Las Cloacas de Interior 'Operativo Plaza': Villarejo, ya jubilado, usó bases policiales para consumar la trampa contra el socio de los Muñoz Támara

La pieza Pintor sigue su curso en la Audiencia Nacional después de que la Policía presentara su último informe sobre cómo la presentadora Ana Rosa Quintana recomendó a su marido, el empresario Juan Muñoz Támara, que contratase los servicios del jubilado comisario José Manuel Villarejo para que se cerraran dos procedimientos abiertos . Uno de ellos, el caso Marchelo, es un caso urbanístico en Granada  por el que los Muñoz llevan imputados 11 años, que discurría en paralelo al concurso y posterior  quiebra de 70 millones en la promotora del polígono Marchalendin cuya tramitación urbanistica fue  objeto del caso Marchelo. El juez Manuel García Castellón ha citado a declarar a ambos el próximo 18 de mayo para interrogarles sobre los últimos informes aportados por la Policía.

Como desvelamos en Público en exclusiva, los audios de las comidas mantenidas entre Villarejo y Juan y Fernando Muñoz Támara dejan claro que los hermanos eran plenamente conscientes de que lo que contrataban era una extorsión a su ex socio Mateo Martín Navarro, co acusado junto a los Muñoz en el procedimiento fiscal de Sevilla y también en otra causa de falsificación de pagarés en el pasado según comentan en la comida que en febrero de 2017 tienen con Villarejo, y al abogado de este, Francisco Javier de Urquía, que fue juez de la Operación Hidalgo en 2006 y que tuvo que retirarse de la causa por hacer favores a imputados y tras haber sido grabado junto a dos mujeres consumiendo estupefacientes. 

A finales de abril, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía entregó al juzgado un informe con otras dos comidas que aportaban nuevas pruebas de este conocimiento del plan de actuación, que fue bautizado como Operativo Plaza por los agentes y que implica presuntamente los delitos de extorsión y de revelación de secretos. Este informe llega al juez tras la detención de otro policía en activo y de varios detectives que participaron en la segunda parte del plan de Villarejo.

La primera comida se celebró el 26 de enero de 2017 entre Ana Rosa Quintana y su marido, y Villarejo y su esposa, también imputada, Gemma Alcalá. El segundo almuerzo tuvo lugar el verano de ese mismo año, poco antes de que el comisario fuera detenido, y en el participaron Villarejo, la presentadora y su tertuliano, Eduardo Inda, como informó este medio hace una semana. El informe de Villarejo para los Muñoz Támara, al que bautizó Thew, se realizó entre esos dos encuentros. 

De Al Kassar a los Muñoz Támara

Villarejo deja claro en esa comida de enero de 2017 que el empresario tiene el problema resuelto con su exsocio Mateo Martín Navarro, al que apodan 'el pintor' no por la profesión del mismo, sino probablemente porque el caso Marchelo se instruye en la calle Pintor Juan Ruiz de Granada, señalan algunas fuentes a Público. De hecho, especifica delante de la presentadora y de su mujer que "el abogado de este que era antes juez [Francisco Javier de Urquía], le tengo yo pillado por los huevos (...) porque este era cocainómano y tengo una filmación de él y tal, en fin, tengo todo", según la transcripción policial.

El vídeo al que hace referencia el comisario data del año 2006, cuando el ahora abogado Urquía reventó la Operación Hidalgo, en la que se desmanteló el despacho Cruz Conde, donde se creaban redes de blanqueo de capitales para traficantes de armas que oficios policiales vincularon al libanés Abboudi Kamel Abder Rahman El Assir (excuñado de Adnan Khashoggi y expadrastro del fallecido Dodi Al-Fayed) y para el narcobanquero José María Clemente Marcet, cliente y posible socio del comisario Villarejo. La Opinión de Málaga tituló una suculenta crónica sobre este caso como Los hidalgos, señores de Marbella, ya que en ella se encuentran los presuntos cabecillas del blanqueo de capitales y el narcotráfico internacional que habían aparecido en otras operaciones como Malaya o Ballena Blanca. 

El primero por la izquierda es el catalán José María Clemente Marcet, condenado por narcotráfico y buscado por estafa; el cuarto, el comisario José Manuel Villarejo; le siguen los príncipes saudíes, Naef y Nawaf Bin Fawaz Al Chaalan; y a su lado, el asesor fiscal vinculado a los papeles de Panamá, Joaquín Arespacochaga.

En concreto, ese vídeo que Villarejo ofertó a Juan Muñoz Támara fue encargado en 2006 por el traficante de armas Monzer Al Kassar para extorsionar al exjuez De Urquía, tal y como se desprende de algunas de las grabaciones encontradas al comisario, que recogen conversaciones de hace casi 15 años entre Villarejo y Manuel Cerdán, tertuliano de Ana Rosa Quintana y ahora empleado de Eduardo Inda, como la Policía hace constar en otro de sus informes. 

Sin embargo, después de que Juan y Fernando Muñoz Támara visionaran el vídeo, el abogado de éstos, Ricardo Álvarez Ossorio, Villarejo y su socio, Rafael Redondo, deciden que la mercancía es demasiado antigua y que habría que hacer una nueva investigación y un nuevo vídeo. 

[Ricardo Álvarez Ossorio es conocido como "el abogado del diablo" por defender mayoritariamente a narcotraficantes. En esta causa es defendido por el letrado Gonzalo Boye. Ambos abogados ejercen como defensores en la causa Ballena Blanca contra la mafia rusa].

Entre los meses de enero y mayo de 2017, cuando se lleva a cabo el 'proyecto Pintor' (Thew para Villarejo, Operativo Plaza para el policía y los detectives contratados por el comisario), la Audiencia Provincial de Granada tramitaba un segundo y último recurso por parte de los Muñoz Támara para lograr el archivo por prescripción del caso Marchelo, el problema gordo que sí tenían y que se instruía en el juzgado nº 2 de Santa Fe de Granada, en la calle Pintor Juan Ruiz.

El caso Marchelo, que también se abre en 2006 (año del encargo del vídeo de De Urquía), es un procedimiento penal en el que los Muñoz Támara llevan imputados 11 años por ciertas actuaciones urbanísticas que el primer magistrado del caso, Miguel Ángel Torres (más conocido como instructor de la Operación Malaya), describió en sus autos como de "ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa" o de "carácter incontrovertible y grosero".

Al caso se añadía un procedimiento mercantil, el concurso de 70 millones de euros de deuda y posterior quiebra de la promotora que levantaba el polígono Marchalhendín, uno de los desarrollos investigados en el caso Marchelo. En este polígono los Muñoz Támara participaban con doble sombrero: de un lado, como accionistas de referencia de la promotora que se había financiado con préstamos bancarios y adelantos de compradores de parcelas y, de otro, como los constructores principales (Tarje SL). Al momento del concurso (los préstamos acabaron en la Sareb), Tarje había cobrado prácticamente todo. El concurso se levantó con un convenio de acreedores sin quitas, que al poco no se cumple y se declara la quiebra. Varios de los particulares y empresas que perdieron las señalizaciones se agruparon para tratar de recuperar su dinero-

Policías y detectives trabajando para el falso CNI de Villarejo

Así, en marzo de 2017, el comisario activa su red de conocidos policías que hacen trabajos extras, y que además tienen relación con agencias de detectives. Es el caso de Juan Manuel González Escobar, policía de baja por enfermedad en ese momento, quien le encarga la investigación a la empresa de su pareja, Anónimo Detectives.  Nuria Morales, su socia, el policía González Escobar y otros imputados en la causa montan una operación para seguir y hacer una nueva grabación a Mateo Martín Navarro y al exjuez De Urquía, que organizan a través del chat llamado Operativo Plaza. 

Extracto del informe de la Policía en el que se detalla el 'Operativo Plaza', contra el ex juez De Urquía y un socio del marido de Ana Rosa Quintana.

En su declaración policial tras su detención, las detectives Elisa Gabán y Nuria Morales han afirmado que creían estar haciendo un trabajo para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo evidentemente falso según las pruebas. Del encargo, del que se han encontrado los pagos a la agencia, estaban al tanto todos, desde el abogado de los Muñoz Támara y sus clientes, hasta Inda y Ana Rosa Quintana, según el comentario que Villarejo le hace a la presentadora en la comida de verano de 2017, recogido en uno de los informes entregados por la Policía. 

El plato fuerte de la extorsión fue la colocación de una cámara espía en el baño del pub Living Room, al que asistía habitualmente el juez De Urquía, según las imágenes de la investigación tomadas por el policía y los detectives contratados. 

Imagen del nuevo vídeo que Villarejo y el marido de Ana Rosa Quintana intentaban grabarle al ex juez De Urquía.

Pero no era De Urquía el único objetivo. Al 'pintor', Mateo Martín Navarro, lo primero que le hicieron fue abrirle una investigación para la que se emplearon bases de datos a las que sólo tienen acceso Cuerpos de Seguridad del Estado.   

'El pintor' tiene residencia en dos de las urbanizaciones más lujosas de Cádiz y Marbella, Sotogrande y Puente Romano. En Sotogrande tambien tienen casa Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz Támara; el abogado Álvarez Ossorio; el ex consejero delegado de OHL, Javier López Madrid; o el líder de la red Gürtel, Francisco Correa. Todos ellos, salvo la presentadora, están investigados o relacionados con algunas de las piezas de la causa Tándem por haber sido clientes de los comisarios Villarejo, Enrique García Castaño o Carlos Salamanca, entre otros.  

En ese informe Operativo Plaza, al que ha tenido acceso Público, se deja escrito el acceso a bases policiales para un asunto estrictamente privado y cuando el comisario ya estaba jubilado. Estas son: la base SIDENPOL (Sistema de Denuncias Policiales), que recoge una de 2005 por "amenazas telefónicas a inmobiliaria" [sic], año en el que empiezan los problemas de los Muñoz Támara a raíz de un delito de fraude fiscal y del reconocimiento de la falsedad de las facturas por parte de su socio, 'el pintor'; la base de Control de Entradas y Salidas del Territorio Nacional, en la que consta un viaje de entrada en 2016 procedente de Nueva York; la de Control de Hospederías, con datos de 2011 a 2016; la de antecedentes; y la información sobre sus vehículos y teléfonos.  

El informe que hacen sobre el ex socio de los Muñoz Támara, Mateo Martín Navarro, evidencia el acceso a bases de datos policiales aunque era un trabajo privado, de un comisario jubilado.

El juez ha citado también a declarar al socio de Villarejo, Rafael Redondo, que estuvo presente en las negociaciones; al policía Escobar y a Elisa Gabán, socia de la agencia de detectives contratada.