La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este jueves que las pensiones públicas se actualizarán el próximo año con el IPC, y ha indicado que aunque en el actual ejercicio la inflación prevista es del 0%, las pensiones ya se revalorizaron en 2020 un 0,9%. 

"Las pensiones se van actualizar al IPC, es un compromiso de este Gobierno y quiero transmitir absoluta tranquilidad", ha indicado Montero en una entrevista en TVE, en la que ha apuntado que aunque este año el IPC va a ser del 0%, las pensiones se han revalorizado en 2020 un 0,9%, con la consiguiente ganancia de poder adquisitivo.

Montero ha confirmado que para el año 2021 la "voluntad" del Ejecutivo es actualizar las pensiones con el IPC, aunque no ha precisado el incremento previsto.

Sin embargo, según el cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno este martes, el deflactor del PIB estimado para el año que viene, que es el índice de precios que calcula la variación de los precios de una economía en un periodo determinado y el indicador más próximo al IPC, es del 0,9% y del 0% para este año.

Además, Montero ha subrayado que los trabajos en el marco del Pacto de Toledo están finalizando y ha resaltado que se han registrado "avances muy importantes, gigantes" en el marco del Pacto de Toledo para poder garantizar la "sostenibilidad" en el medio plazo, para lo que a lo largo de la legislatura se pondrá el "andamiaje para que sea posible".

En todo caso, ha apuntado que en el proyecto de Presupuestos de 2021 se realizará una transferencia de 18.000 millones de déficit de la Seguridad Social que asumirá el Estado de gastos impropios de este organismo, para que se produzca también ese "acompañamiento" en la actualización de las pensiones al IPC, un aspecto que se incorporará a las nuevas cuentas públicas.

Respecto a la derogación de la reforma laboral, ha dicho que es un concepto "político" y que la pauta del Gobierno se rige por el nuevo Estatuto de los Trabajadores, que permitirá corregir los elementos lesivos de dicha reforma en la medida que se aborde en el diálogo social, si bien ha recordado que se ha dado prioridad a la regulación de los ERTE y que ya se ha acometido algún punto, como con la nueva Ley del Teletrabajo.

Los Presupuestos Generales 

La portavoz del Gobierno ha confirmado que el borrador con la propuesta fiscal de PSOE y Unidas Podemos "prácticamente está ya", aunque queda "algún fleco" a dialogar, con la intención de aprobar el proyecto de Presupuestos durante el mes de octubre, para llegar "inmediatamente" a la Cámara y poder entrar en vigor, "si todo va normal", con los procedimientos del Congreso "en los primeros días de enero".

De esta forma, los Presupuestos de 2018 actualmente en vigor podrían volver a prorrogarse por un periodo corto de tiempo por tercer año consecutivo.

En cuanto a los apoyos a los PGE, ha dicho que el Ejecutivo no invitará a "vetos cruzados" y ha pedido "acuerdo" para apoyar el crecimiento con unos PGE "inéditos" ante una situación "inédita", con el fin de aprovechar los recursos y hacer la economía y un país "más resistente y fuerte". "No es importante tanto el quién como el qué", ha apostillado, recordando que no hay los mismos vetos a la hora de tumbar un proyecto o una ley.

Así, ha remarcado la necesidad de las nuevas cuentas como "vehículo" para inyectar 27.000 millones adicionales y poder hacer efectivo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023 del total del 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España hasta el año 2026.

Sobre la previsión de 800.000 puestos de trabajo en el trienio, Montero ha aclarado que es la previsión relativa a la generación de empleos que se podrían crear con la puesta en marcha de los proyectos financiados con dichos fondos.

El borrador "prácticamente terminado"

Con un borrador fiscal "prácticamente" finalizado, ha explicado que aunque no se pueda realizar ahora la reforma fiscal "profunda" del acuerdo programático, hay que avanzar para corregir la diferencia de 7 puntos de recaudación con los países del entorno y lograr una fiscalidad "más progresiva, justa, y un ensanchamiento de bases para que nadie se escape y todo el mundo cumpla sus obligaciones".

De cualquier forma, ha insistido en dar "absoluta tranquilidad" en que no habrá subida fiscal para las clases medias, sino "determinados ajustes en determinadas figuras", recordando que la Comisión Europea y distintos organismos apuntan que España hace un uso "demasiado abusivo" del IVA reducido y superreducido y que el Impuesto de Sociedades da "poco rendimientos".

Por ello, tal y como figura en el Plan de Recuperación, se constituirá un comité de expertos para analizar "en profundidad" el derecho comparado de cómo se encuentran las figuras para conseguir una fiscalidad acorde al tejido productivo y que contemple las nuevas áreas de actividad.

Por último, sobre el Brexit ha aseverado que "la intención del Gobierno es que los trabajadores del Campo de Gibraltar no tengan ningún tipo de demora ni molestia añadida en sus funciones".