El Parlamento de Catalunya ha aprobado este miércoles los miembros de la Comisión de Control del 9-N, un equivalente a una Junta Electoral para la consulta soberanista, pese a la suspensión cautelar de la Ley de Consultas catalana por el Tribunal Constitucional, razón por las que los grupos del PSC, PP y C's en la cámara se han negado a votar, alegando que se desoye la resolución del tribunal.

Antes de votar a los miembros de la Comisión, el pleno ha votado precisamente si eso era legal después de la suspensión del TC, lo que ha causado un intenso debate sobre si debía seguir con el orden del día: los grupos soberanistas entienden que se podía mantener porque la propuesta del Parlament es 'provisional' y no es ejecutiva hasta que el president de la Generalitat nombre a los miembros por decreto.

Esa es la misma tesis que han defendido los letrados del Parlament en el informe sobre este debate que les encargaron PSC y PP, y que han hecho llegar a los grupos a primera hora de este miércoles: el documento considera que el debate se podía hacer porque no tiene 'plenos efectos' y depende de la firma de Mas.

En cambio, PSC, PP y C's han votado en contra de que se debatiese la norma al entender que supone saltarse la suspensión cautelar de la Ley de Consultas, por lo que han rechazado participar en la votación de los miembros y han alertado de las consecuencias legales que podría acarrear.

Aunque ninguno de los tres grupos ha votado la designación, su forma de protestar ha sido distinta: mientras los diputados socialistas se han limitado a no pulsar ningún botón, los del PP han optado por levantar las manos desde su escaño para evidenciar que no votaban y los de C's han abandonado el hemiciclo.

El portavoz del PP, Enric Millo, y el líder de C's, Albert Rivera, han alertado a los diputados de que con su voto pueden incurrir en algún delito porque el acto podría conllevar consecuencias legales al ignorar, desde un cargo público, la democracia y el Estado de Derecho.

En la misma línea, el secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pere Calbó (PP), ha pedido la palabra para advertir de que él no firmará el acuerdo del Parlament por ser ilegal y por las consecuencias que pueda conllevar.

CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han criticado las 'amenazas' sobre las consecuencias de esta votación, y se han mostrado convencidos de que es un acto legal, porque la suspensión de la Ley de Consultas es provisional y no supone una sentencia definitiva.

Los siete miembros de la Comisión de Control, juristas y politólogos de reconocido prestigio, tal y como establece la ley, son: Mercè Barceló i Serramalera; Joaquim Brugué Torruella; Alfons González Bondia; Miquel Martin Casals; Marc Marsal Ferret; Jordi Matas Dalmases, y Benet Salellas Vilar.

Las funciones de este organismo son equiparables a los de una Junta Electoral, y consisten velar por que las consultas populares no refrendarias se ajusten a los principios, reglas y requisitos que establece la Ley de Consultas, y que se lleven a cabo respetando el procedimiento y las reglas específicas de cada votación.

La Comisión, regulada en el artículo 14 de la Ley de Consultas, debe actuar con plena autonomía e independencia, y su composición --en la que debe haber mayoría de juristas-- debe ser aprobada por una mayoría de tres quintas partes del Parlament -81 diputados-- y renovada cada vez que empiece una legislatura.

Entre sus funciones están coordinar las comisiones de seguimiento de las consultas no refrendarias --siete en el caso del 9 de noviembre--; supervisar las actuaciones de la Administración; declarar el resultado de las consultas, y velar por las garantías de los períodos de difusión institucional de las consultas.

En el caso del 9 de noviembre, el decreto de convocatoria establece en su anexo que los miembros de la Comisión cobrarán por su trabajo durante el proceso de la consulta: 3.400 euros el presidente --que elegirán de entre uno de ellos los mismos miembros del organismo--; 3.200 el secretario, y 2.100 euros los vocales.