El president del Govern, Pere Aragonès, ha aprovechado el discurso con el que ha abierto el debate de política general del Parlament para anunciar que propondrá un acuerdo de claridad al Gobierno para fijar las normas de un nuevo referéndum de autodeterminación catalán. La idea se inspira en el modelo canadiense y no es ni de lejos la primera vez que sobrevuela la política catalana como vía para resolver el conflicto político con el Estado. ERC la defendió en el 2019, a través del entonces president del Parlament, Roger Torrent, pero antes la había hecho suya En Comú Podem en los años 2017 y 2018. Con todo, el primero en apelar a ella fue el ahora Ministro de Cultura, Miquel Iceta, que la planteó en el 2016, cuando era el líder del PSC.

El origen de esta vía para resolver el conflicto hay que buscarlo en Canadá hace más de dos décadas atrás. Sin embargo, de entrada, hay que aclarar que la normativa, aprobada en el 2000 por el gobierno federal canadiense, no fue fruto de un acuerdo con el independentismo de Quebec, sino que fue un gesto unilateral, que respondía a gestos unilaterales hechos previamente en la provincia francófona.

Vayamos por partes. Bajo el gobierno del Partido Quebequés (PQ), Quebec celebró dos referéndums, en 1980 y 1995, para definir su relación con Canadá. En ambos casos, los convocó de forma unilateral, sin negociación ni acuerdo con el gobierno federal, que básicamente se limitó a tolerarlos y a recalcar que los resultados no serían vinculantes. En la segunda ocasión, el 'no' a la independencia se impuso por un estrecho margen: el 1,1% de los votos, menos de 55.000 sufragios.

Por último, la reacción del gobierno federal canadiense fue acudir a los tribunales y en 1998 la Corte Suprema del país dictaminó que Quebec no tenía el derecho a independizarse unilateralmente, pero al mismo tiempo establecía que si una mayoría clara de los quebequenses votaba por la secesión, el gobierno federal debería negociar la independencia de buena fe. La resolución fue celebrada por ambas partes y es el origen de la Ley de claridad que el gobierno canadiense aprobó en 2000.

A grandes rasgos, la normativa establece que la Cámara de los Comunes de Canadá -el equivalente al Congreso- tiene la potestad de decidir si la pregunta de un hipotético referéndum es suficientemente clara y, además, puede determinar si en la votación ha habido una clara mayoría favorable a la independencia, lo que puede interpretarse como el establecimiento de algún tipo de mayoría reforzada que vaya más allá de la mitad más uno de los votos. Si se dan estos dos supuestos, se iniciarían las negociaciones para la secesión de la provincia, lo que implicaría también aprobar una enmienda a la Constitución de Canadá.

Sin apoyo de los independentistas

La normativa carecía del apoyo de los independentistas quebequenses, con los que no se había negociado. Y, de hecho, sólo dos días después, el gobierno de Quebec, en manos del PQ, respondió aprobando la Ley de autodeterminación, que en la práctica establece que para sacar tirar un referéndum sobre la independencia la provincia francófona no necesita la autorización del parlamento canadiense.

Sea como fuere, desde 1995 no se ha celebrado ningún otro referéndum en Quebec, aunque teóricamente a diferencia de lo que ocurría entonces ahora sí existe un marco legal canadiense que lo haría posible. Hoy el apoyo a la independencia es claramente menor que dos décadas atrás, probablemente también provocado por las mejoras en el autogobierno que ha habido en este tiempo.

Los precedentes en Catalunya

La referencia a la Ley de claridad canadiense para resolver el conflicto político catalán apareció por primera vez en el verano del 2016 y lo hizo el PSC a través de quien entonces era su primer secretario, Miquel Iceta. En ese momento, antes de su congreso orgánico, los socialistas catalanes defendían una reforma constitucional, que entre otras cuestiones blindara el autogobierno catalán, como vía de solución al conflicto.

Sin embargo, si esta vía fracasaba, la alternativa sería proponer "otros instrumentos democráticos", como "una ley de claridad como la canadiense, que establecieran las condiciones para, si fuera necesario, verificar el apoyo ciudadano a una eventual secesión". La propuesta debía incluirse en la ponencia política del congreso del PSC, pero generó un fuerte rechazo al PSOE y, finalmente, los socialistas catalanes optaron por retirarla del documento. Desde entonces, los socialistas no han vuelto a defender un acuerdo de claridad y, de hecho, este mismo martes tanto Salvador Illa -en su intervención en el mismo debate de política general del Parlament-, como la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cerraron la puerta a la propuesta de Aragonès.

En 2017 y 2018 fueron los Comuns quienes defendieron esta vía. En su programa electoral para las elecciones al Parlament de 21 de diciembre de 2017 la formación apelaba a una Ley de claridad. Días antes de los comicios, su líder del momento, Xavier Domènech, abogaba por que se alcanzara primero un amplio acuerdo en Catalunya sobre cuál sería la pregunta del referéndum, qué resultado sería suficiente y cómo se implementaría y, posteriormente, debería abordar la cuestión en las Cortes españolas, intentando conseguir las mayorías suficientes para modificar una Ley Orgánica y, por tanto, hacer posible aprobar también la Ley de claridad.

En el debate de política general del Parlament del año siguiente fue Jéssica Albiach, que había sucedido a Xavier Domènech al frente de En Comú Podem, quien apeló a ello. En concreto, instó al President de la Generalitat del momento, Quim Torra, a abandonar "plazos y calendarios imposibles" que generan "frustración" y a trabajar en un "pacto de claridad, como en Canadá" para definir, primero en Catalunya, cómo debe ser un referéndum de independencia.

Finalmente, en 2019 fue quien era president del Parlament y dirigente de ERC -y actual conseller de Treball-, Roger Torrent, quien propuso al Gobierno un pacto que fije "con claridad" las condiciones para celebrar un referéndum que sirva para solucionar el conflicto político catalán. Las declaraciones de Torrent, realizadas en una conferencia en el Foro Europa, se inspiraban en la Ley de Claridad canadiense.