El borrador de reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, la norma que regula los procedimientos en la institución y que regula la vida de los diputados, que ha presentado la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, a los grupos, recoge una propuesta que causa dudas sobre su encaje constitucional en los partidos: multas de hasta 60.000 euros a aquellas personas que, convocadas a una comisión de investigación, se nieguen a declarar y a contestar preguntas, "salvo que concurra causa legal que ampare su derecho a prestar silencio o no declarar contra sí mismo".

Expertos consultados por Público consideran que esta regulación se extralimita. Un reglamento de una Cámara no puede imponer multas a ciudadanos –para lo que se necesitaría una ley– tan solo regular la vida de los diputados, aseguran. Además, este asunto está ya regulado en el Código Penal que en su artículo 502.3 dice: "El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses".

Fuentes cercanas a la presidenta del Parlamento indicaron a Publico que se trataba de una propuesta que partía de los servicios jurídicos de la Cámara y que su espíritu no era multar, sino dar sentido a las comisiones de investigación para que esclarezcan los hechos políticos. Estas fuentes agregaron que se trataba de una propuesta y que dependerá de los grupos acordar o no que vaya en la reforma.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, manifestó tener él mismo dudas sobre lo apropiado de imponer multas y también vino a decir que la reforma debería aprobarse por consenso entre todos. "O suprimimos las comisiones de investigación porque tal como están no sirven para nada o las dotamos de herramientas que obliguen a respetar a la Cámara. ¿Con multas? No lo sé. No sé si tenemos margen. Imponer un reglamento con una simple mayoría sería una mala solución", dijo. Y la portavoz del PSOE, Soledad Pérez, manifestó que hay que respetar "la Constitución, las leyes y las sentencias de los tribunales".

La comisión de la Faffe

Este es el texto íntegro que consta en el borrador de reforma: "La persona requerida [a comparecer en una comisión de investigación] tendrá derecho a no declarar contra sí misma y a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo. Estará obligada a declarar y a contestar a las preguntas que se le formularen en relación con el objeto de la investigación de modo completo y adecuado, salvo que concurra causa legal que ampare su derecho a prestar silencio o no declarar contra sí mismo. El incumplimiento de esta obligación podrá ser sancionado con multa de hasta 60.000 euros, tras el correspondiente procedimiento contradictorio, que será resuelto por la Mesa del Parlamento de Andalucía, a instancia del Presidente o algún miembro de la comisión. La Mesa del Parlamento de Andalucía regulará el procedimiento para la imposición y exigencia de la sanción, a cuyos efectos podrá utilizarse el procedimiento de apremio".

Lo que motiva a la derecha andaluza a promover la multa, al menos a introducirla en el debate, es el relativo fracaso de la comisión de investigación de la Faffe, una fundación pública hoy extinta en la que se instaló una presunta corrupción –gastos en burdeles con dinero público, subvenciones presuntamente innecesarias y presuntos casos de enchufismo– en los años de gobierno de Manuel Chaves (PSOE) que investigan los tribunales de justicia.

PP, Ciudadanos y Vox la aprobaron con el afán de que a los andaluces no se les olvidaran los hechos que presuntamente allí sucedieron y han buscado sacar rédito político de la misma. Muchos comparecientes han renunciado a hablar o han dado respuestas evasivas que no han dado los grandes titulares que buscaba la derecha.