pagos inferiores a los descuadre entre certificaciones, la propuesta de regularización supondría un pago de 134.162,04 euros.

En relación con el Impuesto de Sociedades de 2007, el informe señalaba que Unifica no declaró 211.160,77 euros correspondientes a las obras en la segunda planta del edificio (195.000 euros según los 'papeles de Bárcenas') y 274.880,35 euros (258.000 en los manuscritos) por los trabajos en la planta quinta. La regularización ascendería a 1,2 millones, atendiendo a las cantidades de las certificaciones, y a 1,1 millones según los pagos anotados en la supuesta contabilidad B.

El último informe, de 111 páginas, también calculaba la defraudación que habría cometido Unifica al no declarar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente a las obras que realizó en los años 2009 y 2010.

Descuadres contables

Ruz pidió el informe sobre las cuotas defraudadas por Unifica en noviembre pasado, tras dictar un auto en el que revelaba que el PP pagó otros 750.000 euros con dinero negro en las obras de reforma de su sede central, en la calle Génova de Madrid, que se suman a los descuadres de 960.347,2 euros que fueron descubiertos en junio de 2014. En total, se habrían pagado en negro 1,71 millones de euros.

Según el auto de noviembre, sólo una parte de estos fondos (184.000 euros) "habrían tenido reflejo" en la contabilidad B que gestionaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, mientras que el resto (566.095,04 euros) no aparecía en sus manuscritos. Además de los asientos consignados por Bárcenas, "otra parte", según el magistrado, "habría sido abonada como anticipo o pago a cuenta sin facturar", tras lo cual se pudo aplicar "un descuento".

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de uno o varios delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable, según señalaba el juez instructor.