PSOE, PP, Ciudadanos y los diputados de IU que controlan hoy el grupo Adelante Andalucía han decidido llevar al Pleno de la semana próxima la toma en consideración de la reforma del reglamento de la Cámara –que ata en corto a Teresa Rodríguez y los otros 8 diputados expulsados de Adelante Andalucía– sin esperar a que se elabore un informe jurídico sobre el asunto que ha solicitado la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos). Vox, que considera que el texto presenta dudas de su constitucionalidad, se abstuvo, según fuentes parlamentarias.

De la Mesa del Parlamento salió una propuesta de orden del día en la que no estaba incluida la reforma, porque la presidenta quería esperar al informe de los letrados. La decisión de los partidos se produjo en la Junta de Portavoces –que se reunió después de la Mesa– a instancias de los diputados de IU que controlan el grupo Adelante, que están ejerciendo como brazo ejecutor de Podemos en todo este asunto desde que el partido decidió romper las relaciones con Teresa Rodríguez y echarla del grupo. Los servicios jurídicos de la Cámara redactarán igualmente el informe y este se emitirá, según indicaron a Público fuentes parlamentarias. Ya se verá cuando esté terminado lo que deciden los partidos: si adaptan la redacción a las indicaciones o prosiguen haciendo caso omiso de las mismas.

Dudas sobre su constitucionalidad

Juristas consultados por Público han considerado que la reforma, tal cual está diseñada, además de servir para regular a posteriori la expulsión de Rodríguez, para la que los letrados de la Cámara no veían mimbres legales suficientes, implica algunas cuestiones que podrían ser contrarias a la Constitución. Así, deja en manos de las direcciones de los partidos decidir quién es tránsfuga y quién no lo es, y limita, al dejar en manos de las mayorías parlamentarias los derechos de participación de los diputados no adscritos y abre la puerta incluso al voto ponderado para reducir el poder de Rodríguez y los demás expulsados de Adelante. Los parlamentarios han recurrido su expulsión al Tribunal Constitucional.

En un recurso que los parlamentarios expulsados han presentado a la Mesa de la Cámara, afirman que la reforma supone una "reforma constitucional encubierta" y añade que "vulnera" el texto de 1978 al dar "carta de naturaleza a la posibilidad de que una organización privada como es un partido político, si considera a un diputado o diputada no sumiso a la corriente política dominante, con un simple escrito altere el ius in officium de los electos no dóciles".