La dirección nacional del Partido Popular se encuentra atrapada entre dos discursos frontalmente opuestos representados en sus barones autonómicos. La mayoría de ellos apuesta por aumentar las restricciones en sus territorios, pero la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso difiere. El secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, se ha negado a aclarar la posición del partido para no desairar a ninguno. "El PP no está gobernando España", ha argumentado ante las numerosas preguntas de los periodistas este martes. "Lo hacen las autonomías", ha proseguido.

Sin embargo, sus presidentes autonómicos tampoco se ponen de acuerdo. El castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras y el gallego Alberto Nuñez Feijóo han propuesto adelantar el toque de queda a las 20 horas en las regiones que presiden. Es más, los tres primeros también piden al Gobierno central que de facultades a las autonomías para decretar un posible confinamiento domiciliario, un escenario que de momento Pedro Sánchez no contempla. 

En el extremo opuesto se encuentra la presidenta  Ayuso, que no se plantea adelantar ese toque de queda, que en la Comunidad de Madrid está fijado a las 23 horas. "Para arruinar aún más a la hostelería conmigo que no cuenten", ha dicho este martes ante las preguntas de la prensa. Asimismo, la dirigente conservadora aseguró el pasado sábado que descarta por completo que haya un "confinamiento severo"  en la región porque, a su juicio, se ha "demostrado en otras comunidades que no funcionan".

La presidenta madrileña ha acusado al Ejecutivo central de dejación de funciones y ha pedido mantener su autonomía. "Ya que no hay una estrategia como país ante la pandemia, ya que nos hemos echado a las espaldas la gestión de la misma, lo que pido es el respeto para que cada comunidad aplique las medidas que considere oportunas", han sido sus palabras.

Precisamente lo que plantea la dirección nacional del PP confronta —a priori— con la petición de Ayuso. García Egea ha reclamado la puesta en marcha de "un plan de acción" nacional, lo que supondría tener un "nuevo instrumento jurídico paralelo al estado de alarma". El número dos de Pablo Casado no aclarado, sin embargo, cuáles serían las implicaciones del mismo. Es decir, si el Gobierno central tendría potestad para forzar a las comunidades autónomas a establecer un toque de queda homogéneo, para obligar a cerrar la hostelería cuando se sobrepase de un número determinado de casos, e incluso a decretar un confinamiento parcial o total.

El PP no apoyará una nueva votación en el Congreso sobre el estado de alarma

Lo que sí ha dejado claro el número dos de Pablo Casado es que Génova no apoyará, a priori, modificar el decreto del estado de alarma para adelantar el toque de queda. "A día de hoy es posible tomar medidas como las de algunos presidentes autonómicos sin necesidad de llevar un nuevo Real Decreto. Le pido a Moncloa que sea más riguroso en sus aseveraciones, que no se deje de llevar por la propaganda para tapara una mala gestión". "Es posible hacerlo sin necesidad de volver a aprobarlo en las Cortes generales", ha argumentado.

Al mismo tiempo, García Egea ha asegurado que el presidente de Castilla y León tiene el "apoyo" de Génova después de que su gobierno decidiera adelantar unilateralmente el toque de queda, una decisión que incumple con el actual decreto del estado de alarma. El secretario general del PP ha señalado que Alfonso Fernández Mañueco ha tomado una decisión que "cree positiva para la salud de sus ciudadanos", para suplir que "Sánchez no actúa".

Pero el número dos del PP ha evitado concretar si la decisión de Mañueco supone una ilegalidad, sino que ha aprovechado para cargar contra Ejecutivo después de interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo por vulnera el Real Decreto 926/2000. "Es inconcebible que el Gobierno vaya contra las comunidades y no contra el virus". 

El Gobierno buscará el consenso con las autonomías

Según ha podido saber Público, Gobierno solo modificará el decreto del estado de alarma por el plazo de 15 días si hay un consenso entre las comunidades autónomas en el consejo interterritorial que se celebra este miércoles. De esta manera, las autonomías podrían adelantar el toque de queda con un aval legal. Desde el Ejecutivo destacan que no necesitan el 'sí' unánime de todas las comunidades, sino que es suficiente con una amplia mayoría. 

El Gobierno plantea esta vía para evitar tener que acudir al Congreso. Sin embargo, las citadas fuentes destacan que si se desea prorrogar este toque de queda por un periodo mayor a dos semanas, sí deberá ratificarse con una votación de los partidos en la Cámara Baja. Y, en ese caso, el Ejecutivo pediría el apoyo expreso del Partido Popular —puesto a que lo reclaman la mayoría de sus barones— sin embargo, la dirección del PP se inclina por no votar 'sí'.