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PANDEMIA CORONAVIRUS Los letrados pueden 'liberar' 1.800 millones en la economía si hay refuerzos en Justicia
Es el dinero de las operaciones pendientes que han quedado paralizadas en los depósitos judiciales desde la declaración del Estado de Alarma. Presentan un plan de choque de 13 líneas para agilizar los juzgados tras el fin del confinamiento.
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madrid,
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) ha presentado una estrategia al Gobierno que permitirá ‘liberar’ 1.800 millones de euros e inyectarlos en la economía en sólo un mes si se refuerzan los juzgados.
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Estos 1.800 millones de euros quedaron depositados en la cuenta de consignaciones judiciales y abarcan depósitos de fianzas para recurrir, consignaciones de aseguradoras, tasas y otras fianzas. El dinero quedó paralizado al declararse el 14 de marzo el Estado de Alarma y suspenderse la actividad judicial.
El cálculo se basa en los datos de 2019. Los letrados pagaron entre marzo y abril de 2019 un total de 1.800 millones de euros desde esta cuenta de consignaciones judiciales.
Los letrados calculan que, con medidas de refuerzo, conseguirían desbloquear este dinero y devolverlo en un mes a la economía, frente a los tres meses que calculan que tardarían en desatascar este retraso en la situación actual.
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Una vez que se reabran los juzgados, llegará la avalancha de procedimientos que no se han interpuesto durante el confinamiento y los juzgados tendrán que reactivar los miles de procedimientos que había en marcha.
La estrategia propuesta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pasa por prologar la jornada laboral de letrados voluntarios, recurrir a las comisiones de servicio y tirar de la bolsa de interinos que maneja el ministerio de Justicia.
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Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, explica que la cuenta de consignaciones mueve anualmente más de 7.500 millones de euros y que genera 20 millones de euros en intereses, dinero que no revierten en la Justicia sino que van a Hacienda. Calculan que el refuerzo costaría unos 200.000 euros con el fin de liberar esos 1.800 millones en un mes.
Lara destaca que el reinicio de los juzgados y tribunales supondrá a partir de junio "la entrada masiva de escritos, demandas y peticiones, y la reactivación de aquello que se vio necesariamente suspendido por las determinaciones del Gobierno" a lo que hay que sumar el incremento de asuntos derivados de las medidas adoptadas durante el Estado de Alarma.
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Por ello, considera urgente preparar mecanismos organizativos y legales "que permitan un reinicio de la actividad ordenada y ágil coordinando todas las fuerzas y colectivos implicados".
Celebrar las vistas suspendidas en agosto
Entre las 13 líneas de actuación propuestas por el Colegio de Letrados de la Administración de Justicia destaca la creación de innovadores equipos de refuerzos formado por jueces letrados y funcionarios. El objetivo: abordar los miles de asuntos y juicios que quedaron suspendidos y adelantar las celebraciones de juicios y sentencias de los reseñalamientos.
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Estos equipos transversales trabajarían mañana y tarde, de tal manera que por las tardes se tramitarían y juzgarían los asuntos que quedaron suspendidos con el Estado de Alarma. Además, dedicarían el mes de agosto exclusivamente a la celebración de vistas suspendidas.
Más ideas para agilizar la Justicia
Los letrados también proponen extender la competencia que tienen de conciliación y mediación y que ahora sólo la ejercen en el ámbito Laboral, siempre de manera gratuita. La mediación de los letrados supone que el 51% de los asuntos que entran en los juzgados de los Social no llegan a juicio sino que se solventan antes con acuerdos.
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También asumirían las reclamaciones económicas rápidas (los procesos monitorios) que representan el 51% de la carga de trabajo de los de por sí sobrecargados juzgados de primera instancia. Esta agilización iría de la mano de los Procuradores.
El CNLAJ también propone múltiples actuaciones de carácter tecnológico, como es el uso de medios digitales para las comunicaciones (correos electrónicos, sms, WhatsApp …), así como la implantación de la sede electrónica para la ciudadanía lo que supondría la agilización de notificaciones y citaciones y agilizar así la tramitación de los miles de juicios que han quedado suspendidos.