El próximo verano vasco será inolvidable. De momento no hay experta ni experto que arriesgue una predicción sobre cuántos días de sol habrá, pero lo que ya casi nadie duda es que la temporada estival ofrecerá un titular de relevancia histórica: ETA bajará definitivamente la persiana. Se cerrará así un proceso abierto en octubre de 2011, cuando anunció el cese de la violencia, y que continuó en abril de 2017 con su particular entrega de las armas a mediadores civiles. Ahora sus miembros debaten cómo anunciar el adiós, un adiós que -según coinciden en señalar distintas fuentes- llegará, como tarde, al término de este curso político. Léase en junio.

"Antes del verano habrá una declaración fuerte", aseguró a Público un experimentado mediador internacional que sigue de cerca el proceso de paz en Euskadi. Ese inminente fin también es confirmado por el portavoz del Foro Social Permanente –una plataforma que trabaja en el ámbito vasco para consolidar el nuevo escenario-, Agus Hernán. "Según datos que manejamos, tanto por la comunidad internacional como por lo que ha dicho la propia ETA, antes de que finalice el curso político se va a producir la desmovilización de esta organización. No tenemos más datos, y además queremos que lo que estamos trabajando se trate con discreción", afirmó. 

La elección del término "desmovilización" por parte de la actual dirección de ETA tiene una buena dosis de simbolismo, ya que le permitirá situar su disolución en el marco de los estándares “DDR” (Desarme, Desmovilización, Reintegración) que reconoce la ONU para los conflictos de carácter violento. "Sea cual sea la forma en que se haga esto, nos parece que ese mensaje tiene que ser concluyente y transparente", remarcó Hernán, quien subrayó que la declaración final de la organización armada "debe tener una lectura crítica, compartida y constructiva". "Si contiene esos elementos -indicó-, será una gran aportación a la convivencia de este país". 

Más allá de las hipótesis, actualmente existe total certeza entre los actores políticos y sociales del País Vasco en torno a la irreversibilidad del proceso que se abrió en el otoño de 2011 con la declaración de cese de la violencia y que ahora, casi siete años después, acabará con su disolución (o desmovilización). "El desenlace del debate de ETA sobre su futuro va a ser determinante y abrirá un antes y un después en el panorama político vasco", señala a este periódico Rufi Etxeberria, uno de los responsables de Sortu que sigue muy de cerca la evolución del proceso de paz. "Estamos ante algo histórico, ya que va a suponer la desaparición del escenario político vasco y estatal de una organización que durante los últimos sesenta años ha tenido una incidencia directa. Eso nos coloca en una situación absolutamente nueva", subraya. 

Una vez producido ese desenlace, quedarán encima de la mesa varios aspectos por cerrar. Mientras que Etxeberria reivindica la necesidad de buscar "acuerdos de envergadura" para buscar salidas "de manera progresiva" a los presos, desde el Foro Social Permanente –que mantiene contacto con la mayoría de los partidos vascos- sostienen que la desmovilización "ayudará a desatascar" distintas cuestiones. Una de ellas será el cambio de política penitenciaria –con el acercamiento de los reclusos condenados por terrorismo a cárceles próximas a Euskadi-, así como el estudio de las posibles vías legales que permitan el retorno de los deportados y huidos. Este último aspecto fue abordado los pasados 26 y 27 de enero en una conferencia celebrada por el Foro en la localidad de Irun, y se prevé que sus conclusiones sean presentadas en marzo próximo.

Del mismo modo, Agus Hernán avanzó que durante los próximos meses se producirán “una serie de actos” en torno a las víctimas y la convivencia, fruto del “trabajo discreto” realizado hasta ahora por el Foro Social. “Es preciso que el tratamiento de este aspecto salga de las posiciones de trincheras, para así permitir alimentar el carril central de la necesaria reconciliación social”, señaló el portavoz de esta organización durante una comparecencia celebrada el pasado miércoles. En tal sentido, anunció que en octubre próximo se realizará una conferencia bajo el título "Derecho a conocer la verdad: mecanismos de reconocimiento y reparación para las víctimas".

El papel de los partidos

Esos aspectos también son objeto de análisis y debate en el Parlamento Vasco, donde actualmente está en funcionamiento una ponencia sobre memoria y convivencia. Allí están presentes todos los partidos menos el PP, que declinó participar por sus diferencias con EH Bildu. "El uso del término desmovilización resulta hasta gracioso. Lo que tienen que hacer es disolverse a todos los efectos, sin buenismos", afirmó a Público el parlamentario popular Carmelo Barrio, quien ya tiene su diagnóstico sobre cómo será el final: "se disolverán, habrá dos días de información periodística y seguido se olvidará todo el mundo. Si ETA aún tiene algo de relevancia es por el terrible dolor causado a este país", apuntó. 

Desde el PNV, partido que ostenta la mayoría en el Parlamento de Vitoria, consideran que "el final de ETA debe ser fundamentalmente claro". "Lo que esperan la sociedad y la política vasca es que ese final de ETA sea efectivo y definitivo. Que le llamen como quieran: 'desmovilización' o 'disolución', pero que quede claro que, a partir del momento en que hagan ese anuncio, ETA ha dejado de existir", señalaron a este periódico fuentes del Euskadi Buru Batzar, el máximo órgano de dirección de la formación nacionalista. 

En ese contexto, el partido de Iñigo Urkullu cree que tras la desaparición de la organización armada habrá tres grandes tareas pendientes: "una reflexión crítica y compartida sobre la injusticia del daño causado por el terrorismo y la violencia; un cambio en la política penitenciaria y de reinserción; y un consenso de presente y de futuro en la ponencia parlamentaria sobre memoria, víctimas y convivencia". 

Esos criterios también son compartidos por el PSE, su socio de gobierno. "La ponencia de memoria y convivencia del Parlamento ya ha situado la atención a las víctimas del terrorismo como una cuestión prioritaria", señala el portavoz socialista, José Antonio Pastor. A su criterio, "el reconocimiento del daño causado es una de las tareas pendientes que aún tienen los presos de ETA". 

Del mismo modo, el PSE defiende un "cambio en la política penitenciaria" que permita "un acercamiento de los presos a las cárceles vascas para que tomen conciencia sobre cuál es la realidad en la que en algún momento, cuando cumplan sus condenas, se reinsertarán". "Deben ver que la sociedad vasca ya no es aquella que ellos imaginaron, sino que es una sociedad democrática que ha apostado por la paz y la reparación a las víctimas2, remarcó Pastor. 

Por su parte, el responsable de Acción Política de Podemos Euskadi, Sergio Campo, coincidió en señalar que tras el final de ETA aún habrá "una multitud de cuestiones por resolver, desde aspectos relacionados con la política penitenciaria hasta otras cuestiones vinculadas a verdad, justicia y reparación". "Eso significa que toda vulneración de derechos humanos que se haya producido sea reconocida y forme parte de un relato compartido y veraz", explicó. En esa línea, Campo resaltó que los partidos deben "gestionar este tipo de asuntos huyendo del reproche y la confrontación". "La sociedad vasca se puso a construir hace ya tiempo. Curiosamente, son las instituciones y los partidos los que van por detrás de la sociedad", lamentó.