Pacto de Toledo El Congreso vota el acuerdo del Pacto de Toledo que permitirá la subida de las pensiones con el IPC

El Pleno de la Cámara Baja debate y vota este jueves el informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, aprobado el pasado 27 de octubre, así como los votos particulares presentados al mismo, para sentar las bases de la futura reforma de las pensiones que acabará con el cambio que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 y que permitirá, entre otras cuestiones, la revalorización de las pensiones en base al IPC.

La Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo validó por una amplia mayoría las 22 recomendaciones que servirán de guía para el futuro acuerdo entre el Gobierno, patronal y sindicatos de cara a un nuevo modelo de pensiones. Estas recomendaciones salieron adelante con los votos del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria. ERC y Bildu se abstuvieron, mientras que Vox fue el único grupo que votó en contra.

Los grupos acuerdan, entre otras medidas, la mejora de las pensiones gracias a la revalorización acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC), una de las principales reivindicaciones de los sindicatos. Esta recomendación dará carpetazo a uno de los puntos más polémicos de la reforma realizada por el Ejecutivo de Rajoy, cuando fijó un índice de revalorización de las pensiones con una subida mínima del 0,25% del subsidio. 

También, el informe recoge la posibilidad de elegir los "años más favorables en el cálculo de la pensión para no perjudicar carreras laborales con periodos de desempleo y de precariedad, dado que progresivamente se está ampliando de 15 a 25 años el periodo de cotización utilizado para determinar la pensión".

El informe del Pacto de Toledo recomienda fomentar la permanencia de los trabajadores en activo incentivando la prolongación de la vida laboral hasta la edad de jubilación (67 años). Eso sí, también pide un estudio detallado de los casos de jubilación forzosa anticipada para aplicar "excepciones" ante las posibles penalizaciones si no se llega a un acuerdo para la edad de salida del mercado de trabajo.

La comisión da los primeros pasos para terminar con el déficit de la Seguridad Social. En este sentido, el órgano propone que las pensiones contributivas se financien a través de las cotizaciones de los trabajadores, mientras que las no contributivas se nutran de los impuestos.

Votos particulares

ERC y Bildu han introducido 13 votos particulares al texto aprobado. Entre sus peticiones, ambos grupos plantean "mecanismos presupuestarios anuales para el mantenimiento del poder adquisitivo". Defienden la jubilación a los 65 años, ya que prolongar la vida laboral hasta los 67 "es una situación que no tiene en cuenta la realidad personal y laboral de la población activa actual ni futura". También, piden "un equilibrio entre la lógica contributiva y el principio de solidaridad", esto es, enmarcar las bases y los periodos de cotización en un contexto en el que la precariedad y el paro asolan el sector del empleo.

Por su parte, PP y Cs registraron una petición para modificar el apartado 15 de las recomendaciones, que hace referencia a los planes de pensiones de empleo. En este sentido, la formación de Pablo Casado exige la eliminación de la crítica hacia la gestión de los planes privados, en la que se pedía "más transparencia", e insta a apoyar estos mecanismos en lugar de "eliminar" o "reducir" sus deducciones fiscales. El partido de Inés Arrimadas propone "más ambición" para reforzar el ahorro voluntario de los trabajadores para que "estos dispongan de ingresos adicionales que puedan complementar su pensión". Asimismo, reclama "más medidas" para favorecer la jubilación activa, que consiste en la posibilidad de cobrar la pensión de jubilación mientras se sigue trabajando y contribuyendo al sistema.

Con el voto favorable de la Cámara Baja a este informe, los grupos dan un nuevo paso para culminar con la contrarreforma al modelo de pensiones del Gobierno del PP, un cambio que comenzó a fraguarse en 2016, en la XII Legislatura, y que se ha dinamitado por las diferentes convocatorias electorales que se han sucedido en los últimos años.