La condena de Luis Eduardo Ramírez, educador en un centro privado concertado de menores tutelados, por abusos sexuales a una niña internada el pasado mes de diciembre ha levantado una fuerte tormenta política en el País Valencià. Lo que habría podido ser el enésimo caso de abusos a menores en un centro religioso –en este caso lo Centro de Acogida Niño Jesús de València- ha tomado un cariz muy diferente. Y es que el educador es el exmarido de Mónica Oltra, vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, sobre la que recae las competencias de este tipo de centros.

La relación entre el condenado y Oltra (que ha sido convenientemente destacada por la prensa más conservadora, a pesar de que ya estaban separados en el momento en qué sucedieron los hechos) ha politizado el caso. No hay ningún indicio que la vicepresidenta hubiera utilizado su posición para proteger o favorecer su exmarido, pero la sentencia de la Audiencia Provincial, criticando duramente las actuaciones de consellería, ha acabado de dar munición a la polémica. Y, para rematarlo, el abogado de la víctima (que ya es mayor de edad) es José Luis Roberto, histórico dirigente del partido de extrema derecha España 2000, quien tiene especial animadversión contra Oltra.

En octubre del 2017 asedió la vicepresidenta en su domicilio, mientras cenaba con sus hijos, acompañado otros simpatizantes de España 2000, enmascarados y con una potente megafonía. Ahora intenta explotar el caso para ganar relevancia política. "España 2000 ha quedado prácticamente desarticulada, puesto que la mayoría de sus miembros han ido a Vox –explica una persona conocedora de este submundo- y Roberto piensa que, si consigue hundir, Oltra podrá recuperar cierto prestigio".

¿Fallaron los protocolos?

Pero la pregunta más importante es: el sistema que tenía que proteger la menor tutelada, le falló? Obviamente sí, puesto que sufrió los mencionados abusos sin que pudieran evitarse. Además, los magistrados critican que, en un primer momento, ni la dirección del centro, ni la psicóloga ni la dirección territorial creyeron su versión y que, más adelante, los informes encargados por consellería a expertos en este tipo de situaciones también exculparon al educador.

Desde la consellería, en cambio, hacen hincapié en qué, desde el primer momento que hubo sospechas, el mismo centro activó el protocolo previsto en estos casos, apartó al trabajador del puesto de trabajo y comunicó los hechos a la Dirección Territorial. Esta, por su parte puso en marcha todos los protocolos establecidos por este tipo de casos, colaboró en todo momento con la Fiscalía de Menores y llegó hasta donde podría, teniendo en cuenta que se trata de un centro privado y que el abusador no es trabajador público.

Con todo, los magistrados de la Audiencia Provincial son especialmente duros con la actuación del centro y la Consellería, a quienes acusa de haber intentado exculpa el agresor en lugar de proteger la víctima. La comparecencia de Oltra hoy a las Cortes a petición suya, es para dar todas las explicaciones necesarias como máxima responsable política de los centros con menores tutelados. Fuentes de Igualdad avanzan que "a pesar de que la Consellería no estaba personada en la causa ni estaba siendo enjuiciada ni acusada de nada, el grueso de la sentencia se dedica a condenar las actuaciones y ahora nos toca desmentir unas acusaciones de las cuales no pudimos defendernos enlos juzgados".

La misma Oltra (que ya ha respondido a cuestiones sobre este tema en varias ocasiones) alertaba en sede parlamentaria sobre el uso partidista de los hechos: "La misma semana hemos conocido dos sentencias. Una del Tribunal Supremo que ante un caso de haber prostituido a dos niñas del centro de Monteolivete, tuvo una petición fiscal de 35 años de prisión, pero esta no ha despertado ningún interés informativo".

Un educador social (en otro centro) que prefiere no dar su nombre, alerta del mal que la intensa exposición mediática del caso puede hacer en el sistema de tutela de menores. "Ya hay muchos centros que ya no dejan a los niños a solas en una habitación cerrada con un educador, ¿cómo se supone que te tiene que explicar algo confidencial entonces? O que no te dejan dar abrazos. Esto es aislamiento sensorial y es una forma de violencia institucional, pero no parece que importe demasiado a nadie", explica. Sobre la actuación de la consellería en este caso considera que es "la habitual". "La Institución tiende a proteger sus trabajadores, pero no en estos casos, sino en cualquier tipo de funcionariado o similares".