El órgano que fiscaliza al Gobierno andaluz insta a gastar más para mejorar la atención a víctimas de violencia machista

El informe elaborado por la Cámara de Cuentas de Andalucía hecho público esta semana, que analiza las políticas contra la violencia machista y la protección de las víctimas, desarrolladas por la Junta en los últimos años de Gobierno del PSOE y el primer año del Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos, insta al Ejecutivo de Juanma Moreno y al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a mejorar la eficacia de la atención, a invertir más en ayudas a las víctimas y, también, a ejecutar lo presupuestado: por ejemplo, la dirección general de violencia de género solo ejecutó el 29,34% del disponible en 2018, último año del PSOE, y el 68,12% en 2019, primer año de Ciudadanos y PP.

Hasta 23 recomendaciones, según recogen en el resumen del informe, hace el organismo encargado de fiscalizar las cuentas y el gasto de la Junta de Andalucía.

Entre las deficiencias encontradas, la Cámara destaca, con crudeza, que, en los pisos tutelados en los que se acoge a víctimas, la empresa a la que el IAM adjudica el servicio público "exige el pago de los gastos de luz y agua" a pesar de que los pliegos especifican que es la concesionaria quien debe asumir ese gasto. Esto solo se ha producido en los pisos tutelados –en los centros de emergencia y casas de acogida, paga la empresa–.

El trabajo de la Cámara recoge que, "con posterioridad a esta fiscalización, el IAM ha modificado el régimen jurídico de prestación del servicio en noviembre de 2020". Pero lo ha corregido legalizando la irregularidad. Según la Cámara, "estableciendo que corresponde a la persona contratista la satisfacción de las necesidades básicas de alojamiento, alimentación y aseo e higiene personal, excepto para las personas usuarias que se encuentren acogidas en pisos tutelados, las cuales asumirán su coste".

En 2018 existían 473 plazas distribuidas en centros de emergencias (154 plazas), casas de acogida (240 plazas) y pisos tutelados para las víctimas (79 plazas). "En referencia –dice el informe de la Cámara– a la eficacia, según las plazas existentes y las estancias medias por recurso, en el año 2018 el índice de ocupación real de centros de emergencia fue del 96,85%, 87,43% en casas de acogida y 88,33% en pisos tutelados. Los centros de emergencia presentan una situación de saturación de víctimas. El porcentaje de capacidad infrautilizada es del 12,57% en casas de acogida y 11,67% en pisos tutelados. En el año 2019 el índice de ocupación real fue del 92,45% en centros de emergencia, 94,34% en casas de acogida y 80,78% en pisos tutelados. El porcentaje de capacidad infrautilizada es del 7,55% en centros de emergencia, 5,66% en casas de acogida y 19,22% en pisos tutelados".

Más plazas

Así, la Cámara recomienda al IAM "reducir el 35,06% de reserva de plazas en centros de emergencia del Servicio integral de atención y acogida para poder acoger a un mayor número de víctimas de violencia de género". Añade la Cámara: "Se recomienda al Instituto Andaluz de la Mujer que se garantice la ocupación de la totalidad de los pisos tutelados existentes, para reducir el 11,67% de capacidad infrautilizada, con la finalidad de incrementar la eficacia y eficiencia de este recurso".

La Cámara recomienda a la Junta que cuente "con un cupo de viviendas de promoción pública, que podrían ser cedidas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de su parque de viviendas, de tal forma que las mujeres víctimas de violencia de género cuando terminen su estancia en el Servicio integral de atención y acogida del IAM puedan acceder a una vivienda digna, en un barrio normalizado y seguimiento de los Servicios Sociales".

"La recuperación –agrega la Cámara– tras sufrir la violencia de género resulta especialmente compleja y se requiere por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda el desarrollo de un programa dotado de los recursos económicos suficientes de alquiler social de viviendas para mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía. Asimismo, se recomienda que la Consejería lleve un registro para conocer el número de ayudas al alquiler de viviendas concedidas a las víctimas de violencia de género".

La auditoría de la Cámara insta también al Gobierno a poner más pisos tutelados de "forma urgente", sobre todo en Málaga, donde no existen. "La Consejería de Fomento y Vivienda y AVRA los proporcionen en todas las capitales de provincia y en barrios normalizados".

Más recursos

Además de la gestión de los recursos de alojamiento, la Cámara ha detectado también cierto desinterés del Gobierno andaluz, en una legislatura marcada por los pactos con Vox, adalid del negacionismo, por completar los marcos legales. Así, el Ejecutivo no aprobó de manera definitiva el plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género al que obliga la ley. Sí se está ya trabajando en él: "Recientemente –dice el trabajo– se ha aprobado el Acuerdo con fecha de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la formulación de dicho plan de vigencia 2021-2025".

No solo se trata de gestionar mejor los recursos, sino que la Cámara insta también, en general, a aumentar "los recursos económicos para las entidades públicas que desarrollan las políticas en materia de violencia de género para garantizar la adecuada financiación de las mismas, la consolidación de los servicios y la mejora de su calidad en Andalucía".

Y, en particular, al IAM a "incrementar los fondos de financiación autonómica destinados a ayudas económicas a víctimas de violencia de género de las dos líneas, la dirigida a víctimas de violencia de género en general y a las víctimas con especial dificultad para encontrar un empleo, las que se otorgan a las víctimas directamente, con la finalidad de que les permita alcanzar autonomía económica y su recuperación integral".

La Cámara insta también a una mejor coordinación con la Fiscalía "para coordinar la ejecución del Estatuto de la Víctima del delito" y a desarrolla "un protocolo de actuación conjunta a nivel regional". Y a "reforzar el personal y los recursos materiales de los centros de Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía en los períodos con un mayor requerimiento de asistencias a víctimas de violencia de género, que permitan atender el repunte de víctimas en condiciones de igualdad".