MADRID.- Los grupos de la oposición han logrado este martes en el Congreso de los Diputados la quinta victoria consecutiva sobre la minoría parlamentaria que apoya al Gobierno conservador que preside Mariano Rajoy. El pleno de la Cámara baja ha admitido a trámite dos proposiciones de ley, una del PNV y otra del grupo socialista, que pretenden modificar sendas leyes promulgadas durante la anterior legislatura con mayoría absoluta del PP.

La primera de estas iniciativas, la referida al Tribunal Constitucional, ha sido aprobada por el pleno con el respaldo de 176 votos, mientras que otros 165 se han pronunciado en contra, sin ninguna abstención. La segunda, relativa a la reforma del Estatuto de los Trabajadores para equiparar las condiciones de los empleados subcontratados, ha sido apoyada por 176 votos y en contra ha recibido 133, mientras que otros 32 votos se han pronunciado por la abstención.

En la que tiene una mayor trascendencia política, la nueva proposición de ley persigue eliminar la reforma del Tribunal Constitucional (TC) que introdujo el Gobierno de Rajoy y el PP días antes de disolver la legislatura que dio paso a las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Esa reforma, ejecutada de forma urgente, permite al alto tribunal inhabilitar e incluso suspender a cargos públicos que, a juicio del TC, no apliquen sus resoluciones, al margen de la justicia ordinaria.

Esta reforma iba dirigida a presionar y perseguir a los protagonistas del proceso soberanista iniciado en Catalunya a partir de 2012 por impulso de instituciones como la propia Generalitat y el Parlament. En otoño de 2015 el grupo popular aprobó en solitario, gracias a la mayoría absoluta que disfrutaba en las dos cámaras parlamentarias, esa reforma “exprés” que generó una repulsa política generalizada.

La nueva distribución de fuerzas en el hemiciclo ha permitido la tramitación de la iniciativa planteada por el PNV que tan solo ha tenido la oposición del PP y de Ciudadanos. Con todo, el grupo socialista no ha respaldado uno de los puntos de la iniciativa, por lo que no ha logrado pasar, en el que se pedía la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad ante las reformas de los estatutos de autonomía. Una iniciativa similar de los diputados del PDECat, presentada de forma diferente, tampoco ha sido votada por los socialistas.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera (d) conversa con el número dos de la formación, José Manuel Villegas, durante el pleno del Congreso en Madrid. EFE/Javier Lopez

Durante el debate todos los portavoces de la oposición han criticado la reforma que hizo en su día el Gobierno de Rajoy y el PP por entender que se trataba de una utilización partidista del alto tribunal en contra de quienes mostraban una discrepancia política. Este argumento, junto a la marginación de la jurisdicción ordinaria, ha sido reiterado por los portavoces de la izquierda y nacionalistas.

“Estamos ante un caso de libro de instrumentalización de un órgano jurisdiccional para los intereses políticos del Gobierno, a través de una mutación constitucional”, ha asegurado Mikel Legarda, portavoz del PNV, durante su intervención. Para el portavoz socialista, Gregorio Cámara, la reforma del PP “supone una distorsión de nuestro sistema constitucional”. Por su parte, Íñigo Errejón, en nombre de Podemos, ha considerado “una irregularidad grave para el sistema democrático que debemos corregir”.

Lurdes Ciuró, portavoz en este debate de PDECat, ha hecho una encendida defensa del proceso soberanista abierto en Catalunya “consecuencia de la determinación de un pueblo que quiere pertenecer a la Unión Europea con un Estado propio”. Tras criticar la negativa de la bancada socialista a respaldar la proposición de su formación, Ciuró ha lanzado el reto al Gobierno de Rajoy: “Al final, este proceso solo se resolverá con referéndum o referéndum”.

El número dos de Podemos, Íñigo Errejón, conversa con el portavoz suplente de Ciudadanos en el hemiciclo, Miguel Ángel Gutiérrez, durante el pleno del Congreso. EFE/Javier Lopez

Frente a esas posiciones el portavoz del grupo popular, Carlos Rojas, ha defendido que la reforma que realizó el PP “daba al TC instrumentos necesarios para, con medidas cautelares y no punitivas, garantizar el cumplimiento de sus resoluciones”. “El TC es un verdadero órgano jurisdiccional, por lo que puede obligar al cumplimiento de sus resoluciones porque si no se podría defender la Constitución”, ha insistido.

La cámara también ha abierto la puerta a la tramitación de una proposición de ley del grupo socialista que persigue equiparar la protección laboral de los empleados de las empresas subcontratadas con los de quienes trabajan en las empresas que usan sus servicios. La proposición persigue la reforma del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores que, de esta forma, elimina “las consecuencias perniciosas para los trabajadores subcontratados que introdujo la reforma laboral, sobre todo en los aspectos de precariedad e inseguridad”, según ha explicado Tamara Raya, portavoz socialista.

El grupo parlamentario de Podemos ha dado un apoyo crítico a esta iniciativa al considerar, según ha explicado su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, que “lo que el PSOE debe hacer es plantear una reforma total de la reforma laboral del PP, no ir pellizco a pellizco. Esta iniciativa ha contado con el respaldo del propio grupo popular por entender que durante su tramitación “se podrán alcanzar acuerdos”, ha recordado su portavoz pese a mostrar su posición contraria “porque no aporta nada a la creación de empleo”.