El Gobierno envió el pasado lunes a la Comisión Europea su propuesta de reforma del sistema de pensiones, un documento en el que no se incluyó el plan para ampliar el periodo de cotización del cálculo de la pensión desde los 25 hasta los 35 años. Este hecho apunta a que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social retiró esta propuesta tras el rechazo absoluto tanto por parte de los sindicatos como de su principal socio en el Ejecutivo, Unidas Podemos.

Sin embargo, este miércoles el ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha desmentido que existiera esa propuesta y ha mostrado su enfado porque los medios de comunicación le atribuyeran su autoría. "Con toda cordialidad, le transmito mi desconcierto e incluso mi decepción por que la presenten con una narrativa que nunca me la habrán oído a mí, sino que se ha creado artificialmente a partir de una realidad que no existe", ha asegurado durante una entrevista en Onda Cero.

"No puedo estar saltando a la cantidad de cosas como esta. No voy a estar reactivo a cosas sobre lo que yo elaboro y constituyo. Estamos desviando la atención a un tema que no ha existido ni va a existir", ha insistido. Pese al desmentido del ministro, lo cierto es que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno tuvo constancia de esta propuesta a través de un informe que Pedro Sánchez le habría encargado al Ministerio de Inclusión sobre la reforma de las pensiones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este borrador de trabajo, al que ha tenido acceso Público, se incluye expresamente el detalle de la reforma, desde su contenido hasta el eventual calendario de implementación de la misma. "Como tercera de las medidas que integran el bloque que tiene por objeto profundizar en la reforma de 2011, se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas", recoge el documento.

En este sentido, la reforma contenida en el borrador sí que cumple con una de las prerrogativas establecidas en el acuerdo del Pacto de Toledo aprobado en el Congreso a finales del pasado año: la posibilidad de implementar reformas para que el trabajador pueda escoger los mejores años de cotización, con el fin de acabar con las denominadas lagunas de la vida laboral, aquellos años de menor aportación a la Seguridad Social por diversas causas.

Sin embargo, lo que recomienda el Pacto de Toledo es mantener y culminar la reforma vigente respecto a los periodos de cotización, que se encuentra transitando desde los 15 años iniciales (antes de empezar la reforma) hasta los 23 actuales, para terminar en 25 años de cotización en 2022. En ningún caso el acuerdo del Congreso habla de incrementar aún más los años necesarios para calcular la jubilación.

Reducción media de la pensión inicial del 6,3%

En el citado borrador se explica que la ampliación a 35 años "pretende aumentar la contributividad del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales. Aun cuando el efecto en cada trabajador es diferente, aumentando la pensión en algunos casos y disminuyéndola en otros, en términos medios la pensión se reduce, si bien el efecto es paulatino en el tiempo y se moderaría por la posibilidad de elección de años".

"El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo 35 años en lugar de 25", prosigue el texto, "supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%, aunque su impacto no es uniforme y depende de las características concretas de cada carrera de cotización". 

El documento también refiere que la reforma se comenzaría a implementar, de forma progresiva, a partir del año 2023, y que para ello sería necesaria una modificación de la Ley General de la Seguridad Social, "previa discusión en el ámbito del diálogo social".

Este martes Escrivá aseguró que la propuesta se encuentra sujeta al debate del diálogo social, y explicó que los periodos de cotización y otros cálculos aún no están cerrados: "Cuando tengamos hechos los cálculos, los compartiremos en primer lugar con los agentes sociales".

El ministro de Inclusión también avanzó que en el documento enviado a Bruselas se incluye la intención de dar cumplimiento y de concretar los acuerdos recogidos en el Pacto de Toledo aprobado a finales del pasado año en el Congreso. En este sentido insistió en que las primeras reformas estarán centradas en lograr acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de incentivos, así como en bonificar a aquellos trabajadores que quieran extender su vida laboral más allá de la edad legal.

También dejó clara su intención de derogar el factor de sostenibilidad, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que ligaba la sostenibilidad de las pensiones a la esperanza de vida. Escrivá avanzó que la intención de su ministerio es que la reforma que pretende equiparar el marco de jubilación de los autónomos al resto de trabajadores, y que por lo tanto coticen por sus ingresos reales, esté vigente en 2022.